ANDAR en el debate

(Agencia)El tratamiento del proyecto de ley de creación de la Agencia Federal de Inteligencia ha despertado a lo ancho y a lo largo del país debates e interrogantes técnicos, políticos y sociales. La restructuración de los servicios de inteligencia federales implica una tarea compleja en la que muchas de las incógnitas serán develadas en la propia implementación de la Ley.

Todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de una reforma de los servicios de inteligencia, y la principal preocupación radica en que la nueva estructura se mantenga alejada de intereses sectoriales de espionaje y persecución política. Sin embargo, las diferentes voces que se han posicionado en el debate público mantienen discrepancias entre sí y también con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo.
Alberto Binder, especialista en seguridad y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reflexiona sobre puntos centrales del proyecto que aún se encuentra en el ámbito parlamentario.

¿Qué piensa sobre el proyecto de creación de la AFI?
Lo primero que hay que decir es que los servicios de inteligencia necesitan una reingeniería profunda y esto es algo que algunos -no muchos- veníamos denunciando hace mucho tiempo. En mi caso particular venía denunciando claramente dos aspectos de los muchos que había que denunciar del funcionamiento de la SIDE. Uno eran los vínculos espurios entre los servicios de inteligencia y la justicia federal, de tal manera que había niveles de cooptación y de subordinación de las causas a un juego oscuro. Por otra parte, la ineficacia de los controles democráticos y de los controles parlamentarios de los servicios de inteligencia.
Frente a esto, la decisión del poder político de hacer una intervención más fuerte sobre los servicios de inteligencia y realizar una serie de reformas a la ley de inteligencia me parece un paso necesario, que apoyamos.
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que contiene el proyecto?
Cuando uno empieza a estudiar el proyecto particular hay luces y sombras. Como luces está que el nombramiento del director y el subdirector de la AFI tienen una mayor visibilidad. Esto ojalá ayude a que no exista una especie de doble comando, como sucedía hasta ahora, donde el secretario de inteligencia es más que nada un mascarón de proa y quienes manejan el servicio de inteligencia son gente totalmente ignota. Esperamos que haya una dirección clara; el hecho de que se lo nombre con acuerdo del Senado me parece que le va a dar una entidad distinta, una presencia institucional más clara, y eso es un avance.
También es un avance el hecho de poner limitaciones a las tareas de inteligencia interna que se pueden realizar. Hay algunas limitaciones como la unificación de base de datos, la aplicación de la Ley de Protección de los Datos Personales, la reafirmación de las prohibiciones de inteligencia interna vinculadas a cuestiones políticas. Me parece que son avances que a veces resultan novedosos pero que reafirman algo que ya estaba en la ley de inteligencia de 2001 y que son muy importantes.
Quitarle el manejo técnico de las escuchas telefónicas al ámbito de inteligencia me parece también un avance. Pasárselas en bloque a la Procuración General me parece un error. Hay distintos tipos de interceptación de comunicaciones, algunas vinculadas a inteligencia, inclusive inteligencia militar, cosas que sí tienen que ver con causas de investigaciones criminales federales y otras que tienen que ver con investigaciones provinciales que no tienen nada que ver con lo federal, aunque estén conectadas. Todo este mundo de la interceptación de las comunicaciones no puede ser pasado en bloque a la Procuración sino que tienen que tener distinciones de cuales sí y cuáles no. Veremos si en los próximos meses la reglamentación y la reorganización mejoran esto.
¿Cuáles son las escuchas que no deberían pasar a Procuración?
Las escuchas de inteligencia que no están vinculadas a casos criminales sino que están vinculados a lo preventivo. Por ejemplo, si vos tenés escuchas por las cuales se sabe que pueden existir movimientos extraños que tengan que ver con, hipotéticamente, un atentado terrorista; esto moviliza fuerzas policiales, puede movilizar inclusive operaciones de contrainteligencia que no tiene nada que ver el Ministerio Público con esto, ni debe tener que ver con esto. Las escuchas de inteligencia también están sometidas a autorización judicial pero con un régimen distinto. Me parece que esto es mezclar los tantos de una institución y de otra. Hay correcciones que realizar en el marco de la ley.
