Durante la tarde del jueves 14 el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -presidido por la jueza Karina Yapur y con las vocalías de Andrés Fabián Basso y Ricardo Basílico- dio a conocer un veredicto que no solo contempla pena para los 13 imputados que llegaron hasta el final del juicio sino que además reconoce en las penas establecidas los delitos sexuales y la desaparición forzada de persona. Las distintas querellas, sobrevivientes y familiares reconocen, en general, el valor de este veredicto aunque al mismo tiempo reconocen que 11 de los 13 condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los fundamentos se darán a conocer el 11 de agosto a las 17 horas.

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(Agencia) Luego de 3 años en los que se llevaron adelante 81 jornadas de debate, con centenares de testigos y de casos considerados, la causa conocida como 1 y 60 y Comisaría 8° -que es un desprendimiento de la que juzgó el Circuito Camps- llegó a su fin en la tarde de este jueves con un veredicto que dejó satisfechos a la parte acusadora y a los sobrevivientes ya que 11 de los 13 imputados que llegaron con vida recibieron la máxima pena posible: prisión perpetua. 

Cabe aclarar que la causa tuvo desde el inicio a 30 imputados pero, con el paso del tiempo, murieron muchos de ellos y otros dos fueron declarados con incapacidad sobreviniente durante el transcurso del juicio. Como ya se mencionó, las condenas contemplan los casos de delitos sexuales ventilados en el debate y hay casos que fueron reconocidos como de desaparición forzada de personas.

Para el TOF 1, los hechos resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983. A continuación, las condenas particulares: 

Jorge Alberto Crinigan: perpetua por coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 128 casos de víctimas, entre otros delitos como abuso sexual con acceso carnal, abuso deshonesto, desaparición forzada de persona, tormentos que implican a distintos grupos de víctimas.

Ismael Ramón Verón: prisión perpetua por coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 127 casos de víctimas, entre otros delitos como abuso sexual con acceso carnal, abuso deshonesto, desaparición forzada de persona, tormentos que implican a distintos grupos de víctimas.

Lucas Marcelo Castro: 18 años de prisión por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 2 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Enrique Francisco Welsh: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 73 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas..

Claudio Rubén Mejías: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 130 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Raúl Ricardo Monzón: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 129 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas..

Jaime Lamont Smart: prisión perpetua por resultar coautor mediato del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 90 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Rubén Vicente Sánchez: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 18 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Enrique Armando Cicciari: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 34 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas. 

Carlos María Romero Pavón: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 24 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Roberto Armando Balmaceda: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 12 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas.

Jorge Héctor Di Pasquale: prisión perpetua por ser coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 10 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas. 

Carlos Ernesto Castillo: 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y aplicación de tormentos a los presos agravado por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de 3 casos de víctimas, entre otros delitos que implican a distintos grupos de víctimas. 

Antes de finalizar, el veredicto contempla que se deberá comunicar lo resuelto a las subsecretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en el marco de lo previsto por la ley 26.691 y ley provincial 13.584 a fin de que se proceda a la señalización de los predios donde funcionaron los centros clandestinos de detención ubicados en 1 y 60 y comisarías 8° y 2° de La Plata. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 11 de agosto desde las 17.