Hace 28 años se realizaba el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, era el primero que se hacía en la Provincia; la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relevó información sobre la cantidad de participantes, talleres, temas, que reunió en el legajo 254 de la mesa “Factor Social”. Es el único informe que se encuentra en el archivo sobre la vigilancia a los encuentros anuales que se realizan desde 1986; la DIPPBA se disolvió en 1998, antes de que Buenos Aires vuelva a ser sede. Sin embargo, la inteligencia bonaerense registró y vigiló las luchas feministas de esos años, por ejemplo, en aquellas embrionarias marchas de justicia por casos de femicidio.

ANDAR entre archivos

(Agencia Andar) “VI encuentro nacional de mujeres. Mar del Plata” es el asunto del legajo 254 de la mesa “Factor Social” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El legajo se inició en noviembre de 1990, seis meses antes de que el encuentro se realice y la información original es producida por la comisaría 1ª de General Pueyrredón.

El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) se realiza anualmente en distintas ciudades del país desde 1986. La comisión organizadora de aquel primer encuentro estaba integrada por 43 mujeres que reconocían su origen en la III Conferencia Mundial de Mujeres en Nairobi. Y se proponía discutir el rol de la mujer en la sociedad contemporánea, la violencia y la discriminación en el mundo laboral y político, entre otros temas.

En 1991, el sexto encuentro fue el primero en realizarse en territorio de la provincia de Buenos Aires y, por tal motivo, tuvo un seguimiento más atento de la inteligencia de la Policía Bonaerense. El legajo 254 tiene 30 fojas, las primeras son un relevamiento sobre las actividades organizativas previas a las jornadas en Mar del Plata.

El encuentro finalmente se realizó el 6, 7 y 8 de junio; el informe de inteligencia que cierra el legajo es una conclusión, más bien descriptiva de lo que fue: aproximadamente 6 mil mujeres participaron de los 27 talleres desarrollaron en esos días. La DIPPBA destaca que los espacios de debate “más concurridos fueron mujer y familia, mujer y trabajo, y mujer y educación, siendo el más debatido el V centenario de la conquista de América”.

En ese sentido, el informe señala la participación de mujeres mapuches por su propuesta de realizar el siguiente ENM en Neuquén, con la intención de localizarlo, en el año del quinto centenario de la conquista, en regiones con fuerte presencia de comunidades originarias.

Recién en 2001, Buenos Aires volvió a ser sede del ENM —al igual que este año, en esa oportunidad también fue en La Plata—; para ese entonces, la DIPPBA ya había sido disuelta. Sin embargo, en el archivo aparecen algunas menciones sobre otros encuentros. El legajo 527 de la mesa “Factor Social” de 1994 menciona que la Policía Bonaerense detuvo el paso de varios micros con destino a Corrientes, donde se realizó el noveno encuentro.

Ese legajo contiene, entre otras fojas, un recorte periodístico que enumera la lista de temas que se tratarán en los talleres. Además relata la presión ejercida por parte del justicialismo antiabortista, encabezado por el entonces gobierno nacional. Vinculado a esto menciona que la policía bonaerense en Zárate detuvo, por orden del Ministerio del Interior, a varios micros con destino al Encuentro que pertenecían a un sector identificado con las consignas sobre la despenalización y legalización del aborto.

“Que llegue la justicia”

El término femicidio es un concepto político construido y visibilizado colectivamente para denunciar la violencia machista en su expresión más extrema y la impunidad con la que se perpetúa. La figura del femicidio se incorporó al Código Penal argentino en 2012 y fue una de las tantas conquistas de la organización y la lucha feminista.

El reclamo de justicia en las calles a lo largo de los años visibilizó en la escena pública la verdadera dimensión de esta violencia, no se trataban de crímenes aislados o por motivaciones pasionales, eran crímenes por razón de género.

Esos casos, esas marchas fueron registradas por la DIPPBA; esos informes de inteligencia bien pueden dar cuenta de la lucha que fue cimentando algunas de las conquistas actuales. En el archivo hay menciones a innumerable cantidad de femicidios: Carolina Aló, Gilda Mansilla, María Soledad Morales, Rosa Garay, Susana Canteros, Vanesa Cisterna, entre otros.

El 29 de diciembre de 1996, un cuerpo fue hallado en zanjón en el bario El Trébol de Ezeiza; un día después, la DIPPBA elabora un informe donde recoge datos sobre el caso y agrega una apreciación que resulta muy sugestiva del tratamiento que estos crímenes recibían: “De auscultaciones efectuadas en la zona en donde se produjo el hecho se pudo determinar que la víctima poseía varios novios por lo cual no se descarta la posibilidad que la causa de su muerte habría sido producto de cuestiones sentimentales”. En otro informe agrega datos sobre su vida privada: “Pertenecía a la clase baja […] sería consumidora habitual de cocaína”.

A pesar de los innumerables avances, todavía hoy en algunos discursos sociales en torno a los femicidios se sigue poniendo el foco en la víctima o se sigue encubriendo todo un sistema que permite la reproducción de estas violencias.

El caso de María Soledad Morales fue emblemático: el 8 de septiembre fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. A la muerte de María Soledad le siguieron innumerables muestra de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos, se investigaron coartadas. Sin embargo, la lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia bajo el mando de la familia Saadi. El legajo 30.480 sobre “Panorama policial” es bastante elocuente: sobre el caso de Catamarca, la DIPPBA observa: “La oficilialidad superior e intermedia, así como una gran parte de la suboficiliadad policial de esta Provincia, se hallan visiblemente influencias por el poder político gobernante en esa región desde hace varias décadas”. Y agrega: “Los tres últimos amotinamientos policiales fueron estrechamente relacionados con los vaivenes políticos derivados del affaire Morales y actualmente estas fuerzas solo responden al clan Saadi”.

