La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto al Ministerio Público Fiscal y otros organismos de derechos humanos, participó de la audiencia en Casación Penal contra el otorgamiento de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. La CPM volvió a exigir que se revoque el beneficio otorgado por el TOF 6 que viola principios y garantías constitucionales, contradice la histórica lucha por memoria, verdad y justicia del pueblo argentino y constituye, fundamentalmente, un acto de re victimización de las víctimas del terrorismo de Estado. Los magistrados de la Cámara tienen cinco días para decidir.

ANDAR en la justicia

(CPM)  La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la audiencia en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco del recurso presentado por las querellas y el Ministerio Publico Fiscal contra la prisión domiciliaria otorgada por el TOF 6 en el juicio Puente 12. La Cámara Federal de Casación -a cargo de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos- deberá decidir en los próximos cinco días si anula o revoca el fallo del TOF. La audiencia contó con la presencia de familiares y víctimas querellantes; también estuvo Yamila Zavala Rodríguez, hija de detenidos-desaparecidos y miembro de la CPM.

En el marco de las presentaciones ante la Cámara, se pusieron de manifiesto irregularidades respecto de los informes médicos producidos por el Servicio Penitenciario Federal, la falta de control del arresto por parte del TOF 6, y la violación de compromisos internacionales y pactos de derechos humanos que tienen rango con constitucional.

Los querellantes, que reclaman la revocación de la domiciliaria, también señalaron que el sostenimiento de este beneficio para el genocida es una afrenta a la lucha de memoria, verdad y justicia de todo el pueblo argentino. En esa línea, la CPM también remarcó que todos estos aspectos fueron denunciados su presentación como amicus curiae ante el TOF 1 de La Plata. El organismo había señalado ya en ese momento que la decisión de otorgar la domiciliaria era profundamente injusta, ilegal e inconstitucional, que constituía un acto de re victimización para quienes padecieron los delitos de lesa humanidad y que, a su vez, afectaba derecho de los vecinos que se han mostrado públicamente contrarios a vivir en el mismo barrio que Etchecolatz.