En los últimos días la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro, titular del Juzgado en lo Correccional 2 de Bahía Blanca, hizo lugar a la acción colectiva presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de constatar el agravamiento de las condiciones de alojamiento respecto a las dos personas detenidas en el calabozo al momento de una inspección de la CPM. Espacios reducidos, sin luz natural ni calefacción o ventilación, mala calidad de la comida y en cantidades insuficientes, dificultades para la comunicación familiar, y problemas de humedad en todo el calabozo, con cloacas que desbordan y las paredes que se caen a pedazos fueron algunos de los extremos denunciados originalmente ante el Juzgado de Garantías 3 de Bahía Blanca -que dispuso una serie de acciones de urgencia pero rechazó dar curso al habeas corpus- y que terminaron siendo atendidas en su totalidad por la justicia correccional. De acuerdo al fallo de la jueza Pinto, la prohibición de nuevos ingresos al calabozo se mantendrá hasta que finalicen las obras de reparación y acondicionamiento.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia) El habeas corpus había sido presentado el 20 de marzo pasado por la CPM luego de una inspección realizada en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca. Allí se había detectado graves vulneraciones e irregularidades relativas a las condiciones de alojamiento y el estado edilicio del calabozo, lo que llevó a que se requiriera al Juzgado de Garantías 3 departamental, a cargo de Susana Calcinelli, su intervención para el cese del agravamiento.

Como ese juzgado ya había intervenido previamente y tomado medidas sobre esa misma dependencia policial, remitió el habeas corpus de la CPM a la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca y ésta, a su vez, eligió por sorteo al Juzgado en lo Correccional 2 para intervenir en el planteo cautelar respecto a las deficiencias denunciadas en la comisaría.

Fue así que la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro sostuvo la prohibición de nuevos ingresos al calabozo y mandó a realizar pericias a cargo de una trabajadora social y un arquitecto, ambos de la Asesoría Pericial de Bahía Blanca, y requirió información al titular de la Comisaría Cuarta respecto a las personas allí alojadas; capacidad de alojamiento, habilitación ministerial o no para dicho fin. También exigió respuestas acerca de si se habían cumplido las órdenes del Juzgado de Garantías 3 relativas a recarga de matafuegos y relocalización de detenidos, entre otros pedidos que tenían que ver con el régimen de vida en la comisaría y las condiciones materiales.

Finalmente, con los resultados de las pericias realizadas por los peritos Daniel Hugo Negri (arquitecto) y María del Carmen Bertoldi (trabajadora social), la magistrada ordenó una serie de obras y medidas de cumplimiento obligatorio y como condición para el restablecimiento de la posibilidad de alojar personas en el calabozo de la comisaría cuarta de Bahía Blanca. En efecto, mandó a supervisar, reacondicionar y corregir las precarias instalaciones eléctricas por el riesgo a la salud de las personas alojadas, reparación de revoques y pisos y resolución de los factores de humedad, así como la provisión de mobiliario básico adecuado (considerando que el calabozo tiene capacidad para dos personas, requirió dos sillas, una mesa, dos camas, dos colchones, dos almohadas y ropa de cama para ambas camas), y adecuación de las ventanas.

Respecto a otros aspectos denunciados en el habeas corpus, como por ejemplo las graves falencias en la provisión de alimentos o la garantía de comunicación con las familias, la jueza consideró que, en virtud de que al momento de resolver el habeas corpus ya habían sido relocalizadas las dos personas detenidas, no correspondía adoptar medida alguna sobre esos agravamientos.