Alan Cambra Sarife está imputado por homicidio simple con dolo eventual por el incendio que provocó la muerte de cuatro jóvenes que estaban internados en la comunidad para tratarlos por su salud mental. Fue detenido anoche y se negó a declarar. El lugar no estaba habilitado y las condiciones eran deplorables. La CPM interviene en la causa como particular damnificado institucional, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) Germán Camafreita Steffich, el fiscal a cargo de de la instrucción, solicitó la detención del director de la comunidad terapéutica San Fernando, Alan Cambra Sarife. Consideró la magnitud de la pena en expectativa y busca evitar que entorpezca el procedimiento considerando que aún restan recabar testimonios de los sobrevivientes. Nicolás Ceballos, a cargo del Juzgado de Garantías 6 de Pilar, dio la orden y el hombre quedó detenido.

Para calificar el hecho Camafreita Steffich consideró que “el imputado no cumplió con los mínimos recaudos de seguridad e higiene previstos para una organización de tal envergadura, tales como: matafuegos, colchones ignífugos, plan de contingencia, personal terapéutico idóneo, médicos y enfermeros encargados para suministrar la medicación a los pacientes, accesos y salidas de emergencias del establecimiento, iluminación de emergencia, como así tampoco cumplió con lo recaudos administrativos al no contar con la debida autorización legal emitida por la autoridad competente, en rigor, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llevando con su accionar al resultado fatal ”

Las autopsias realizadas  arrojaron que la causa de muerte de las cuatro víctimas fue un paro cardio respiratorio traumático como consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono. Durante la investigación se comprobó también que la instalación eléctrica era “muy precaria, que había cables colgando por todos lados” y que eran los propios pacientes los encargados de la refacción y mantenimiento de la propiedad. También se relevaron situaciones como que no todos los allí alojados tenían una cama donde descansar y algunos debían hacerlo en colchones sobre el piso sucio.

Tras el incendio la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura de Buenos Aires, inspeccionó el lugar junto con el del Consejo municipal contra la violencia estatal de Ramallo, y se entrevistó con las personas allí alojadas y sobrevivientes. En esa intervención constataron la sobre medicación, las condiciones de reclusión extrema sin ninguna asistencia, nula atención psicológica incluso frente a intentos de suicidios, la carencia de actividades educativas o recreativas, golpes, palazos, secuestros, violencia y condiciones inhumanas de detención en la comunidad terapéutica San Fernando y San José, que además no contaban con habilitación ni control estatal alguno. Así lo denunciaron en el habeas colectivo que se presentó en ese momento.

Estas muertes no son las primeras ocurridas en el lugar. En noviembre de 2021 murió Ramón Ezequiel Ibarra en la otra sede del centro terapéutico del cual Emmanuel Cambra Safire también es el director. Para el fiscal esto da cuenta de que el hombre conocía “las consecuencias que pudo evitar con tan sólo haber cumplido los mínimos recaudos establecidos para un Centro de ese tipo, sin embargo, y aun sabiendo el posible resultado fatal que en esta ocasión culmino con la vida de cuatro jóvenes, no adoptó medida alguna tendiente a evitar el mismo”. “Creo que la sumatoria de gravosas circunstancias relevadas a lo largo de la presente investigación, revela un grosero menoscabo por parte de Cambra Sarife a las leyes y consecuentemente a los bienes jurídicos de alto tenor (vida e integridad de las personas) No estamos ante un descuido mínimo y común. Tampoco estamos ante una conducta temeraria”, aseguró el fiscal al solicitar la detención y calificar el hecho.