Como fue de público conocimiento, el traslado no sólo fue intempestivo sino que derivó en violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad que fueron trasladadas a la cárcel de Marcos Paz. Además de haberlas privado de sus pertenencias, al llegar pasaron hambre y frío, no tuvieron asistencia médica y cuando protestaron fueron reprimidas. La preocupación también incluyó los materiales archivados durante los 40 años de existencia del Centro Universitario de Devoto. “El Servicio Penitenciario Federal ha tomado todas las medidas de resguardo de los bienes, equipos e insumos del Programa UBA XXII y la Dirección de Educación, Cultura y Deporte se encuentra a cargo de las gestiones inherentes a su entrega o traslado”, le escribió el director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, inspector general Gabriel Aquino, al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. Esta mudanza aún no se ha concretado.

ANDAR en CABA

(Agencia / CPM) “Está lejos de ser un lugar digno, ni siquiera tienen una mesa las celdas, es una infraestructura al estilo Bukele, y los pabellones comunes son para 60 personas, son los mismos inmundos que había en Devoto pero de lata, no hay intimidad, no hay posibilidad de descansar, no tienen espacio para poner sus pertenencias”, dijo la abogada Claudia Cesaroni respecto de lo que el gobierno porteño muestra como un logro. “Se estaba conversando que quienes cumplían tareas en el CUD pudieran tener continuidad en el CUE, que es el Centro Universitario de Ezeiza, pero cuando los empezaron a trasladar los llevaron a Marcos Paz, y ahí no estaba garantizado, por eso se presentaron recursos de habeas corpus, una por parte de la Procuración Penitenciaria (PPN), y reclamos de los abogados”, expresó a ANDAR. “Recién ayer (por el jueves 15) tuvimos conocimiento de una nota enviada al rector de la UBA diciéndole que los iban a llevar al CUE, que es lo que debieron hacer en un primer momento, se comieron un traslado a Marcos Paz gratuito, no pudieron llevar sus cosas, el CUD no pudo ser vaciado correctamente, hay muchísimo material, apuntes, trabajos prácticos, que también deben ser preservados”.

El habeas corpus que presentó la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) fue rechazado y en la apelación la Cámara ordenó medidas que, según dicho organismo, no se estaban cumpliendo. El reclamo fundamental es que el SPF permita el acceso de la PPN y los organismos de derechos humanos, algo que desde el primer día del traslado vienen negando.

Preservar la memoria y el CUD

Las abogadas Natalia D’Alessando y Claudia Cesaroni, de la querella por la Masacre del Pabellón Séptimo, le pidieron al juez federal Daniel Rafecas medidas urgentes para preservar la cárcel de Devoto, señalizada en 2012 como sitios de memoria. Este magistrado emitió en 2018 una medida cautelar para la preservación de ese pabellón histórico, pero ahora las letradas buscan precisiones concretas respecto de cómo se va a preservar ese espacio de memoria. Por esa razón el lunes 19 se reunieron con la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. La Masacre del pabellón séptimo ocurrió el 14 de marzo de 1978 en la Unidad 2 de la cárcel de Devoto, y fueron asesinadas unas 70 personas que permanecían privadas de su libertad.

Hay dos proyectos iniciados el 13 de octubre. El primero lleva las firmas de María Bielli, Andrea Mariana González, Federico Mochi, Graciana Peñafort y Alejandro Salvatierra, mientras que el segundo también cuenta con la adhesión de Victoria Freire. Las iniciativas buscan que la Legislatura exprese institucionalmente su preocupación por las consecuencias del operativo y reclame garantías para las personas detenidas, sus familias y la comunidad educativa del CUD.

Mientras tanto, el miércoles 14 el director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, inspector general Gabriel Esteban Aquino, le envió una nota al rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor Ricardo Gelpi, en respuesta a la solicitud de precisiones sobre el cierre del Complejo Penitenciario Federal de CABA en el que funciona el Centro Universitario Devoto. “Al respecto, es importante resaltar que la Universidad de Buenos Aires es una de las 16 universidades con las cuales nuestro Servicio Penitenciario Federal celebró convenios que se encuentran vigentes para el dictado de clases de nivel universitario en todos los establecimientos penitenciarios federales a lo largo de todo el país”, fue parte de la respuesta del funcionario. A continuación, llegó la contestación tan esperada: “Desde este organismo, como usted resalta, venimos trabajando desde principios del año 2026 con la Secretaría Académica y la Dirección del Programa U.B.A. XXII, con el fin de asegurar la continuidad pedagógica y las trayectorias educativas de todos los internos universitarios del Complejo C.A.B.A. en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, frente al inminente cierre del primer establecimiento antes citado”. “El Servicio Penitenciario Federal ha tomado todas las medidas de resguardo de los bienes, equipos e insumos del Programa UBA XXII y la Dirección de Educación, Cultura y Deporte se encuentra a cargo de las gestiones inherentes a su entrega o traslado”, escribió Aquino en su carta al rector Gelpi. Esta mudanza aún no se ha concretado.

Luego de explicar las diversas gestiones realizadas entre el SPF y la UBA, finalmente Aquino expresó que “las personas privadas de la libertad que cursaban estudios universitarios en el complejo desafectado serán trasladados al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a fin de continuar sus trayectorias educativas universitarias a partir del día 1 de noviembre de 2026”.