El pasado lunes, cerca de las 4.30 hs de la madrugada y de manera intempestiva, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron al pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica y arrastraron semidesnudas hacia las celdas de aislamiento al menos a 45 persona, varias de ellas fueron golpeadas.  Quedaron incomunicadas sin sus teléfonos ni otra comunicación con sus familiares o abogados defensores, pasando hambre y frío durante varios días, sin que les entreguen la medicación a quienes realizan diferentes tratamientos de salud. Algunas continúan todavía hoy aisladas y la referente del pabellón, que llevaba 15 años en la unidad, fue trasladada a otra cárcel. La CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció este hecho y presentó un hábeas corpus solicitando el cese de la violencia contra el colectivo LGTB alojado en la Unidad 2.

(Agencia) En el hábeas corpus presentado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó que cese de manera urgente el aislamiento de todas las personas alojadas en el pabellón de diversidad de la UP 2, que se aplicó como sanción colectiva a todos sus integrantes, lo que está expresamente prohibido. Es que, más allá de que varias fueron restituidas al pabellón, todas continúan engomadas, es decir, encerradas en sus celdas durante 24 horas.

Todo comenzó en la madrugada del lunes pasada cuando, de manera intempestiva y sin notificar el motivo de la sanción, agentes penitenciarios ingresaron al pabellón y trasladaron al menos 45 personas LGBT al sector de aislamiento. Las personas fueron sacadas del pabellón semidesnudas y de manera violenta, e incluso fueron despojadas de sus teléfonos celulares. Varias de ellas padecieron golpes y empujones.

Recién un día después del traslado, las autoridades penitenciarias permitieron ingresar prendas a los buzones. Incomunicadas y en encierro extremo, permanecieron entre 3 y 4 días hasta ser reintegradas al pabellón. Sin embargo, aún hoy al menos seis personas continúan aisladas en los buzones desde el lunes por la madrugada.

Durante el tiempo de permanencia en buzones, no recibieron medicación y la imposibilidad de comunicarse con el exterior generó una profunda angustia en sus referentes afectivos.

Además de la grave situación de detención que padecen quienes permanecen en la cárcel de Sierra Chica, varias de las personas que hasta ese momento estaban alojadas en el pabellón fueron trasladadas a unidades penitenciarias lejanas, entre ellas la referente del pabellón, en un claro mensaje disciplinante.

“Me sacaron capeada -esto es sin sus pertenencias-, casi desnuda, me sacaron corriendo entre la lluvia, el barro, me pegaron, no entiendo por qué, la verdad no entiendo por qué”, dijo en una entrevista con el equipo de la CPM que interviene en el caso. Llevaba 15 años en el pabellón, siendo su referente, y no se le dio ninguna explicación respecto del motivo por el cual fue trasladada.

Las personas que fueron reintegradas al pabellón luego de pasar varios días en los buzones tampoco fueron notificadas del motivo ni razón de la sanción. Incluso, como se mencionó, continúan en una situación de aislamiento extremo al igual que todo el pabellón.

Esa situación particularmente abusiva e ilegal fue descrita por la CPM en el habeas corpus colectivo: “El resto de las personas alojadas en el pabellón fueron expuestas al aislamiento de convivencia sin que se les notificara sanción alguna, con carácter colectivo, sin conocer los cargos que fundaron tal decisión, y por tanto imposibilitadas de formular descargos o ensayar defensa alguna. Esto último viola rotundamente el principio de legalidad en la ejecución de la pena despojando a las personas de su derecho de defensa”.

Por ese motivo, en el hábeas, la CPM exige también que las autoridades penitenciarias revisen la injustificada sanción impuesta al colectivo LGBT alojado en el pabellón de diversidad.

Además de exigir el cese del engome de manera urgente y la realización de otras medidas de prueba, la CPM solicitó que se adopten medidas de protección a favor de las personas denunciantes para evitar represalias contra ellas.

El hábeas corpus recayó en el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul, con asiento en Alvear, a cargo de la jueza Adriana Bianco, quien ya dio curso al hábeas, ordenó medidas de prueba y la celebración de la audiencia para el próximo lunes.