La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de La Plata en virtud de la posible comisión de delitos de acción pública cometidos por operadores y autoridades del Hogar San Patricio. El establecimiento ubicado City Bell, partido de La Plata, se dedica al alojamiento y atención de personas con discapacidad. Según varios trabajadores que solicitaron resguardo de identidad, las golpizas, la sujeción mecánica, la sobremedicación, los castigos, la ausencia de actividades recreativas y terapéuticas y los baños con agua fría, entre otras prácticas denigrantes e ilegales, se utilizan frecuentemente contra los/as niños/as como forma de organizar las rutinas diarias. En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM afirmó que desde 2021 tramitan denuncias similares en la justicia.

ANDAR en La Plata

(Agencia) Según la denuncia formulada por la CPM, estos hechos deben investigarse exhaustivamente, ya que podrían no tratarse “de hechos aislados, sino de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas allí alojados, que tienen su expresión más gravosa en la violencia física y psicológica”.

El organismo enmarca los hechos como “actos graves cometidos contra niños y niñas en situación de vulnerabilidad alojados allí por disposición estatal en un establecimiento con convenio estatal”.

La presentación ante la Fiscalía General de La Plata surgió a partir del testimonio de personas que trabajaron en el Hogar San Patricio entre febrero y comienzos de septiembre de este año, y que decidieron dejar sus puestos tras presenciar graves hechos de golpizas, gritos, amenazas de castigo físico, sobremedicación, casos de sujeción mecánica como represalias por no cumplir órdenes y ausencia de todo tipo de actividades terapéuticas o recreativas.

Los operadores denunciados que deben investigarse a fin de corroborar los hechos descriptos son: Jorge Martorini, Claudia Soto, Noelia Gallardo, Rocío Virula y Soledad Marchioni. También se solicitó a la fiscalía que se investigue eventualmente a otras personas que pudieran estar involucradas en las prácticas denunciadas. Con respecto al llamado a prestar declaración testimonial para las mujeres denunciantes, la CPM requirió que se realice bajo reserva de identidad por temor a represalias.

Una de las denunciantes estuvo asignada al sector de mujeres donde había alrededor de 40 niñas alojadas y solo se asignaban, por turno, entre tres y cuatro personas para su cuidado y atención. Desde el primer día presenció situaciones de violencia física y sus compañeras le dijeron que debía “aprender a contener”. Denunció que las niñas pasaban casi todo el tiempo en el sector de comedor, sin ningún juguete y que “me sorprendía la cantidad de medicación que tomaban”. Ante las situaciones de crisis subjetivas, la respuesta es la contención física que se realiza en sectores de la institución donde no registran las cámaras de seguridad. En una oportunidad se acercó a una de las habitaciones porque escuchaba gritos y ruidos; allí encontró a una de las cuidadoras agitada y a una nena con la boca sangrando. Cuando alguno de los niños o niñas se hacía pis o caca encima, los llevaban al baño y los lavaban con agua fría.

Otra ex trabajadora denunciante señaló a la CPM: “A mí me descartaron. No hay compasión, no se preocupan por los nenes. Cuando hay una pelea entre ellos, yo trato de consolarlos (…) Hay una cuidadora gorda que se sentó encima de un nene de 11 años”.

Dijo, que en ocasiones, cuando bañaba a alguno de los niños veía moretones en piernas, brazos, debajo de las axilas, entrepiernas y glúteos, y destacó que ha visto “golpes en zonas que era muy difícil que se hubieran golpeado entre niños, digamos, como golpes muy escondidos”.

Entre las medidas de prueba, la CPM requirió los registros de las cámaras de seguridad, los registros de libro de guardia del sector de mujeres y del sector de enfermería entre los meses de febrero y septiembre de este año y que se requiera al Hospital de Niños de La Plata información relativa a intervenciones solicitadas por el Hogar San Patricio y las historias clínicas de las niñas y niños que hubieran sido atendidos. Asimismo, que se le requiera al Hogar información sobre las personas que trabajaban en la institución en el periodo mencionado.

Por otro lado, solicitó la realización de pericias a cargo de un trabajador social, psicólogo y medico a fin de generar una evaluación integral de todas las niñas y niños internados en la institución y constatar eventualmente lesiones físicas. Por último, pidió que se le prohíba a las personas denunciadas el acercamiento físico o el contacto por medios telemáticos con las niñas y niños.

Los antecedentes de San Patricio

Desde abril de 2021, la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea la situación del Hogar San Patricio a partir de denuncias realizadas por familiares y personas vinculadas con la institución. Desde entonces el organismo  efectuó inspecciones, entrevistó a niñas, niños y jóvenes allí alojados, revisó registros institucionales, presentó requerimientos administrativos e impulsó acciones individuales y colectivas. También promovió una mesa de trabajo con organismos provinciales y nacionales de niñez, salud mental y derechos humanos.

Desde las primeras acciones de monitoreo se registró una marcada insuficiencia de personal y la ausencia de abordajes individualizados: ya en 2021 para una población cercana a 80 personas, el hogar contaba con sólo cuatro profesionales de psicología y no disponía de terapista ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, psicopedagogía o estimulación temprana. Tampoco existía una estrategia sostenida de inclusión comunitaria.

En el marco de las violencias relatadas por las niñas y niños, en 2022 se produjo la muerte de Ezequiel Romano tras sufrir una broncoaspiración mientras desayunaba. La investigación quedó radicada en la UFIJ 15 de La Plata. Al año siguiente una adolescente intentó suicidarse y no quería regresar al Hogar por los malos tratos sufridos allí.

Ante la persistencia de las vulneraciones y el agotamiento de las instancias administrativas, en 2024 la CPM promovió una acción de amparo colectivo contra el Hogar San Patricio ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 y una denuncia penal que tramita en la Fiscalía 17 de La Plata.

La última presentación judicial fue en junio de este año por la situación de un niño que estaba alojado en el Hogar y, cuando fue a un turno programado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, quedó internado por el estado de sobremedicación y deterioro generalizado que encontraron los profesionales de la salud. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de psicofármacos no recetados en su esquema. La denuncia penal quedó radicada en la Fiscalía 6 de La Plata.

La CPM reiteró la necesidad de que la justicia intervenga para revertir estás vulneraciones de derechos humanos. También que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Salud controlen efectivamente el funcionamiento de estos lugares.