Visiblemente emocionados, familiares de desaparecidos fueron escuchados por primera vez por la justicia en el marco de la presentación de un habeas corpus para conocer el destino de todos ellos y ellas, para que el Estado les informe dónde están. El recurso fue presentado el colectivo SonSinCuenta el 24 de marzo a las 3.10 de la madrugada, el horario del golpe de Estado ocurrido hace 50 años, y rechazado en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramós por considerar que el habeas es un instrumento para casos urgentes e individuales, dos extremos que no se cumplían en esta petición.

ANDAR en la justicia

(Agencia Andar) “Qué digan dónde están es más que una consigna, es un reclamo colectivo para hacer cesar el estado de incertidumbre que ya dura 50 años, que recoge la tradición de las Madres que lo hicieron en forma colectiva porque nadie nunca dijo dónde están los desaparecidos ni qué hicieron con ellos”. Con estas palabras cerró su intervención el abogado Luis Zamora, en representación del colectivo SonSinCuenta, ante los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Fue en la mañana de este jueves 7 de mayo, y mientras se retiraban del edificio de Comodoro Py 2002 gritaron por los pasillos “qué digan dónde están, dónde están, dónde están”.

El 24 de marzo a las 3.10 de la madrugada el colectivo SonSinCuenta con sus abogados presentaron este recurso frente al palacio de Tribunales, con una mesa instalada en plaza Lavalle y una frase proyectada sobre sus paredes: Qué digan dónde están. La justicia ordinaria lo rechazó, pasó al fuero federal donde también fue rechazado en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Federal y Correccional 2. Ramos respondió a la presentación “que el hábeas corpus está pensado para otro tipo de situaciones, entre ellas situaciones urgentes, y que esto no era el caso. También dijo que los hábeas corpus eran individuales”, indicó la abogada Sofía Caravelos, cuyos madre y padre, militantes del Frente Argentino de Liberación (FAL), fueron secuestrados en La Plata, mantenidos ilegalmente cautivos en La Cacha y asesinados. Ella pudo saber sobre ellos, pero tantos miles aún no.

El viento cambió en la Cámara Federal donde la sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, ordenó a Ramos que “reencause” el pedido en lugar de rechazarlo. “Ramos lo que hizo fue tomar medidas que desnaturalizaban el concepto de colectivo: nos pidió nombres y apellidos de nuestros familiares, le respondimos que se los dábamos pero que no quería que fragmente cada caso. Nos dijo que nos iba a citar uno por uno para delimitar individualmente la petición, entonces apelamos”, explicó Caravelos.

Desde SonSinCuenta –una agrupación integrada mayoritariamente por ex integrantes de HIJOS– se plantearon “saldar la respuesta a la pregunta postergada hace tanto tiempo sin dejar de reconocer el avance de los juicios de lesa humanidad, pero también repensándolos porque resultaron respuestas fragmentadas que aportan lo reparatorio de una condena pero siguen sin responder a lo que demandaron nuestros abuelos, demandamos nosotros y demandarán nuestros hijos”, precisó Caravelos.

En los pasillos de Comodoro Py

Así, en la mañana del 7 de mayo el grupo acudió al segundo piso de los tribunales federales de Retiro, para ser escuchado en la audiencia que les otorgaron los camaristas Irurzun, Farah y Boico. El abogado Zamora fue leyendo y explicando los argumentos, y en primer lugar remarcó el carácter colectivo del recurso solicitado. “De un grupo de personas para saber por todo el grupo de víctimas del genocidio, sin limitarse a casos individuales”, habían dicho SonSinCuenta desde un comunicado. Y Zamora revistió el concepto de antecedentes jurídicos que lo respaldan, aunque durante su intervención también invocó razones humanitarias, “como la dignidad, el derecho al duelo, el fin de la incertidumbre y la obligación imprescriptible que tiene el Estado de dar respuestas”, dijo a ANDAR la abogada Marcela Dal Santo, que integra el equipo de letrados y estuvo a su lado durante la audiencia.

Zamora luego detalló que están invocando el derecho a la verdad y el derecho a la información pública, esto es, que el Estado responda qué pasó con cada uno y cada una de las desaparecidos. “La violación de estos derechos no cesa hasta que se establece el paradero de la persona cuya desaparición se ha denunciado, de los miles de casos”, dijo Zamora al replicar los argumentos de la primera instancia. “Ese camino no lleva a la verdad, es evidente, en primer lugar porque no es respecto de todo y todas, y, en segundo término, porque pretendía encaminar la investigación a las causas en trámite, lo cual hubiera llevado a que se nos informe lo que las familias ya conocemos”, expresó el letrado.

