En respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el Juzgado de Garantías N 1 de Lomas de Zamora, a cargo del Juez Jorge López, ordenó a los ministerios provinciales de seguridad y salud desplegar un dispositivo de atención médica y testeo exhaustivo de coronavirus en las comisarías de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tanto la presentación de la CPM como el fallo judicial reconocen el agravamiento de las condiciones de hacinamiento e índices de sobrepoblación del 1500% en las dependencias policiales durante la pandemia. En las comisarías alcanzadas por esta medida ya hubo, entre personal policial y personas detenidas, más de 580 contagios y 3 muertes.

ANDAR en comisarías

(Agencia/CPM) A partir del monitoreo permanente de los lugares de encierro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene advirtiendo sobre el agravamiento de las condiciones de detención en las comisarías bonaerenses: con 5.600 detenidos en 1.224 plazas, se alcanzó una sobrepoblación récord de los últimos 15 años. En estas inhumanas condiciones de detención, las políticas de prevención del coronavirus son sencillamente impracticables.

En este contexto, la CPM presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas detenidas en dependencias policiales de la región sanitaria VI, zona sur del conurbano bonaerense, donde la situación es particularmente grave.

Tal como había pedido la CPM, el fallo del Juzgado de Garantías N 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge López, ordenó al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud bonaerense que desplieguen un “dispositivo de testeo exhaustivo de coronavirus con el fin de realizar una búsqueda intensificada de casos que favorezca la detección precoz, la prestación de cuidados médicos oportuna y minimice la transmisión del virus, en virtud del agravamiento estructural de las condiciones de detención existentes”.

La medida alcanza a todas las comisarías de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. En la información relevada antes de decidir sobre el habeas, el juez Jorge López constató que en estas dependencias policiales ya se registraron hasta el momento más de 580 casos positivos de coronavirus: 447 policías y 134 personas detenidas. Además se registraron 3 muertes: dos efectivos policiales y un detenido que presentaba antecedentes de diabetes y epilepsia. Además, otro policía se encuentra en estos momentos en estado crítico.

En su resolución, el juez de garantías reconoció la enorme gravedad de la situación que calificó de crisis humanitaria: “las deplorables condiciones edilicias (falta de ventilación, escasa iluminación, falta de higiene); falta de alimentación; de camastros y sus respectivos colchones ignífugos; atención médica; lo cual contraría las más elementales normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas”.

También recordó que la Corte bonaerense, al inicio de la pandemia, había reclamado que se adopten en lugares de encierro las medidas sanitarias recomendadas por organismos internacionales; sin embargo, la carencia de infraestructura y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que, incluso, se agravaron exponencialmente en las comisarías bonaerenses durante estos meses de pandemia hizo impracticable cualquier política de prevención.

Actualmente, el Ministerio de Seguridad bonaerense no sólo no publica ningún informe actualizado sobre la cantidad de detenidos y detenidas que se encuentran alojadas en sus estaciones policiales sino que tampoco sobre el estado de situación y partes epidemiológicos diarios que den cuenta de los casos positivos detectados y los operativos sanitarios desplegados.

Como denunció la CPM en la presentación, los protocolos diseñados por el Ministerio de Seguridad son de imposible realización: con los niveles de hacinamiento y sobrepoblación existente, el distanciamiento social es imposible. Además, en estos meses, la CPM relevó la falta o insuficiente provisión de elementos de bioseguridad, elementos de protección personal, insumos de limpieza y desinfección.

Asimismo, no existen en las dependencias policiales ámbitos físicos disponibles para el cumplimiento de cuarentena al ingreso, o que permitan aislar a una persona ante la existencia de síntomas compatibles con el Covid-19 que configuren un caso sospechoso. Ante esta situación, se terminaron usando cocinas, calabozos de contraventores que no poseen baño ni ventilación u oficinas administrativas como lugares de alojamiento de personas.

Más grave aún, y como confirmó el juez de garantías de Lomas de Zamora, los propios agentes policiales ni siquiera conocen la existencia de los protocolos de acción ante casos de coronavirus.

A las graves condiciones de detención y la ausencia o imposibilidad de protocolos de acción, se agrega otro hecho que enmarca esta situación en la completa ilegalidad: la detención en comisarías clausuradas. De las 50 dependencias policiales que alojan personas en el departamento judicial de Lomas de Zamora: 17 de ellas se encuentran clausuradas por orden administrativa y 26 por resolución judicial (12 de ellas cuentan con ambas clausuras). Esto significa que más de  600 personas permanecen en lugares inhabilitados y estrictamente prohibidos para alojar detenidos y detenidas.

Entre esas comisarías clausuradas pero que siguen alojando detenidos se encuentran también 5 alcanzadas por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): en Lomas de Zamora, la octava podría albergar sólo 4 personas y posee 24; la Décima podría albergar 10 y posee 48; en Almirante Brown, la Séptima podría albergar 8 y posee 39, la Octava podría albergar 4 y posee 24; y la Sexta de Lanús podría albergar 6 y posee 31 personas.

Estos datos son sólo una muestra de una realidad que se observa en todas las dependencias policiales. Para graficar la situación, la CPM señaló en el habeas corpus que sólo en el departamento judicial de Lomas de Zamora, se encuentran alojadas 1.374 personas (el 24% del total) en comisarías con cupo para 446 personas. En verdad, ese cupo tampoco es real ya que las plazas habilitadas son 82, lo que arroja un porcentaje de sobrepoblación mayor al 1500%; es decir más de 15 personas alojadas por cada plaza disponible.

Es necesario, tomar medidas urgentes para evitar la propagación de los contagios en cárceles y comisarías y garantizar la atención médica y sanitaria de las personas detenidas. Pero es sólo una parte: la pandemia vino a visibilizar una crisis humanitaria en los lugares de encierro que tiene larga data y que fue desoída por los distintos gobiernos provinciales.