El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires separó preventivamente a diez penitenciarios acusados de torturar a cinco mujeres detenidas y abusar a dos de ellas. Entre ellos se encuentran el personal jerárquico de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, responsable de los hechos que ocurrieron contra cuatro de ellas el día 3 de junio, mientras en todo el país se manifestaban miles de mujeres reclamando poner fin a las violencias de género, en la jornada impulsada por el movimiento “Ni una menos”. Los hechos fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria luego de entrevistarse con las víctimas en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En el marco de la causa penal, la Sala III de la Cámara de Apelaciones revocó la decisión de primera instancia que rechazaba a la CPM como como PDI (Particular Damnificado Institucional), aceptando su participación en tal carácter.

ANDAR en Magdalena

(Agencia) Con el voto de Fernando Mateos y Juan Benavides, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de La Plata revocó la decisión de primera instancia del juez de garantías Juan Pablo Masi, quien había rechazado la presentación como particular damnificado institucional de la Comisión Provincial por la Memoria por considerarla “prematura”.

En una resolución contundente y unánime, los jueces de Cámara derribaron el argumento de primera instancia y sostuvieron que los hechos investigados revisten gravedad institucional y forman parte de la competencia legal de la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, y conforme lo establece la ley nacional 26.827 que crea e implementa el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

“Más allá del privilegio de inocencia que pueda recaer sobre los funcionarios públicos encargados de la custodia, los extremos fácticos que se desprenden de la denuncia formulada por la Comisión Provincial por la Memoria trascienden la mera hipótesis de apremios ilegales genérico, no resultando de la notitia criminis un simple exceso en el uso de la fuerza durante un operativo, sino un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria”, señaló con mucha precisión en su voto el juez Benavides.

Con respecto al argumento sobre la premura en la presentación, el juez Mateos señaló que el Código Procesal Penal establece que el particular damnificado puede solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables. “Esto nos da la pauta que la asunción del rol puede efectuarse desde el inicio mismo de la investigación, para colaborar y proponer diligencias”.

Y Benavides agregó: “Es precisamente en los albores de la incipiente Investigación Penal Preparatoria donde la intervención del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura resulta útil a los fines de la investigación. En esta etapa inicial, la recolección temprana de la prueba es vital para evitar la frustración del proceso, la alteración de evidencias o la consolidación de dinámicas de encubrimiento u omisión institucional”.

Casi en simultáneo a la decisión de la Cámara, el juez de garantías platense Juan Pablo Masi que en su primera intervención había rechazado la presentación de la CPM como particular damnificado institucional consideró que, con la cantidad de prueba ya producida en la instrucción, ameritaba hacer lugar a la presentación, dictando una nueva resolución que aceptaba en tal carácter al organismo.

Mientras la causa penal acumula prueba, en los últimos días también hubo avances en el expediente administrativo que se iniciaron por estos hechos en la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Con la información recabada y ante la gravedad de los delitos cometidos por los funcionarios penitenciarios, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia dispuso la disponibilidad preventiva de diez agentes penitenciarios, entre ellos las máximas autoridades del penal de Magdalena: los Inspectores Mayores Carlos Miguel TOCCI -subdirector del Area de Seguridad a cargo de la Unidad 51-, Juan Manuel Villena -Subdirector de Régimen-, la Alcaide Mayor y Jefa de Vigilancia y Tratamiento Alcaide Mayor Daiana Balmaceda, la Alcaide Daiana Villafañe, Coordinadora del Régimen abierto y María Belén Toledo subjefa de vigilancia. También fueron desafectados integrantes del Grupo GIE que intervinieron en estos delitos graves.

Los hechos

El pasado 3 de junio, a partir de una  pelea entre dos mujeres, un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las mujeres en las celdas. Luego de la represión, y encerradas ya en sus celdas, quisieron revisarlas y les exigieron que se desnudaran frente al personal masculino del GIE (Grupo de Intervención ante Emergencias); como se negaron les arrojaron gas pimienta directamente en la cara, las sacaron a golpes y las llevaron a distintos espacios de la Unidad.

En cada uno de esos lugares, ante la indefensión de las mujeres que estaban esposadas y semidesnudas, comenzaron las torturas más cruentas. “Besame las botas”, le ordenaba la jefa de Penal de la Unidad Daiana Balmaceda a sus víctimas, mientras dirigía las torturas con golpes, amenazas, inmersión de la cabeza en una pileta de agua (práctica conocida como submarino húmedo), asfixia apretando la cara contra colchones impregnados con gas pimienta y agresiones verbales. En ese escenario de violencia, dos de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. A pesar de las graves lesiones, el informe de enfermería de ese día firmado por la enfermera Raquel Noemí Boccardo no constó estas lesiones pese a que segun varios testimonios fue incluso testigo de los hechos. Esta funcionaria también fue pasada a disponibilidad preventiva por el Ministerio de Justicia provincial. La enfermera que la atendió al día siguiente dejó debida constancia de las lesiones de una de las detenidas ya que las restantes habían sido trasladadas.

Luego de horas de torturas, en la madrugada del día siguiente, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes rotos y la que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse devastada subjetivamente por lo sufrido. Ese mismo 4 de junio, otra mujer fue víctima de las torturas penitenciarias.