A varios días del traslado intempestivo, sin cumplir con los protocolos vigentes ni dar aviso a las autoridades judiciales, de las personas detenidas en la cárcel de Devoto en CABA hacia el nuevo complejo federal en Marcos Paz, el Poder Ejecutivo Nacional impide el ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura para controlar las condiciones de detención y entrevistarse con las personas, en el marco de las facultades que le otorga la legislación vigente. En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria difundió una declaración reclamando que se permita el ingreso de los organismos de control y resaltando la labor que cumplen.

ANDAR en las cárceles

(Agencia / CPM) Un aspecto central para evaluar la calidad y fortaleza de un estado democrático es, sin lugar a dudas, la autonomía y rigurosidad de sus organismos de control.

El respeto y aceptación de sus evaluaciones, recomendaciones y acciones, muchas veces críticas del accionar del Poder Ejecutivo, fortalecen el principio republicano de gobierno, columna vertebral de nuestro sistema institucional, construido a partir de la división de poderes y la responsabilidad de los funcionarios por sus actos.

Frente a las decisiones y actos arbitrarios de la administración, los organismos de control, tienen la obligación legal y ética de intervenir para revertirlas.

Los gobiernos pueden disentir y discutir sobre las miradas y acciones de estos organismos, pero no deben atacarlos o presionarlos y menos impedir el cumplimiento de sus mandatos legales.

Ante el traslado intempestivo, y sin aviso a las autoridades judiciales, de personas detenidas desde la cárcel de Devoto en CABA hacia el nuevo Complejo Federal VIII de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires), la Procuración Penitenciaria de la Nación, en cumplimiento del mandato legal establecido por su ley de creación N° 25.875, inició una serie de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar sus derechos.

Esto motivó el ataque de la senadora Patricia Bullrich hacia el organismo y su responsable, Ariel Cejas Meliare, hacia quien dirigió además un pedido de informes.

Los traslados se produjeron sin cumplir con los Protocolos vigentes que disponen informar a las autoridades judiciales y defensores de las personas detenidas con 72 horas de anticipación. Se trasladaron a cientos de detenidos sin que sus jueces, defensores o familiares supieran donde estaban alojados.

Esto implicó alojar a las personas lejos de sus hogares, provocando una clara afectación del vínculo familiar. Esto agrava sus condiciones de vida, toda vez que las visitas son indispensables no solo para garantizar este derecho y el sostenimiento afectivo de estas personas sino también para la provisión de alimentos o medicamentos, elementos de higiene y limpieza que son deficientes, escasos o nulos en el ámbito penitenciario.

Por otro lado los detenidos que acceden a la educación universitaria y eran parte del Centro Universitario Devoto -experiencia pionera en el continente- fueron los primeros en ser trasladados sin respetar la finalización del año lectivo, interrumpiéndose así su proceso pedagógico.

A esto se agrega que cuando la Procuración Penitenciaria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura intentaron ingresar al nuevo Complejo de Marcos Paz a controlar las condiciones de detención, las autoridades penitenciarias lo impidieron, violando la normativa legal vigente que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley Nacional N° 26.827) que habilita a los organismos a ingresar de manera irrestricta, y sin avisar previamente a los lugares de encierro, a los fines de su contralor.

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) que goza de jerarquía constitucional, es decir es parte de nuestra Carta Magna, establece la obligación de garantizar la independencia funcional de los mecanismos de prevención, su acceso efectivo a los lugares de detención, a entrevistar de manera confidencial a las personas detenidas y acceder a toda información vinculada con ellas.

Ambos organismos debieron concurrir a la justicia para lograr dicho acceso, el que aun no se produjo por cuestiones procesales o de trámite, pese a contar con una resolución favorable. Es decir, varios días después de los traslados, aun no pudieron entrevistar a las personas afectadas. Un impedimento muy grave de sus funciones de control.

En nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura e integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, requerimos al gobierno nacional que se garantice el inmediato ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (órgano rector del Sistema Nacional) al nuevo Complejo Federal de Marcos Paz, a fin de recorrer todas sus instalaciones y entrevistar de manera confidencial a las personas detenidas, cumpliendo así con sus mandatos legales.

Comisión Provincial por la Memoria

Integrantes: Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, Ana Barletta, Víctor de Gennaro, Roberto Cipriano García, Elsa Pavón, María Sonderéguer, Víctor Mendibil, Ana Soffiantini, Ernesto Alonso, Guillermo Torremare, Gonzalo Conte, Miguel “Pancho” Velo, Peter Rochon, Alcira Daroqui y Celia “Lili” Galeano. Directora general: Sandra Raggio.