Este jueves 29 de octubre se realizó la segunda jornada del juicio por un brutal e ilegal operativo policial realizado el 12 de marzo de 2021 en la casa quinta de Daniel Glasinovich, en Pergamino, cuando alrededor de 30 efectivos policiales -pertenecientes a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes policiales de Colón y Arrecifes- golpearon, esposaron y redujeron en el piso al dueño del inmueble, a su hijo, al nieto y a un amigo de la familia, mientras buscaban en un galpón a un hombre que se había fugado de una comisaría de Moreno. Ese mismo día los policías reconocieron el “error” sobre la identificación de la quinta, pero antes plantaron testigos y realizaron distintas maniobras para eludir la responsabilidad penal. La Comision Provincial por la Memoria (CPM) participa como particular damnificado institucional (PDI) en el juicio, que se lleva a cabo en el Juzgado Correccional 1 de Pergamino a cargo de Carlos Ariel Picco.

ANDAR en Pergamino

(Agencia) Según la versión policial dada a la fiscalía 5 a cargo de Francisco Furnari desde el inicio mismo de la causa, el operativo policial tuvo como punto de partida una supuesta comunicación verbal –no formal ni por orden de autoridad judicial competente- para la colaboración en la búsqueda de un hombre que se habría fugado de una comisaría de la ciudad de Moreno y ocultado en un galpón de una quinta en el ingreso a Pergamino.

Sin datos precisos ni orden judicial, la policía resolvió que esa quinta era la de la familia Glasinovich y allí irrumpió violentamente con el objeto de allanar un galpón: en el proceso, golpearon, esposaron y redujeron en el piso a Daniel Glasinovich –tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a las pocas horas por un estrangulamiento en una hernia de la zona abdominal, además de resultar con dos fracturas de costillas y moretones en el rostro-, a su hijo Axel, su nieto Daniel y a una amigo de la familia, Lucas Acevedo.

Cuando los responsables del operativo decidieron detener la agresión, el comisario inspector Marcelo Fabián Garrido, jefe de turno de la DDI, hizo retirar al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y al resto de los efectivos y se dirigió al dueño de la vivienda: “Daniel, nos conocemos desde hace décadas y sos un amigo. Fue un error”.

Eso fue todo lo que reconoció la fuerza policial, y en cambio en términos judiciales todos los implicados se abroquelaron tras la versión de que la mujer de Daniel, Berta, los habría recibido con la orden judicial y autorizado a ingresar a la quinta para llevar a cabo el allanamiento, y que los golpes y la colocación de las esposas se justificaba por la resistencia de las víctimas a que se lleve a cabo el operativo en el lugar.

No obstante, en el juicio que se está llevando a cabo desde ayer a instancias del Juzgado Correccional 1 de Pergamino a cargo del juez Carlos Ariel Picco y con la participación del mismo fiscal que instruyó la causa, esa versión policial quedó resquebrajada a raíz de un careo entre Berta, la esposa de Daniel Glasinovich, y Marcelo Fabián Garrido, el entonces jefe de turno de la DDI que dio la orden de ingresar al domicilio.

Para la CPM, que participa del juicio como particular damnificado institucional, también fueron fundamentales los testimonios de las víctimas, que relataron en este juicio con precisión y de forma coincidente las golpizas y las arbitrariedades a las que fueron sometidos aquél 12 de marzo de 2021. Asimismo, constan las imágenes de video extraídos de cámaras de seguridad de casas aledañas, en las que se distinguen la cantidad de efectivos y móviles policiales y que resultaron fundamentales para la individualización de los autores materiales.

En la jornada de juicio de este jueves, tras la finalización de la producción de prueba se desarrollaron los alegatos de cierre, y la CPM solicitó que se condene a Garrido por el delito de allanamiento ilegal a la pena de 2 años e inhabilitación especial; y a 6 años de prisión más el doble de tiempo de inhabilitación a otros cuatro imputados –Rubén Darío Alvarado, Guido Daniel Raimondi, Jonathan Javier Benítez y Emanuel Maximiliano González- por el delito de vejaciones agravadas por haberse cometido con violencia y/o amenazas, y lesiones leves calificadas en calidad de coautores.

El organismo también requirió que se remita a un juzgado de instrucción las actuaciones de este juicio para que se investigue la comisión de otros delitos por parte de los efectivos mencionados.

El debate oral pasó a un cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre próximo, cuando se dará a conocer el veredicto.