Zamora apeló al conocimiento del tribunal en causas por delitos de lesa humanidad al manifestar que “los familiares ya han puesto el cuerpo, la voz, la memoria, esfuerzos de todo tipo, poniendo el pie en la puerta para que la justicia no la cierre, han hecho reclamos administrativos desde la Conadep en adelante, todo ha sido aporte de las familias y los sobrevivientes, han hecho investigaciones propias, fueron hasta las puertas de la fábrica donde trabajaba el familiar desaparecido, a la oficina, a hablar con los vecinos, y son esfuerzos que han generado la actividad del Estado para obstaculizarlos”.

Se refirió así a las leyes de impunidad –obediencia debida, punto final e indultos– y al cierre de las causas. Y también recordó el derrotero por los organismos internacionales, las recaudaciones de fondos para estas actividades fuera del país. En definitiva, enfatizó que el juez de primera instancia se negó a encarar las acciones pertinentes de las que habla la ley de habeas corpus, y orientar la búsqueda hacia los vericuetos de la burocracia estatal. Además, destacó que las casi 200 personas que firmaron el habeas corpus corren el riesgo de ser revictimizadas si se insiste en poner en ellas la carga del avance de la investigación.

Tras hacer una valoración sumamente positiva de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, Zamora dijo que en la gran mayoría de esos casos no se ha logrado conseguir la verdad sobre el destino de esas víctimas. “Son 50 años sin esas respuestas, es algo muy profundo, hace a la condición humana, es un delito permanente como ya lo dijo la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero su contracara es también la obligación de dar respuesta que permanece vigente, ese reclamo de verdad es permanente, el habeas corpus persigue eso, traer el cuerpo ante los ojos del magistrado, toda la información posible, detallada, exhaustiva, incluso los restos”, expresó. Y para dar un ejemplo sobre la profundidad de la búsqueda de respuestas, mencionó a la familiar que recuperó los restos en Córdoba, que dijo: “A partir de hoy ya no soy más una hija de un desaparecido”.

El letrado aseguró que a pesar del valor de los juicios de lesa, “el duelo está frustrado, interrumpido, como dicen los familiares, si no te dan el cuerpo seguís esperando, el derecho a la verdad es una conquista de los pueblos ante el accionar terrorista de los Estados”.

En representación del grupo de abogados que también integran Marcela Dal Santo, María Silvia Pelozo y Sofía Caravelos, Zamora solicitó a los camaristas que revoquen la resolución del juez Ramos y que pidan al Poder Ejecutivo el listado de todas las denuncias que ha tenido por desaparición forzada de persona, qué respuestas dio y qué está haciendo para darlas en relación al carácter imprescriptible del derecho a la verdad y a la información de toda la sociedad. Y ponderó como positivo que “todos los magistrados que han intervenido hasta ahora reconocen el derecho a la verdad y la acertada fundamentación en derecho de nuestra solicitud”, a pesar de que no hayan dado curso a la acción de habeas corpus colectivo. “Sabemos que el Estado no está buscando, comprometiendo la responsabilidad internacional, pero no puede renunciar a su obligación de hacerlo, esto apunta a la incertidumbre inaceptable”, apuntó el letrado.

Ser escuchadas

Los jueces no impusieron límite a las intervenciones, tomando en cuenta que las audiencias tienen un tiempo estipulado que no debe superar los 20 minutos. Culminada la alocución de Zamora, los camaristas dieron la palabra a las presentes y la tomaron María Toninetti, Mariana Cetrángolo, Verónica Lara, Julieta Mira, Raquel Robles, Josefina Giglio y Alejandrina Barry. Una de las compañeras dijo que “la memoria completa que algunos reclaman será cuando se rompa el pacto de silencio, cuando el Estado pueda responder dónde están”. Robles interpeló a los camaristas al decir que ellos también son parte de esta sociedad que sigue exigiendo respuestas, ellos son parte de este “saber dónde están”. Por su parte, Barry enfatizó la necesidad de recuperar la información de los archivos del Estado porque “los militares anotaban todo, guardaban todo”. Y alguien reclamó que el Estado puso muchos recursos para desaparecer a toda una generación, de modo que “ahora debe ponerlos para responder dónde están nuestras familias, todas las familias”.

“La búsqueda es por todos y todas porque algunos desaparecidos no tienen quién los busque. Veremos que hace el tribunal, pero jurídicamente lo que planteamos está dentro del artículo 15 de la ley 23098 de habeas corpus, donde dice que se pueden diligenciar medidas útiles y pertinentes, y el artículo 24 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Persona”, explicó Dal Santo. En teoría, el plazo para expedirse es de 24 horas, y aunque no hay certezas, creen que será rápida la respuesta. “No es cualquier audiencia, la justicia escucha a las víctimas por primera vez al presentar un habeas corpus, no lo rechaza, escucha”, cerró Fernando Tebele la transmisión en vivo de La Retaguardia.