En el marco de las tareas de monitoreo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria detectó que en las oficinas de esta dependencia de la Policía Bonaerense, que no cuenta con calabozos ni lugares de detención, se alojaba a una persona con discapacidad, parapléjica y en silla de ruedas, esposada en un pasillo. A pesar de no estar habilitada ni estar inscripta en el registro para alojar detenidos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para estos fines, estas prácticas se sostenían desde hace aproximadamente un año. El Juzgado en lo Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de la jueza Ana Belén Piccone, hizo lugar al habeas corpus presentado por el organismo y dispuso prohibir el alojamiento de personas en el lugar.

ANDAR en La Plata

(Agencia) Tras la presentación de un habeas corpus de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la jueza Ana Belén Piccone, a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 3 de La Plata, corroboró que en la delegación La Plata de la Superintendencia de Drogas Ilícitas el espacio destinado al alojamiento de los detenidos era un lugar de paso: “No es una oficina, ni un calabozo, ni un lugar para alojar a personas; es un lugar de paso, reitero, que comunica el pasillo de ingreso con el sector donde se encuentra la puerta de entrada al ascensor, en el cual la persona debe estar todo el tiempo esposada dado que no hay puertas. No hay baños ni espacio de aseo”, describió la magistrada.

La persona que tenían en ese lugar además es parapléjica y utiliza una silla de ruedas, por lo que Piccone entendió que su permanencia “en las condiciones descriptas deviene en un trato degradante y un claro agravamiento de las condiciones de detención”.

En el trámite del habeas corpus la jueza solicitó varios informes de los que se desprendió que, incluso desde el sector de cupos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, esa dependencia no ha sido informada como un establecimiento que aloje detenidos. Sin embargo, consta en registros de la propia delegación que se han alojado allí personas desde noviembre de 2025, permaneciendo detenidas entre uno y cuatro días.

Más grave aún, después de que el juzgado ordenara que no se alojaran personas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la CPM constató el incumplimiento de esta medida al detectar la privación de la libertad de otra persona.

Frente a esto, el juzgado resolvió hacer lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por la CPM y dispuso de forma definitiva la prohibición de alojamiento de personas privadas de la libertad (sea en carácter de aprehendidas o detenidas) en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación La Plata, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Para ello, ordenó “el retiro de colchones, frazadas y cualquier elemento que sea utilizado para la permanencia y/o alojamiento de personas”.

Además, requirió con carácter de urgente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que indique con precisión los sitios “habilitados y seguros” donde las personas detenidas por esa Superintendencia puedan ser alojadas para evitar la producción de nuevos ingresos. Por último, ante la constatación del incumplimiento de la medida de prohibición de ingreso, remitió las actuaciones a la fiscalía general para que se inicie una investigación penal.

Pese a la merma de la cantidad de personas detenidas en comisarías bonaerenses, persisten en estos lugares condiciones inhumanas de detención, alojándose personas con discapacidad en lugares sin ningún tipo de accesibilidad o apoyos, mujeres embarazadas, menores de edad o personas enfermas, pese a las reiteradas órdenes judiciales que lo prohíben.