COMISARÍA 2ª DE ENSENADA Detienen a otros dos policías bonaerenses por torturas
El juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ordenó la detención de los agentes de la Policía bonaerense Oscar Castillo y Sergio Aguilar, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica de documento público. Con esta resolución, ya son 5 los funcionarios policiales detenidos por los hechos ocurridos en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en la comisaría 2ª de Ensenada. Ante reclamo de las personas detenidas por las condiciones de alojamiento, la policía desató una brutal represión que incluyó disparos a quemarropa con postas de goma, bombas de gas lacrimógeno, golpes con tonfas y palos, y vejaciones. De acuerdo al testimonio de las víctimas, las torturas se sucedieron durante más de 10 horas. La causa se inició a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
ANDAR en Ensenada
(Agencia Andar) En línea con el requerimiento de detención del Ministerio Público Fiscal, el juez Eduardo Silva Pelossi -titular del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata- ordenó la inmediata detención de los policías bonaerenses, integrantes del Comando de Patrullas de Ensenada, Oscar Castillo y Sergio Aguilar, imputados por las torturas a las personas que se encontraban detenidas en la Comisaría 2ª de Ensenada, ubicada en Punta Lara, durante la feroz represión desatada en la madrugada del 21 de octubre de 2024.
En su resolución el magistrado señaló que existen elementos suficientes para sostener que los imputados desplegaron un accionar doloso, consistente en la aplicación de severos padecimientos físicos y psíquicos sobre las víctimas con el objetivo de castigarlas cuando estaban en una situación de total indefensión.
Esa madrugada, entre 30 y 40 policías de distintas comisarías de la zona participaron de la brutal represión y de las torturas que se extendieron durante más de 10 horas. “Estaba en el charco de sangre, ahogándome con mi propia sangre, y por ahí levanto la cabeza para mirar al que me estaba pegando, ’por qué no nos matás, ya fue’, le digo, ‘si mirá todo lo que están haciendo’. Llegué a un punto de todo eso que prefería eso, le dije ‘agarrá el fierro, dame un tiro y fue’”, relata Hernán, una de las víctimas de torturas, en un testimonio para el informe anual de la CPM.
Tal como describió el fiscal Gonzalo Petit Bosnic en el requerimiento de detención, esa madrugada, ante una protesta de las personas detenidas por las condiciones de detención, los efectivos de la policía bonaerense ingresaron en la zona de calabozos disparando a quemarropa con postas de goma, detonando granadas de gas lacrimógeno y lanzando chorros de agua con alta presión. Todo esto en un contexto de completa oscuridad ya que previamente habían cortado la electricidad.
Una vez que las personas estaban reducidas y se encontraban totalmente indefensos, los sacaron del calabozo de a uno y los obligaron a pasar en medio de dos hileras de policías, práctica de tortura conocida como “puente chino”, para seguir castigándolos con patadas y golpes con puños y objetos contundentes.
Luego los desnudaron, les sujetaron las manos por las espalda con precintos y los colocaron boca abajo con la cara contra el piso, encimados unos con otros. Allí continuaron los golpes mientras los amenazaban de muerte. Llegaron incluso a abusarlos sexualmente, apoyar y frotar la tonfa en las partes íntimas, los amenazaron con accederlos sexualmente con ella y los obligaron a que se besaran entre sí sus partes íntimas.
En su resolución, el juez Silva Pelossi valoró los testimonios de las víctimas y las pericias médicas que certificaron no sólo las lesiones físicas sino también la grave afectación psicológica. “Todas y cada una de las certificaciones médicas verifican las agresiones sufridas y relatadas por las propias víctimas. Nótese que conforme quedara narrado todas las lesiones son de diferente gravedad, pero datan de similar tiempo de evolución, lo cual solventa su producción en el contexto de extrema violencia ejercida”. Y agrega: “las médicas legistas de la Asesoría Pericial plasman también la situación de angustia y recomiendan tratamiento psicológico, dato objetivo que permite acreditar también las secuelas psíquicas de los episodios sufridos”.
Asimismo, tanto la resolución del juez como el requerimiento del fiscal se destaca el informe elaborado por la CPM que, tras conocer los hechos, inspeccionó la comisaría, se entrevistó con las víctimas y presentó la denuncia penal que dio inicio a esta investigación. En ese momento, el organismo había presentado un extenso y detallado informe técnico con registro fotográfico de las múltiples lesiones que presentaban las víctimas.
Con la orden de detención contra los integrantes del Comando de Patrullas de Ensenada Oscar Castillo y Sergio Aguilar, ya son 5 los funcionarios policiales detenidos por estas graves violaciones a los derechos humanos. Idéntica medida alcanzó previamente a la titular de la Comisaría Adriana Cecilia Ponce, al segundo jefe de la dependencia Daniel Barrientos y al imaginaria de calabozo Leandro Altamiranda.
En todos los casos, al momento de dictar la prisión preventiva, el juez de garantías reconoció que, por sus funciones policiales, los imputados podrían influir sobre testigos o alterar pruebas, como hicieron con el fraguado de las actas de procedimiento de aquella madrugada.
En ese sentido, además de la imputación por torturas, los 5 funcionarios policiales detenidos enfrentan cargos por falsedad ideológica de documento público, por haber fraguado el acta policial, incluyendo aseveraciones falsas con las que pretendían culpar a las víctimas de los hechos y así justificar su accionar.
Cabe mencionar que en el requerimiento de detención el fiscal Gonzalo Petit Bosnic había solicitado la misma imputación y pedido de detención para Facundo Carrasco, integrante también del Comando de Patrullas de Ensenada. Carrasco había sido ubicado en el lugar por los testimonios de los policías ya imputados, sin embargo el juez Silva Pelossi consideró que no existían aún medidas de prueba suficientes para ordenar la detención del agente policial.
Como viene documentando y denunciando desde hace años, la CPM advirtió que los hechos investigados no constituyen un episodio aislado sino que se inscriben en una trama más amplia de violencia estatal y prácticas de tortura ejercidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires.
