Un nuevo fallo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno advierte sobre las falencias en el funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Es el caso del Hogar Belén Ciudad de Luz, un dispositivo convivencial donde hace tiempo la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, constató malos tratos, falta de acceso a la salud y educación, niños y niñas bajo medidas que llevaban años sin revisión y falta de personal entre otras graves vulneraciones de derechos. En su resolución la jueza Mirta Guarino reconoce la vulneración de derechos, y también las mejoras implementadas por el OPNyA durante el trámite judicial en materia de infraestructura, acompañamiento técnico y acceso a educación y salud; a la vez, insta al OPNyA a que se mantengan y se profundicen el contralor y auditoría. Además designa a la CPM como organismo veedor de ese proceso.

ANDAR en Moreno

(Agencia Andar) Desde fines del año pasado la justicia viene resolviendo una serie de presentaciones realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en torno a la situación de desidia, abandono y falta de control en hogares que alojan niños y jóvenes con medidas de abrigo en el marco de convenios con la provincia de Buenos Aires.

Una de las últimas resoluciones es sobre una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la CPM respecto del Hogar Belén Ciudad de Luz tras un monitoreo en la institución a partir de lo informado por la Mesa Local de Niñez de Moreno, que ya había denunciado en más de una ocasión lo que sucedía a las autoridades provinciales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

El pronunciamiento judicial retoma lo planteado en la denuncia y analiza las condiciones institucionales, los mecanismos de supervisión estatal y la respuesta ante situaciones de vulneración de derechos. Quedan en evidencia las falencias estructurales en la articulación entre organismos administrativos y judiciales ante un grupo especialmente vulnerable.

Una de las cuestiones centrales advertidas es el tiempo que los chicos quedan internados cuando en realidad las intervenciones administrativas deben ser excepcionales, temporales y revisadas periódicamente, tal como lo exige la normativa provincial y la Convención sobre los Derechos del Niño. En este hogar había niños y niñas alojados desde 2012 o 2013, varios con patologías psiquiátricas y sin derivación, y no se relevaron estrategias claras de revinculación familiar, adopción o egreso autónomo.

Lo sucedido en la institución no es excepcional, pero de las entrevistas realizadas por la CPM se desprende la existencia de castigos y malos tratos: sometimiento a duchas de agua fría, encierro y aislamiento como forma de castigo y/o abordaje de situaciones de crisis. Los niños y niñas no cuentan con información sobre su situación ni las de su familia, y no cuentan con propuestas ni materiales lúdicos y recreativos. Además, muchos presentan padecimiento de salud mental y/o discapacidad intelectual y en el lugar no hay ninguna adecuación para abordarlos.

Los hechos descriptos dan cuenta de las graves vulneraciones de derechos humanos que persisten en los hogares convivenciales. Se requiere el fortalecimiento de las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires, la puesta en marcha de equipos profesionales que asistan y acompañen los problemas de estos grupos y la implementación de dispositivos de control y auditorías periódicas sobre estos lugares.