Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos convocan a una conferencia de prensa y audiencia pública para este miércoles 29 de abril en la Legislatura porteña para reclamar la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo, detenidos tras el operativo represivo a la manifestación contra la reforma laboral del 11 de febrero, y actualmente privados de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz.

ANDAR en la manifestación

(Agencia Andar) La actividad, impulsada por la legisladora Vanina Biasi (PO-FIT), busca visibilizar lo que denuncian como un caso de persecución política. La Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs señaló: “Exigimos la libertad de Tolomeo y Gallo, los dos presos políticos que están en la cárcel por haberse manifestado contra la aprobación de la Ley de Reforma Laboral”. La jornada comenzará con una conferencia de prensa a las 15.30 y continuará con una audiencia pública a las 16.30 en Perú 160.

Desde la aplicación del protocolo antipiquetes, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria viene denunciando la sistematicidad de la represión a las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta. En las tres jornadas en que se debatió la reforma laboral, la CPM registró al menos 754 personas heridas y 51 detenciones arbitrarias, entre ellas las de Eneas Gallo y Milton Tolomeo.

En diálogo con ANDAR, los abogados Gustavo Franquet, de La Gremial en representación de Gallo, y María del Carmen Verdú, de Correpi, que patrocina a Tolomeo, expresaron su preocupación por la demora en resolver su apelación a la prisión preventiva ante la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires. “Es grave que no tengamos novedades, sigue sin resolverse la apelación de la prisión preventiva que entró a estudio (de los jueces) el 19 de marzo”, precisó Verdú.

La letrada había presentado un recurso de habeas corpus el 26 de febrero a favor de Tolomeo para denunciar “las inauditas condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal 1 (Ezeiza) ya que, por exclusiva, discrecional y arbitraria decisión del Ministerio de Seguridad, se lo alojó en el Módulo 6 destinado a personas privadas de libertad de ‘alto riesgo’, como si se tratara de un peligroso terrorista internacional, cuando el propio juzgado, al decretar la prisión preventiva, descartó de plano la pretensión fiscal de aplicar el agravante por ‘acto terrorista’ previsto en el art. 41 quinquies del Código Penal y se limitó a imputar delitos comunes”. Tolomeo estuvo incomunicado, sin visitas y aislado con sólo cuatro horas de patio. “No podemos permitir presos ‘a la Bukele’ o en condiciones como Guantánamo en nuestro país”, había denunciado Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

Recién el 19 de marzo fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, ya como un preso común. Masajista, socorrista y fundador de la Asamblea de Vecinos de Lanús, Milton había sido detenido en la madrugada del 15 de febrero. Participaba de las movilizaciones de los jubilados, los miércoles frente al Congreso.

En tanto, Eneas Gallo, trabajador precarizado de reparto, fue detenido el 18 de marzo “como consecuencia de un rastrillaje ideológico en redes sociales (ciberpatrullaje)”, denuncian, y agregan que el operativo buscaba identificar “personas con calvicie”, por lo que su detención habría sido producto de un señalamiento arbitrario.

En ambos casos, las organizaciones cuestionan la actuación judicial y las condiciones de detención. “El sistema judicial dictó la prisión preventiva, y de manera absolutamente irregular el Servicio Penitenciario Federal no ha habilitado hasta la fecha la visita al penal de los organismos de Derechos Humanos”, señalaron, denunciando restricciones que consideran excepcionales y contrarias a prácticas históricas.

La convocatoria se da en un contexto de creciente conflictividad social y endurecimiento de las políticas represivas contra la protesta. Desde los espacios convocantes advierten que estos casos no son aislados, sino parte de un escenario donde se busca disciplinar la movilización social mediante la persecución penal. Según informaron, participarán referentes de organismos de derechos humanos —entre ellos integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora—, además de dirigentes sindicales, políticos y organizaciones sociales que vienen denunciando la criminalización de la protesta.