El juzgado de Familia N° 6 de La Plata adoptó las medidas urgentes solicitadas en un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, por la situación relevada durante una inspección a la Clínica Neuropsiquiátrica S A. La jueza María del Rosario Rocca prohibió el ingreso de nuevas personas al lugar, ubicado en la calle 6 entre 34 y 35 de La Plata, “hasta tanto se verifique de manera fehaciente el cese de las vulneraciones de derechos denunciadas”. Denuncian la falta de controles adecuados del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

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(Agencia/ CPM) A partir de un monitoreo integral en la Clínica Neuropsiquiátrica, la CPM relevó una serie de prácticas que se ejecutan cotidianamente y generan padecimiento en las personas internadas por lo que se constituyen como torturas y malos tratos. Por esto presentó un habeas corpus colectivo ante el juzgado de Familia N° 6 de la Plata cuya titular hizo lugar a la acción y tomó varias medidas en función de lo denunciado.

En primer lugar, el organismo detectó la intervención de personal policial en el interior de la clínica como forma de amenaza y amedrentamiento para suministrar medicación inyectable o para someter a la persona a sujeción mecánica, situación que la jueza prohibió expresamente en su fallo.

Según describe la denuncia de la CPM, el régimen de internación en la clínica viola los protocolos vigentes y las disposiciones de la ley de salud mental. En el monitoreo relevaron la utilización de medicación como castigo y la consecuente sobremedicación, falta de actividades significativas y con sentido para los usuarios, insuficiente cantidad de personal de cuidado, maltrato verbal, físico y falta de acompañamiento profesional. Para 72 personas alojadas hay cuatro enfermeros/as como máximo por turno además de ausencia de abordaje interdisciplinario, deficiente atención profesional y falta de acompañamiento frente a situaciones cotidianas y/o de crisis.

Las condiciones edilicias eran precarias: humedad, techos y paredes con desprendimientos, conexiones eléctricas riesgosas y personas alojadas en lugares no aptos, en condiciones de higiene irregulares o con falta de accesibilidad para usuarias de sillas de ruedas. Además los menores de edad estaban alojados junto con adultos, sin abordaje diferencial; en ese sentido, desde el Juzgado no sólo prohibieron el ingreso de nuevos usuarios sino que especificaron que para jóvenes menores de edad la prohibición estará vigente hasta tanto se garantice un abordaje diferencial y la separación del sector.

El fallo ordena también la reubicación de las personas alojadas en lugares inhabitables hasta tanto finalicen refacciones y de las personas con movilidad reducida o con silla de ruedas en las habitaciones que disponen de baños adaptados

La denuncia también relevó graves faltas administrativas: no se comunicaban a la justicia internaciones involuntarias ni fallecimientos. Por esto, la jueza ordenó que se remitiera información sobre estas cuestiones a los órganos judiciales correspondientes.

Este caso continúa visibilizando la necesidad de reforzar los controles estatales y los mecanismos de fiscalización por parte del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la ley de salud mental. Las clínicas neuropsiquiátricas continúan funcionando como manicomios privados donde se somete a las personas a torturas y malos tratos.