(CALE) A fines de octubre más de 165 organizaciones sindicales y colectivos socioambientales, con el respaldo de más de 3.000 firmas de integrantes de comunidades educativas y de la población en general, presentaron un petitorio ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en La Plata. “La salud de las comunidades educativas no puede esperar. Exigimos respuestas concretas y medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud y a condiciones de trabajo y de enseñanza seguras”, difundieron tras la presentación.

Exigieron el reconocimiento de las enfermedades laborales vinculadas con la exposición a agrotóxicos en el desempeño de la tarea educativa; la implementación de programas permanentes de vigilancia sanitaria para docentes y auxiliares; el establecimiento de zonas de exclusión para las aplicaciones agrícolas de agrotóxicos; y la provisión inmediata de agua potable en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, certificada con la realización de estudios adecuados para la detección de los diferentes tóxicos químicos y arsénico, y no sólo bacteriológicos.