La fiscal Betina Lacki ordenó la detención de ocho miembros del Comando de Prevención Comunitaria por la muerte de Juan Martín Yalet, el hombre que murió por un disparo en el interior de la patrulla. Los policías están imputados por los delitos de homicidio triplemente agravado en concurso real con falsificación de instrumento público. Ante la gravedad de la situación y la demanda de respuestas penales y políticas, la CPM reafirma públicamente su decisión de solicitar una audiencia con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli.

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(Agencia) Los primeros datos de la investigación parecen confirmar que se trató de otro caso de violencia policial; Juan Martín Yalet fue detenido, luego de una entradera, y habría recibido un disparo por parte de un agente policial mientras era trasladado en el patrullero. Este asesinato no es un caso aislado, se inscribe en la política criminal de las fuerzas de seguridad: el gatillo fácil es una práctica de represión que se perpetra contra los jóvenes, especialmente, los pobres.

El joven fue capturado y desarmado tras un robo en 2 y 66 en La Plata. Los testigos que presenciaron la detención aseguran que lo subieron esposado al móvil del Comando de Patrullas Comunitarias de la Comisaría 9ª. Unos minutos después, ingresó al Hospital San Martín con “una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida”. La primera versión policial decía que el detenido sacó una pistola 9 milímetros entre su ropa y se suicidó. El arma habría sido denunciada como robada la semana pasada por un agente que presta servicios en el Registro del Automotor de la Provincia.

Con las pruebas que ya constan en la investigación, la fiscal Lacki desestimó esta versión y decidió detener a los policías Cristian Caffa, Mónica Arias, Walter Fernando Rodríguez Muller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen Paris y Laura Gutiérrez, quienes están acusados de “homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público”. El pedido de detención fue convalidado por el juez de Garantías César Melazo.

El coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, mencionó que “hemos observado con preocupación y denunciado reiteradamente el aumento de las prácticas violentas e ilegales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Más policías y más armas en las calles sólo genera más violencia; esta política de seguridad ha fracasado”.

En el mismo sentido, en el comunicado de la CPM difundido tras conocer la muerte de Yalet, sostuvimos que “en 2014, con motivo de la declaración de emergencia en materia de seguridad en la provincia, expresamos nuestro repudio ante el anuncio oficial del aumento de “abatidos en enfrentamientos” como aspecto positivo de la política de seguridad. Decíamos y decimos que ninguna gestión puede expresar como un éxito la producción de muertes, sea en el contexto que sea. En este marco, aumentó el índice de letalidad (aumentaron los resultados mortales en intervenciones policiales) y, según estudios realizados, pudimos dar cuenta de la evidente desproporcionalidad entre el uso de la fuerza policial y la de los supuestos “delincuentes abatidos. El caso de Juan Martín Yalet es parte de este contexto en el que se propician políticas que asumen la muerte, las torturas y la corrupción policial, como parte de la gestión cotidiana de los conflictos sociales y los mercados ilegales”.

La muerte de Juan Martín Yalet y el también reciente caso de Rafael Cobo, el chico baleado por un agente de la Policía Local en la madrugada del sábado, muestran el accionar criminal e ilegítimo de las fuerzas de seguridad que se ampara en la demagogia punitiva convalidada por los poderes políticos. Ante este agravamiento de la vulneración de los derechos humanos, la CPM sostiene su pedido de una audiencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para exigir la transformación de las agencia penales del Estado, atendiendo la necesidad de erradicar las prácticas policiales ilegales del funcionamiento estructural de las policías y construir una política de seguridad que respete las garantías y derechos humanos expresados en la Constitución nacional.