Hay una gran cantidad de legajos que reúnen información sobre el caso de María Soledad Morales, la mayoría de ellos es el relevamiento de las multitudinarias marchas del silencio que tuvieron epicentro en Catamarca pero se extendieron en todo el país.

El legajo 256 de la mesa A, “Factor Estudiantil”, señala sobre las “incidencias” del caso en la provincia de Buenos Aires que la Comisión juvenil pro-justicia para María Soledad, compuesta en su gran mayoría por ex compañeras de estudio de la joven, “se encuentra abocada a la extensión del caso a todo el país”.

En la foja 24 de ese mismo legajo 256, también se agrega esta apreciación: “Es menester recalcar toda ocasión de protesta masiva para que organizaciones de izquierda y entidades de derechos humanos utilicen estos actos para usufructuar y propiciar su influencia de descontento social hacia las autoridades gubernamentales”.

Durante esos años, las distintas delegaciones de la DIPPBA remitirán informes a la dirección central sobre las marchas de silencio realizadas en distintas ciudades de la provincia; en esos legajos se reúnen notas periodísticas, volantes, y también datos sobre las marchas como la cantidad de asistentes o las consignas. Por ejemplo, la bandera que da nombre a este apartado: “Que llegue la justicia”.

A pesar de la complicidad y encubrimiento del gobierno provincial de Catamarca, la justicia llegó recién ocho años después de la muerte y sólo tuvo dos condenas: Guillermo Luque -hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque- fue condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación, y Luis Tula a 9 como partícipe secundario de violación.

Vigilar la clandestinidad

El 28 de mayo pasado, en el día de acción por la salud de las mujeres, en el 14º aniversario de la creación de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se presentó por octava vez consecutiva el proyecto de interrupción legal del embarazo en el Congreso nacional. El año pasado el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados y desaprobado en Senadores.

Ya en 1990 hay en el archivo de la DIPPBA una gran cantidad de material vinculada a la problemática. Informes de inteligencia que produce información desde los debates legislativos por el aborto hasta las atenciones de abortos incompletos en hospitales públicos o el allanamiento a clínicas clandestinas.

El legajo 725 de la mesa “Factor Social” está titulado “Aborto. Tomo I y II”. El primer tomo se originó en agosto de 1990 y es un relevamiento de las notas periodísticas sobre el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto en la Cámara de Senadores. También se reúne información sobre actividades de difusión y debate que el movimiento de mujeres venía realizando en la sociedad. Allí aparecen algunos nombres que son referentes en la histórica lucha por el aborto legal como Dora Coledesky.

En 1992 se incorpora a ese tomo un informe de inteligencia con el asunto “Atención de abortos en hospital Gandulfo” y tiene el sello de confidencial. El informe toma conocimiento  de las atenciones a abortos “incompletos o afectados”; según los profesionales médicos, se atenderían ocho casos por día, en un promedio que llegaría a los 240 casos mensuales.

La mayoría de las mujeres se presentarían en el hospital con abortos provocados e ingresarían con “cuadros de infección con maderas, tallos de perejil, agujas de tejer u otros elementos, que se colocarían ellas mismas, o con zondas que serían puestas por alguna ‘comadrona’ de su barrio para provocar la interrupción del embarazo”.

El informe que recoge comentarios del cuerpo médico del hospital, aclara que “algunos casos son recuperables, pero que la muerte en la mayoría de las pacientes es inevitable”. Y agrega: “la mayoría de las mujeres en esa situación oscilarían en las edades de 14 a 30 años […] Y los abortos serían practicados en zonas periféricas, correspondiendo la mayoría de los casos a mujeres de escasos recursos”.

La criminalización del aborto relegó esta práctica a la clandestinidad y la clandestinidad se traduce en inseguridad. El aborto es la principal causa de mortalidad materna en el país; si bien no existen registros oficiales, se estima que más de una mujer muere por día por abortar en condiciones sanitarias deficientes. La discriminación sexista se combina con la desigualdad social.

Estos no fueron los únicos años que el movimiento de mujeres estuvo vigilado; durante toda su existencia, la DIPPBA no ignoró las luchas y organizaciones feministas: realizó tareas de espionaje, inteligencia y control de estos movimientos. La persecución fue minuciosa, intentando clasificar su ideología y su grado de peligrosidad.

Sólo como una muestra, en el archivo de la DIPPBA existen documentos de 1947 sobre el seguimiento a la Unión de Mujeres de la Argentina. Se trata de uno de los legajos más antiguos que son previos a la creación del servicio de inteligencia de la policía bonaerense en 1956; tras su creación, la agencia hereda informes que venían produciendo otras dependencias.

La participación social y política de las mujeres fue registrada desde entonces y hasta la disolución de la DIPPBA en 1998. El legajo 269, “Mujeres contra la violencia familiar” de 1997 es uno de los últimos informes presentes en el archivo, recoge como lo hacía año a año la inteligencia realizada a los actos por el día internacional de la no violencia contra las mujeres.

El registro de la vigilancia policial es, en definitiva, el registro de las luchas y organizaciones feministas a lo largo de más de medio siglo. La DIPPBA encierra esta paradoja: un archivo construido para la persecución y la censura se convierte en un reservorio de la memoria de las luchas populares. De archivo de los perseguidores a archivo de las víctimas del espionaje.

En esos documentos están la agenda política del movimiento de mujeres, los deseos de transformación y la búsqueda de una sociedad más igualitaria y sin violencia.