Luego de dos jornadas de inspección en el centro de contención Santa María Eufrasia Pelletier, realizadas en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comision Provincial por la Memoria formuló una denuncia penal ante la Fiscalía General de La Plata a fin de que se investigue la posible comisión de delitos contra las jóvenes alojadas en el lugar. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2025 y lo que va de este año. En los testimonios de las jóvenes y de trabajadoras de la institución se relevaron graves violaciones de derechos humanos: violencia física, verbal, amenazas, hostigamientos, malos tratos, robo de pertenencias y comida. Estos hechos, a la luz de la vulnerabilidad de las víctimas y el carácter de funcionarios públicos respecto a quienes las violentan, constituyen torturas y malos tratos. También se presentó un habeas corpus colectivo que tramita ante el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata a fin de revertir estos hechos y otros agravamientos a las condiciones de detención constatados.

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(Agencia) “Mano de T-Rex”, “tronchatoro”, “fisura”, “discapacitada”, “flaca sapo” son algunos de los apodos humillantes y degradantes con los que la directora Lorena Chamorro y la operadora Rocío Lazota llaman a las jóvenes alojadas en el Centro de Contención Socioeducativo Pelletier.

Entre los casos denunciados, el pasado 13 de marzo ocurrió un episodio de violencia física cuando Lazota arrojó a una joven de su cama por no obedecerla. De acuerdo al relato de otras trabajadoras, la joven había querido recostarse por fuertes dolores menstruales pero la operadora se lo impidió violentamente mientras le gritaba: “Después te quejás porque te llevamos a un colegio de especiales”.

Por distintas fuentes consultadas -jóvenes alojadas actualmente, jóvenes egresadas y trabajadoras de la institución- en dos inspecciones y mediante recepción telefónica de denuncias, la CPM tomó conocimiento de graves casos de violencia y vulneración de derechos ejercidas por personal de cuidado y directivo del centro de contención perteneciente al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

La denuncia penal tramita ante la UFIJ N°7 de La Plata, que debe investigar la posible comisión de delitos en perjuicio de las jóvenes alojadas que habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y abril de este año.

“Vos estás presa y no tenés derecho a nada”; o “¿Qué estás llorando? Empezá hacer algo que a mí no me cabe ninguna con tus lágrimas de cocodrilo”, son frases habituales con las que las denunciadas se dirigen a quienes deben cuidar y asistir.

Otra práctica habitual se relaciona con fotografías que les toman a las jóvenes sin consentimiento y con el único fin de utilizarlas como stickers en sus conversaciones privadas por teléfono.

Una de las trabajadoras describió a la CPM: “En mi guardia las chicas vienen a hablar para descargarse de todo lo que le hacen y lloran. Les ponen apodos, les sacan fotos, hacen stickers y las denigran. Una de las chicas que ya no está que se llamaba Priscila es una de las que más padeció todo esto. Estuvo nueve meses alojada en Pelletier y nos esperaba para descargarse… nos decía que la estaba pasando mal y nosotros le aconsejamos que denuncie pero tenía miedo a las represalias”.

También afirmaron que discriminan a las jóvenes por su condición física y particularmente a una de las jóvenes con discapacidad que es la más afectada por la discriminación y las burlas, porque “tiene dificultades en el habla, porque asiste a escuela especial y por tener hábitos de un centro cerrado”.

En este contexto, las amenazas de sanciones, de potenciales traslados, y de represalias por hablar sobre malos tratos recibidos son constantes: “Donde rompe las pelotas la limpio”; “Si no te adaptás te traslado”; “Si no hacés lo que tenés que hacer, te sanciono”.

Una de las víctimas describió que días atrás había accedido a una entrevista con la directora provincial de Centros de Contención, Irene Seguí. Para esa conversación, había escrito todo lo que quería decirle en un papel “para no olvidarse de nada” respecto a “los malos tratos que ella vivía”. Luego rompió el papel en pedazos y lo tiró al tacho de basura.

No obstante, la directora del dispositivo revolvió en la basura, reconstruyó el papel y luego la citaron para recriminarle el contenido de su denuncia. Asimismo, volvieron a amedrentarla porque se había ido a “quejar con los chalecos rojos”, en referencia a los equipos de la CPM que se identifican de esta manera en sus jornadas de monitoreo.

Dentro del conjunto de condiciones gravosas y violencias padecidas, también se denunció el robo de pertenencias y de comida, principalmente la carne que llega al Centro de Contención con destino a las jóvenes allí alojadas. Las personas denunciadas por el robo de carne son la directora Lorena Chamorro, el coordinador Sebastián Lofredo y la operadora Rocío Lazota.

Para la CPM “no puede desconocerse que estos hechos están conectados entre sí en el marco del ejercicio sistemático de violencia hacia las jóvenes, infringiendo dolores en calidad de castigo y de forma discriminatoria. Se trata de hechos atravesados por una particular asimetría entre víctimas y victimarios en el que los sujetos activos son funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y la acción es respecto de niñas y jóvenes privadas de libertad, por personal de custodia o sus autoridades”. Y agregó: “Por lo tanto, consideramos que los hechos denunciados constituyen torturas y malos tratos que podrían encuadrar en el tipo penal previsto por el artículo 144 ter del Código Penal Argentino”.

Además, requirió que se ordenen medidas de protección para las jóvenes que aún permanecen allí alojadas para evitar represalias y nuevas amenazas en su contra, evitando adoptar cualquier decisión que implique una regresión de derechos para las jóvenes.

Por último, solicitó el apartamiento preventivo del cargo de las personas denunciadas; la prohibición de acercamiento de las personas denunciadas al centro de contención donde están alojadas y a las personas físicas víctimas de estos hechos o sus familiares directos; y la prohibición de contacto de las personas denunciadas por medios digitales para con las personas víctimas de los hechos denunciados o sus familiares directos.