Otra cosa que no está clara en la ley –y que fue posiblemente la raíz de mucho de los males del servicio de inteligencia- es el principio de desvinculación del servicio de inteligencia del mundo policial y el mundo judicial. Hay que cortar de cuajo, sí o sí, estos vínculos entre la justicia y las investigaciones criminales. Debería existir una decisión más clara al respecto. Esto está muy vinculado con lo que estalló con la denuncia y con el caso Nisman. Los servicios de inteligencia trabajan con conjeturas e hipótesis; esto es correcto cuando se debe desplegar una acción de seguridad preventiva: tenés que tener conjeturas y esas conjeturas -aunque no tengan mucha prueba- por razones de precaución pueden llevarte a realizar acciones de seguridad, pero son conjeturas nada más. Distinto es cuando vos trabajas en el ámbito de la investigación criminal, donde ya no te podés mover con conjeturas porque lo que estás buscando son pruebas, que las tenés que llevar a un juicio, que tienen que ser criticadas por la defensa y que un juez te las tiene que admitir. Entonces son dos formas del manejo de la información, ambas válidas, pero totalmente distintas. Una de las cuestiones más criticables del manejo de la causa AMIA es que empezaron a confundir lo que son conjeturas con hipótesis de trabajo para la prueba. Entonces esto te lleva a un mundo que termina siendo un mundo de hipótesis en las cuales es más fácil luego irse a las operaciones, a la fantasía o a cualquier otro tipo de cosa. Entonces la ley debería presentar un principio de separación tajante entre lo judicial, las investigaciones criminales y el trabajo de inteligencia.
Lo mismo ocurre con el mundo policial. La Secretaría de Inteligencia se había convertido en una policía con innumerable cantidad de agentes de campo, cuando en realidad vos necesitás analistas, gente que efectivamente cuente esa información, pero luego los trabajos operativos tenés que hacerlos alrededor del sistema policial. El mundo de la inteligencia policial al servicio de acciones policiales transparentes, salvo muy pocos casos de agentes encubiertos que deben ser autorizados por la ley específicamente en investigaciones más complejas que hay que tener una separación muy tajante. Y la ley en esto vuelve a generar una zona gris, y esa zona gris en la práctica política de los últimos casi 20 años demostró que nuestra dirigencia política se tienta fácilmente en un uso impropio.
Cuando hablamos de 20 años, hablamos de distintos gobiernos de distintos partidos que han cometido o han caído exactamente en la misma tentación. Yo haría una ley que en ese sentido fuera más tajante en cuanto a la división.
¿Cuál es su opinión en cuanto a las modificaciones últimas que se realizaron?
Se aclararon algunos aspectos técnicos porque había alguna superposición entre definiciones de inteligencia criminal y de inteligencia nacional, pero no fueron reformas significativas. No hubo voluntad de modificar la ley ni siquiera sobre aspectos que eran meramente técnicos. Más bien se trabajó con una premura impropia, porque uno puede sacar una ley inclusive con tiempos políticos más cortos pero eso no significa que en 24 horas haya que analizar una ley de esta magnitud. Y eso que las distintas organizaciones que estamos atrás de este tema nos preocupamos inmediatamente de estudiar, hacer aportes pero no hubo una voluntad de hacer retoques ni siquiera técnicos importantes. Esto no justifica -y a mí me parece que es un error garrafal de los distintos partidos de la oposición- no participar de los debates, aunque sea para gritar lo que se está haciendo mal. El parlamento es el lugar para estas discusiones. Es decir, si la mayoría impone una lógica irracional, por lo menos que quede claro cuáles son las propuestas distintas que se quieren hacer. Ahora, que la oposición vaya a la comisión bicameral y en una reunión secreta haga propuestas de cambio y en una reunión pública no lo haga, me parece una práctica institucional muy objetable respecto de los partidos de la oposición.
Sobre los plazos para el secreto…
Son plazos muy largos, son cosas que con un poquitito más de tiempo y sin ningún tipo de demora hubiéramos discutido un poco más. La ley avanza en establecer distintos niveles de confidencialidad, hay algo que en este país tenemos que aclarar: que algo sea confidencial y hasta estrictamente confidencial no significa que sea trucho. Acá creemos que cuando hablamos de algo secreto y confidencial inmediatamente hay que hacerlo trucho, sin ningún tipo de control, y eso no es cierto. La confidencialidad implica un determinado condicionamiento de las instituciones fundado en necesidades de extremas de gravedad y que hacen que todos actúen bajo reglas de condicionalidad. Cuando algo es confidencial las instituciones tienen que actuar mucho más fuertemente.
¿Y en cuanto al control de los fondos?
¡Lo mismo! La ley de inteligencia actual dice que la comisión bicameral tiene la obligación de controlar los fondos reservados y la obligación de presentarle anualmente un informe de su trabajo a cada uno de los diputados. En los últimos años no lo ha hecho.
¿Cómo es posible una reestructuración de los servicios de inteligencia federal si se implementa con estructuras que no sufren modificaciones como la inteligencia de la policía federal o las fuerzas de seguridad?
Eso es lo que no sabemos totalmente. Va a depender del proceso de ejecución; es decir, la ley nos sirve para algo, tiene efectos, pero vamos a ver cómo se hace en los próximos 90 días después de sancionada la ley, el proceso de reestructuración. El proceso de achicamiento, de profesionalización y cómo se hace el traspaso del personal anterior a esta nueva estructura; ésa es la clave que era uno de los temas objetados también porque ahí la ley es bastante amplia y va a ser clave la participación de la comisión bicameral.
¿Están claros las funciones y los objetivos de la AFI?
Están bastante más claros que antes pero quedan algunas zonas grises.