A raíz de la denuncia penal de dos usuarios y la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia dispuso la clausura definitiva y el desalojo de la llamada Granja Alcer de atención a personas con consumos problemáticos, que funciona en el distrito de Marcos Paz bajo el estricto y violento control del director y propietario, Carlos Cerruti, única persona encargada de dictar el régimen de vida y la manera de proceder ante una crisis subjetiva. “Los adictos son tarados que no saben nada de la vida. Si les doy pastillas los pongo más tontos”, respondió al equipo de la CPM cuando, en mayo pasado, se llevó a cabo una inspección al lugar.

ANDAR en Marcos Paz

(Agencia) La Granja Alcer, que se presentaba como comunidad terapéutica de ingreso voluntario y abocada al acompañamiento de personas con consumos problemáticos, funcionaba sin ningún profesional del área de la salud mental, sin habilitación municipal ni provincial, y los usuarios no accedían a actividades educativas, laborales ni recreativas. Tampoco podían llamar a sus familiares y recibían visitas sólo los domingos.

Por otro lado, no existían estrategias de externación y las salidas al entorno familiar se permitían después de una determinada cantidad de tiempo de internación (9, 12 o 14 meses), dispuesta arbitrariamente y sin un criterio terapéutico. Su dueño, Carlos Cerruti, se presentaba como el único “operador” de la institución, gobernando la dinámica diaria mediante la violencia y las amenazas. Incluso, confesó a la CPM que poseía un arma en su habitación.

Todo este cuadro de extrema gravedad para las personas que se encontraban allí internadas fue expuesto en el habeas corpus colectivo presentado por la CPM ante el Juzgado en lo Correccional 2 de Mercedes a cargo del magistrado Santiago Marchio, además de una ampliación de la denuncia penal que tramitaba en la Fiscalía 5 de aquella ciudad iniciada por dos usuarios que padecieron las condiciones denigrantes de vida en la Granja Alcer.

El habeas corpus fue rechazado por Marchio al considerar que la responsabilidad era del Ministerio de Salud atento al poder de policía detentado para intervenir en cuestiones administrativas. Por su parte, la Fiscalía 5 remitió la denuncia a la Fiscalía 1 de investigaciones complejas, ante la cual se solicitaron entonces nuevas medidas de prueba y medidas urgentes.

El informe es contundente al concluir que se constató “la presencia de diversos factores que afectan negativamente el bienestar de los residentes. Se observaron situaciones de vulnerabilidad física y emocional, manifestadas en diferentes cuestionamientos y falta de abordaje integral. Una dinámica de trato vertical y autoritario, sumado a condiciones edilicias deficientes. La conjunción de estos factores y la sobre adaptación observada en varios de las personas alojadas configuran situaciones de posible riesgo”. Conclusiones en consonancia con lo denunciado por la CPM.

En este marco la CPM requirió: “Más allá de la intervención judicial en trámite, solicitamos su intervención urgente- en función del poder de policía detentando- implementando medidas urgentes con el objetivo de garantizar la integridad física de las personas allí alojadas y lograr la plena aplicación de la ley nacional y provincial de salud mental No 26.657 y 14580”.

Asimismo concluyó que “la complejidad de lo informado requiere un abordaje integral y coordinado entre los organismos estatales en sus diferentes niveles a los fines de hacer cesar las violaciones de derechos humanos relevadas y garantizar el acceso de las personas a abordajes integrales de salud que respeten sus derechos”.

Finalmente, a mediados de julio se produjo la clausura definitiva de la pretendida comunidad terapéutica, el desalojo del predio y el traslado al hospital municipal de Marcos Paz de uno de los usuarios allí internados -una persona de 30 años con discapacidad-. Por el momento la CPM continúa monitoreando el avance de la investigación penal, el cumplimiento cabal de la clausura de la Granja y las estrategias de derivación implementadas por la Región VII del Ministerio de Salud para garantizar la continuidad de cuidados de las personas que se encontraban alojadas.