El 3 de junio, mientras en las calles de todo el país se manifestaban miles de personas contra la violencia sobre las mujeres y diversidades reclamando “ni una menos”, cuatro mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena fueron víctimas de torturas y malos tratos: abuso sexual, golpizas, submarino húmedo, gas pimienta arrojado a corta distancia sobre la cara y otros hechos graves perpetrados por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense incluyendo las autoridades del penal. Luego de horas de torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes rotos y la que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse devastada subjetivamente por lo sufrido. Al día siguiente otra mujer fue víctima de las torturas penitenciarias. La Comisión por la Memoria (CPM) se constituyó en la Unidad inmediatamente, y durante los días siguientes se entrevistó con las víctimas y testigos en los lugares donde se encuentran actualmente detenidas, y realizó la denuncia penal y administrativa. Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense desafectaron rápidamente a las funcionarias responsables interviniendo en la Unidad e iniciaron sumarios administrativos para determinar sus responsabilidades. Pese a la gravedad y contundencia de los hechos y pruebas presentadas, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación de la CPM como particular damnificado institucional por considerarla “prematura”, obstaculizando así su tarea como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

 ANDAR en Magdalena

(Agencia) “Besame las botas”, le ordenaba la jefa de Penal de la Unidad Daiana Balmaceda a una de las víctimas. La mujer que estaba arrodillada semidesnuda y rodeada de agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) en una celda del sector de separación del área de convivencia. Primero le sumergieron varias veces la cabeza dentro de una bacha llena de agua aplicando la práctica de tortura conocida como submarino húmedo y cada vez que ella se negaba a besarle las botas le pegaban, la escupían o le apoyaban la escopeta en las partes íntimas de su cuerpo. Luego le rompieron la ropa interior y la abusaron sexualmente distintos agentes cuatro veces. Cuando terminaron, le hicieron firmar un papel bajo amenaza de repetir las torturas.

A pesar de las evidentes lesiones constatadas por los equipos de la CPM y las pericias realizadas, un informe del mismo 3 de junio luego de los  hechos, firmado por la enfermera Raquel Boccardo, refiere que “al momento del examen físico no presenta lesiones visibles de reciente data”.

Al día siguiente cuando la CPM la entrevistó seguía en esa celda, no le habían llevado comida ni había sido evaluada por personal médico ni por profesionales de salud mental.

El organismo se hizo presente en la Unidad luego de recibir una denuncia sobre golpes, torturas y abuso sexual. Los hechos habían comenzado el 3 de junio por la tarde, justamente el día que miles de personas marchaban en el país reclamando “ni una menos”.

A partir de una  pelea entre dos mujeres, un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las mujeres en las celdas. Las víctimas entrevistadas recordaron que ese grupo estaba conformado por la jefa del Penal Daiana Balmaceda, quien dirigía el operativo, la subjefa de apellido Villafañe, otra agente de apellido Toledo y al menos 5 agentes masculinos del GIE.

Luego de la represión, y encerradas ya en sus celdas, quisieron revisarlas y les exigieron que se desnudaran frente al personal masculino del GIE; como se negaron les arrojaron gas pimienta directamente en la cara, las sacaron a golpes y las llevaron a distintos espacios de la Unidad. A la mañana siguiente, luego de ser sometidas durante varias horas a golpes, torturas y abuso, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes personales rotos, rasgados por los propios penitenciarios con un elemento cortopunzante y mezclados con basura. En cada uno de esos lugares, fueron entrevistas por equipos de la CPM.

Una de ellas, entrevistada en la Unidad 61 de Melchor Romero, había sido llevada a los golpes hasta el sector de escuela, en un aula la arrodillaron y Balmaceda también le pidió que le bese las botas. La ahorcaron, le golpearon la cabeza contra el piso y le rompieron la ropa. En el piso también abusaron de ella. La dejaron atada de pies y manos en el aula con un colchón lleno de gas pimienta que le dificultaba respirar. Mientras estaba atada en el piso, la víctima le contó a la enfermera que había sido golpeada por los penitenciarios pero la enfermera se negó a revisarla, sólo la miró y le dijo “para que aprendas que estás en Magdalena”.

Después de pasar horas en esa situación la trasladaron de madrugada y al llegar a destino también se encontró con que toda su ropa estaba cortada, su teléfono sin chip y basura entre sus cosas.

