A raíz de la muerte de Diego, el chico de 17 años que murió quemado en una celda de aislamiento del Instituto Agote, hablamos con Ariel Cejas, director general de protección de derechos humanos de la Procuración Penitenciaria Nacional.

ANDAR en las cárceles

(Agencia)

¿Por qué esta muerte se podría haber evitado?

Esta muerte se podría haber evitado si permitieran ingresar a los organismos de control a los institutos de menores. La Procuración Penitenciaria hace más de 5 años que está intentando ingresar a los institutos de menores, pese a que hay dos leyes que la habilitan para ello: la ley de la Procuración Penitenciaria 25.875, y la ley del mecanismo nacional donde habilita, entre otros, a la Procuración Penitenciaria a ingresar a los institutos de menores. En la ley 26.827, sin embargo, hay una pertinente denegatoria de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que encabeza el Dr. Gabriel Lerner, y tenemos dos fallos favorables, tanto de primera instancia como de la Cámara del Crimen a favor de la Procuración. Sin embargo, vuelven a apelar y vamos a Casación –en Casación el fallo estuvo dividido; la verdad es que el fallo, el primer voto de la Dra. Figueroa, es impecable: son 63 fojas fundamentando por qué el organismo de control, como en este caso la Procuración, debe ingresar a los institutos a inspeccionarlos. Pero después hay dos fallos negativos polémicos. Riggi (Eduardo) y Catucci (Liliana) dicen que no es la vía el hábeas corpus y, lo que es más grave, dicen que no están acreditadas las arbitrariedades en las condiciones de detención.

¿Cuáles son los argumentos por los cuales no se puede monitorear?

No hay argumentos, es totalmente infundado lo que hicieron estos dos jueces. En un párrafo dicen que la misma SENNAF es la que se autoaudita: que tanto los defensores como el juez como la SENNAF son los que garantizan la integridad de estos chicos. Esto es una barbaridad total. Estamos en un recurso ante la Corte que lo vamos a presentar el martes y también tengo entendido que la fiscalía de Casación, el Dr. De Luca, también presentó un recurso ante la Corte. No sólo eso: tenemos tres amicus que han presentado el CELS, Amnesty y Fundación Sur a favor de este planteo y sin embargo todavía no podemos ingresar a los institutos.

[pullquote]la PPN ya cuenta con 3 amicus y un recurso ante la Corte para inspeccionar los institutos[/pullquote]

Resumamos: tres fiscales dicen que sí, tres defensorías de cada una de las jurisdicciones dicen que sí, tres organismos de la asociación civil, la Procuración Penitenciaria, y dos jueces con dos fallos favorables tanto en la Cámara del Crimen como en la primera instancia, y una jueza de Casación. Todos ellos argumentando que se debe cumplir con la ley. Tenemos a la SENNAF a Catucci y a Riggi diciendo que no. Impidiendo que, a 30 años de democracia, esos establecimientos cerrados puedan ser inspeccionados.

de todas formas ustedes ¿cuentan con denuncias que les llegan por los familiares?

Más que denuncias tenemos conocimiento por el trabajo de campo que hacemos con los jóvenes adultos que están alojados en los penales. Ellos son los que nos dicen qué es lo que pasa adentro de los institutos. Ellos son los que nos dicen cómo se componen estos institutos y cómo se encuentran ediliciamente. Nosotros teníamos conocimiento de que el Agote tenía celdas de aislamiento por los dichos de los jóvenes adultos. Sabíamos que había cuatro celdas de aislamiento en el subsuelo, y que eran eventualmente utilizadas. Esto es lo que pasó con Diego. Y lo que es mucho peor todavía que aislar a una persona que obviamente no se puede aislar (un menor no se puede aislar dentro del encierro, lo dice la convención por los derechos del niño, lo dice la misma SENNAF): hasta el grado de cinismo que llega esta Secretaría que seguramente va a decir que no estaba aislado, que estaba alojado ahí por alguna cuestión pero que de ninguna manera era una sanción ni aislamiento.

[pullquote]se tienen que hacer cargo las autoridades, se tienen que hacer cargo de estos jóvenes[/pullquote] Encima no tenían a absolutamente a nadie monitoreando ese aislamiento ilegal que hicieron. Por eso se quemo el 80% del cuerpo ese pibe y por eso termina muriendo. Ante la desesperación por salir o querer protestar porque nadie le daba ningún tipo de atención, este pibe prende un colchón. Si hubiese habido alguien ahí, habría entrado en la celda y se terminó. Anda a saber cuánto tiempo estuvo con el colchón ahí quemándose. De esto se tiene que hacer cargo la SENNAF, se tienen que hacer cargo las autoridades, se tienen que hacer cargo de estos jóvenes. Y eso es lo que vamos a plantear nosotros. Nos vamos a constituir como parte querellante en la causa de Diego, vamos a ir con un recurso ante la Corte por el ingreso al instituto y luego vamos a ver la situación de los dos jueces.

En su nota, el GESPyDH señala que la Defensoría sí estaría habilitada y sin embargo no advirtió sobre estas celdas de asilamientos que violan todas las reglamentaciones. ¿Cuál es el papel de la Defensoría ahí?

Tengo entendido que hay una resolución de la Defensora habilitando a la comisión de seguimiento de tratamiento de institutos de niños.

¿Pero no articulan con ustedes ni tienen ningún tipo de mecanismo de monitoreo?

No, para nada. Ellos tienen el ingreso y nosotros no tenemos ningún tipo de restricciones del ingreso, al contrario. Lo que estamos diciendo nosotros es que la Procuración Penitenciaria y el mecanismo nacional son legítimamente, por ley, organismos de control de esos institutos. Esta conversación, bienvenida, pero es una resolución interna de la Defensoría. Y los informes que hacen de los institutos, por favor hacerlos públicos.

¿Esa información no es pública ni les llega?

De hecho la pedimos y nos ha llegado por los informes del instituto Agote que estuvieron realizando, pero en la página de la Defensoría no están. Tenés que pedirlos. Insisto: el tema central es que tienen que entrar los organismos que por ley corresponden, después quien quiera entrar…

Y otro tema central: el oscurantismo que habrá que no hay datos oficiales de la misma SENNAF, que no emite datos oficiales de ningún tipo sobre los niños que tienen ahí detenidos; pero no solo a la Procuración, a ninguna fundación, nada.

 ¿En el ámbito federal son 9 los centros que ustedes deberían poder monitorear?

Sí.

¿Cuántos jóvenes se alojan más o menos?

Son casi 200 chicos. Estos son algunos datos que tuvo que aportar la SENNAF en el marco del hábeas corpus a pedido de los jueces, si no ni siquera teníamos ese dato.

¿Ustedes saben si esos 200 alojados cumplen con los cupos que deberían?

No, de ninguna manera podemos saber eso. No sabemos ni por qué causas están ni quiénes son sus jueces. No sabemos cuánto tiempo los aíslan, no sabemos si los sancionan, cómo los sancionan, si notifican a la Defensoría; no sabemos qué comen, cuál es la recreación que tienen, la visita. Por ahí se cumplen, pero no sabemos absolutamente nada. Eso es el oscurantismo de la Secretaría de Niñez y Familia, que desde hace años está a cargo de Gabriel Lerner.