El Juzgado de Ejecución N° 2 de La Plata a cargo de Juan José Ruiz, ordenó mantener la prohibición de alojamiento en la Comisaría 3^a de Los Hornos, La Plata, y que se traslade a las mujeres detenidas a dependencias habilitadas y con condiciones dignas de alojamiento. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una acción de habeas corpus colectivo, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cuando relevó en una de las inspecciones que realiza regularmente en lugares de encierro, que había seis mujeres alojadas irregularmente, en condiciones inhumanas y sin acceso a derechos básicos.

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(Agencia) A partir de las tareas de monitoreo que realiza la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una inspección en la comisaría tercera de Los Hornos, La Plata, donde se relevaron seis mujeres alojadas en los calabozos, pese a que la dependencia cuenta con una clausura administrativa y judicial vigente para el alojamiento de personas.

Las condiciones de detención además eran tortuosas: hacinadas en celdas pequeñas y sucias, con insectos, materia fecal de roedores y olor a pis, sin ventanas y con la luz encendida 24 horas. Los baños estaban tapados y a punto de desbordarse, por lo que debían orinar en botellas y no contaban con agua caliente para higienizarse.

El Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata, a cargo de Juan José Ruiz, ordenó mantener la prohibición de ingreso de personas privadas de libertad a esa comisaría, y dispuso el traslado inmediato de las mujeres que a la fecha se encontraban allí alojadas hacia ámbitos habilitados y en condiciones dignas de detención.

Se ordenó también a los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que realicen tareas de mantenimiento y limpieza en celdas, reparación de sanitarios, desobstrucción de desagües cloacales, fumigación y desinfección de celdas e instalación de un termotanque para la provisión de agua caliente. Además, ordenó que se garantice la inmediata atención médica y psicológica de las detenidas frente a la situación de falta de acceso a la salud que padecían, hecho que refirieron en entrevistas con el equipo de monitoreo.

En su fallo subrayó que “resulta claro la aflicción de derechos humanos específicos -personas privadas de libertad-, condiciones dignas de vida y de acuerdo a parámetros de derechos humanos en alojamiento”, y consideró que “los lugares de alojamiento en donde los privados de la libertad deben llevar adelante su respectiva sanción punitiva, necesariamente deben reunir condiciones de infraestructura dignas y humanitarias para un efectivo y real cumplimiento del fin perseguido con aquella sanción, pues de lo contrario, ese fin se convierte en una mera ficción. Considero que el tratamiento institucional es sencillamente el trato que se les brinda en la institución a las personas privadas de la libertad”.

De acuerdo a los datos recabados y publicados por la CPM en su sitio Datos abiertos, en el año 2025 un 33% de las comisarías se encontraban clausuradas, ya sea a través de la justicia o administrativamente, y aun así alojaban el 12% de las personas detenidas en dependencias policiales. Para más información acerca de las comisarías bonaerenses, ver: https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/comisarias-datos/