La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la 60 sesión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en Ginebra donde presentó un informe muy crítico sobre el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. El gobierno argentino reconoció la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, la falta de criterios adecuados para determinar el cupo y la falta de información fiable sobre estas problemáticas. El CAT a su vez interpeló al Estado por la falta de implementación de Mecanismo Nacional y los Mecanismos locales de Prevención de la Tortura, entre otros, el de la provincia de Buenos Aires, donde está pendiente de sanción la ley que designa a la CPM como mecanismo local, y que cuenta con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios.

ANDAR en la ONU

(CPM/Agencia) El informe presentado por la CPM se centró en 6 ejes: la implementación del mecanismo nacional y el reconocimiento de los mecanismo locales preexistentes (como es el caso del propio organismo), la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, la práctica sistemática de la tortura, las muertes en el encierro y por la intervención policial, las prácticas policiales arbitrarias e ilegales y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres.

Asimismo la CPM alertó sobre distintos proyectos de reformas que se encuentran en tratamiento a nivel nacional, en particular el de reforma de la Ley de Ejecución 24.660 y el DNU 70/17 sobre migrantes. Tras la presentación del informe, la CPM recibió preguntas por parte de los integrantes del Comité vinculadas al planteo del organismo para ser reconocido legalmente como mecanismo local de prevención de la tortura, función que ya viene realizando. En ese sentido, se remarcó el trabajo sostenido como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro desde el año 2004, que acumula más de 35 mil expedientes con denuncias y 1250 inspecciones.

Por su parte, el CAT alertó sobre la falta de implementación del mecanismo nacional y los mecanismos locales, los altos índices de encarcelamiento, el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación y el hacinamiento. Asimismo remarcó la existencia de prácticas de tortura y otros tratos crueles cometidos tanto por agentes penitenciarios como por la policía. En este punto, el CAT destacó que de la información aportada se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres. En especial transmitió preocupación por la falta o deficiente investigación de los casos de tortura, la protección a denunciantes, testigos y víctimas y la reparación de las mismas. También destacó las falencias del sistema de salud, la no implementación de la ley de salud mental, la sanción del DNU restringiendo derechos de los migrantes, la violencia hacia el colectivo trans y el proyecto de reforma de la ley de Ejecución.

Respecto a la situación en comisarías, el CAT alertó al advirtió sobre la inconveniencia de usarlas como lugares de detención permanente y citó el caso de la Comisaría 1 de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas y que fue informado por la CPM en su rol de patrocinante de familiares de las víctimas.

Por último, el CAT destacó la importancia del Registro Nacional de Casos de Tortura que la CPM creó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH, y la necesidad de que el Estado lo tome como un buen antecedente y procure su fortalecimiento.

Además de su reconocimiento legal como mecanismo provincial, la CPM requirió otras medidas de implementación urgente por parte del Estado: evitar el sobre-encarcelamiento y el hacinamiento en lugares de detención, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas para acabar con la impunidad en los casos de torturas, malos tratos y homicidios por parte de funcionarios públicos, evitar la detención de personas en comisarías, traspasar la asistencia sanitaria en lugares de encierro a la órbita del Ministerio de Salud, cesar con las detenciones policiales arbitrarias sin orden judicial, en particular respecto de los niños y garantizar las condiciones para la efectiva implementación de la ley 26.657 de salud mental y derogar el DNU 70/17 que restringe los derechos de los migrantes.

La respuesta del Estado argentino, se centró en el reconocimiento de la falta de datos sobre la problemática y sobre referencias genéricas e imprecisas sobre los cuestionamientos y preguntas de los miembros del CAT. Sin embargo, reconoció el problema de la sobrepoblación y la falta de estándares respetuosos de los derechos humanos para definir el cupo en los lugares de detención.

Finalmente, los representantes de la delegación se refirieron a los avances en la implementación del mecanismo nacional de prevención de la tortura. En ese sentido, los integrantes del Comité volvieron a exigir la creación de mecanismos locales de prevención de la tortura y el reconocimiento de los ya existentes. Esta postura de la ONU no hace más que fortalecer el reclamo de la CPM para ser reconocido legalmente como mecanismo provincial.