Estos dos testimonios formaron parte de la denuncia penal realizada por la CPM ante la fiscalía 11 de La Plata de turno, a cargo de Álvaro Garganta. Luego, amplió la denuncia con el testimonio de las otras dos víctimas. Los testimonios son coincidentes entre sí y expresan el mismo carácter tortuoso y denigrante.

Entrevistada en la Unidad 40 de Lomas Zamora, otra de las víctimas recordó que esa noche cuando fueron encerradas en la celda del pabellón la obligaron a desnudarse, y luego fue sacada arrastrada de los pelos y a los golpes del pabellón y traslada a otra celda del sector de Separación del Área de Convivencia, allí fue reducida, arrojada al suelo y esposada. Así inmovilizada un agente le presionaba el cuerpo con el escudo mientras Balmaceda le gritaba que debía besarle las botas y le decía: “Esta es mi Unidad, vos tenés que hacer lo que yo digo”.

También le llevaron un colchón mojado sobre el que la arrojaron para continuar golpeándola mediante puñetazos y patadas, le quitaron al ropa y la dejaron así en ropa interior durante más de 15 horas, sin agua, alimentos ni sanitarios hasta trasladarla. A pesar de las graves lesiones, una médica y enfermera sólo observaron las heridas sin examinarla físicamente. Al recuperar sus pertenencias se encontró con que gran parte de su ropa había sido cortada con tijeras y su teléfono estaba sin chip.

La cuarta víctima fue reducida y esposada; mientras esto ocurría, escuchó a los agentes advertirse mutuamente para evitar que las cámaras registraran lo sucedido. La llevaron a una celda de contención cercana al sector de sanidad, le ordenaron arrodillarse mirando hacia la pared mientras la pateaban en las piernas y Balmaceda le tiraba del pelo amenazándola para que no gritara. Luego la arrojaron boca abajo sobre el colchón impregnado de gas pimienta, le esposaron también los pies y colocaron un tirante uniendo las esposas de manos y pies, manteniéndola inmovilizada durante varias horas tirada boca abajo sofocándose y ahogándose permanentemente por inhalar continuamente el gas pimienta. En algún momento le colocaron una media en la boca, lo que aumentó la sensación de asfixia. Cuando finalmente logró quitársela, pidió ir al baño pero no se lo permitieron, por lo que terminó orinándose encima. Así permaneció por horas sin agua, alimentos ni poder ir al baño. También recibió su ropa y celular rotos. Fue entrevistada por otro equipo de la CPM al día siguiente en la unidad 54 de Florencio Varela; nunca recibió atención médica pese a las lesiones sufridas y, al momento de la entrevista, continuaba con dolor en el cuello, las piernas y las costillas.

El viernes 5, después de los hechos de torturas, las mujeres que continuaban detenidas en la UP 51 de Magdalena realizaron una protesta por los hechos ocurridos y las condiciones de detención de la unidad; el reclamo fue reprimido y como consecuencia de ello una mujer sufrió una lesión en un ojo. Tras conocer este hecho la CPM se hizo presente nuevamente en la cárcel, cuando el equipo de monitoreo llegó al lugar dos mujeres estaban convulsionando y más de 20 estaban en conmocionadas por la represión y el temor a nuevas represalias.

Tanto en la denuncia como en su ampliación, la CPM solicitó que se le tome declaración a las víctimas teniendo en cuenta las pautas establecidas para la declaración de testigos en la Guía de investigación en casos de severidades, vejaciones y apremios ilegales, sin presencia policial y de forma presencial. También solicitó que se realicen pericias inmediatamente teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

Las autoridades del Servicio Penitenciario y la Auditoría de Asuntos Internos intervinieron rápidamente y desafectaron a las y los agentes denunciados, y continúan investigando otras responsabilidades de los miembros del GIE que actuaron encapuchados. También el juez de Ejecución de La Plata José Villafañe se constituyó rápidamente en la Unidad entrevistando a las mujeres detenidas.

Pese a la gravedad y contundencia de los hechos y pruebas presentadas, y a pesar de larga legitimación de la CPM como particular damnificado en casos de violencia estatal, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación como particular damnificado institucional de la CPM por considerarla “prematura” para esta instancia del proceso judicial. La resolución, claramente violatoria de la ley nacional 26.827 que crea e implementa el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura del cual la CPM es parte como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, fue apelada por el organismo.