La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se reunió con distintos actores vinculados al tema para abordar la regresividad en materia de política migratoria desde la asunción del actual Gobierno nacional. La disolución de organismos públicos especiales que habían sido creados para el tratamiento de la situación migrante, una disminución en dos años del 50% en las residencias habilitadas, las intimaciones a hacer abandono del país y los operativos irregulares por parte de la Policía Federal sobre las comunidades migrantes fueron algunas de las temáticas abordadas.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) La ley que regula las migraciones en la Argentina desde 2004 es la 25871, reconocida internacionalmente por estar basada en una perspectiva de derechos humanos, que define la migración como un derecho humano, entre otros aspectos. “La gestión de Javier Milei continuó y profundizó las políticas regresivas que, en materia migratoria, incorporó Mauricio Macri; reformó el marco normativo migratorio, pasando de un paradigma asentado en el derecho a migrar como un derecho humano a una perspectiva basada en la seguridad. Como ocurre con la definición de otras políticas de la actual gestión de gobierno, se parte de la estigmatización de los migrantes y su asociación con el delito, para luego suprimir sus derechos y establecer un mecanismo de control y persecución”, señaló el coordinador del área de justicia y seguridad de la CPM Rodrigo Pomares.

A partir de las reformas en políticas migratorias, la CPM impulsó un espacio de articulación con distintas organizaciones y referentes que trabajan la problemática migrante para generar estrategias y acciones orientadas revertir estas políticas.

“Todo eso que nosotros sabemos y de lo cual estábamos muy orgullosos, se modifica de plano con el decreto 366, de mayo de 2025. A casi un año de esa modificación en la reunión que tuvimos hace unos días en la CPM quedaron expuestos los desastres que está haciendo esta ley en la vida cotidiana de las personas y las preocupaciones que esto genera en la comunidad migrante, pero también en las organizaciones que trabajamos desde una perspectiva de defensa y promoción de derechos de las personas migrantes en nuestro país”, dijo a Andar Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref).

“Por primera vez en nuestra historia tener un hijo argentino deja de ser un criterio para acceder de manera directa a una radicación permanente. Por otra parte, en la práctica están solicitando solvencia económica no sólo para la radicación permanente, sino también para volver a tener una temporaria. Entonces eso está generando que las personas no puedan tener ni una permanente ni una temporaria, y por lo tanto quedan en condición irregular”, explicó Liguori.

Como señalan los actores vinculados al tema, en el último tiempo la Dirección de Migraciones (DNM) está solicitando a las personas que quieren avanzar con una trámite de residencia un informe de solvencia económica. Sin embargo, no hay ninguna reglamentación que lo determine y, por ende, no es preciso el alcance ni la forma de probarlo.

Quedar en una condición irregular da lugar a una intimación, después a una conminación, y esa conminación termina siendo una expulsión encubierta porque definitivamente las personas no están logrando cumplir con ese requerimiento. “No es que no hayan logrado subsistir por sus propios medios en todo este tiempo, sino que se les están pidiendo una serie de requerimientos que no tienen posibilidades de cumplimentar, por una cuestión estructural del mercado de trabajo y cuáles son los espacios en los que las personas migrantes se logran insertar laboralmente”, precisó Liguori.

A su criterio, el decreto 366 “obtura la posibilidad de que las personas migrantes en Argentina puedan acceder a la regularidad por la exigencia de la solvencia económica, que se demuestra con requerimientos vinculados al trabajo formal y registrado, que sabemos es muy difícil para la población migrante en Argentina”.

Por su parte, Juan Cruz del Arco, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, coincidió en que el gobierno de Javier Milei tiene una perspectiva de “criminalización de los migrantes, de persecución, así como sucede con distintos ámbitos, criminalización de la pobreza, persecución de docentes”. Sin embargo, en su mirada las barreras comenzaron a aparecer ya en el 2023. “La Dirección Nacional de Migraciones dejó de ir a los distintos puntos donde no hay sedes, hay muy pocas delegaciones y muy pocas sedes de Migraciones y si la gente no se puede acercar hasta ahí no tiene la posibilidad de regularizarse”. Y agregó: “Desde la Mesa Interministerial de Migraciones de la provincia de Buenos Aires hicimos una nota pidiendo operativos en la provincia y nunca hubo respuesta. A esa barrera geográfica se le suman barreras tecnológicas en el uso de las tecnologías de la información, el sistema RADEX no es complejo pero no tienen en cuenta que hay diversos perfiles de la población”.

También en plan de revertir el daño causado por la administración libertaria, Guillermo Mazars, director de Política Migratoria de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ratificó que la mirada del organismo “va en consonancia con el resto de las organizaciones que tienen en mira la protección de los derechos humanos, el reconocimiento del estatus de migrante, el reconocimiento del derecho humano a migrar y particularmente lo vemos con una enorme preocupación en esta retrogradación lisa y llana de derechos que está encabezando el gobierno en contra de los postulados constitucionales, legales y supranacionales”. Y agregó: “El reconocimiento del migrante en nuestro país fue sostenido a partir del 2003 hasta el año 2015 particularmente y ahora una exacerbación, esa retrogradación de derechos nos pone en una alerta y una alarma permanente”.

Un solo dato es representativo de la grave regresión en materia migratorio y en el reconocimiento de la migración como un derecho humano: en 2024, las residencias permanentes habilitadas fueron 90.000 y en 2025 bajaron a 41.000, este descenso fue aún más fuerte luego del Decreto 366/2025.

Si bien se trata de marcos normativos diferentes, tanto la cuestión migratoria como la del refugio fueron modificados por decreto, es decir que la ley 26.165 de Asistencia y Protección del Refugiado sancionada en 2006 –que contenía los más altos estándares en derechos humanos en la región– fue afectada por el decreto 942/2024. Además, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) pasó de ser interministerial a depender del ministerio de Seguridad. “Se consolida así la securitización del tema del asilo, en los considerandos de la ley se repite la palabra ‘terrorismo’, y usan el argumento absolutamente falaz de ‘cuidar a los argentinos’, cuando desde ningún punto de vista se puede asimilar la población que solicita asilo al terrorismo”, enfatizó Liguori. La directora de Caref mencionó que se achicaron los procedimientos para apelar, hay menos vías recursivas que hacen más sencillas las exclusiones del sistema y se hace cada vez más difícil solicitar asilo en el momento del ingreso en la frontera.

“Resulta grave y preocupante que la política migratoria haya pasado a la esfera del Ministerio de Seguridad porque esto define, en la práctica, las acciones estatales hacia los migrantes, pasando de un esquema dirigido a la regularización a otro asentado en la expulsión. La realización de verdaderas razias para el control de los migrantes por parte  del Ministerio de Seguridad resultan un evidente mecanismo para el control que busca generar temor entre la población migrante”, agregó Rodrigo Pomares de la CPM. 

¿ICE en Argentina?

Distintos participantes de la reunión en la CPM manifestaron la preocupación por los operativos de la Policía Federal que se realizaron en la zona de Abasto, Olmos, y la zona verde de La Plata, desde septiembre del año pasado. Si bien no han registrado personas detenidas o expulsadas, sí produjeron mucho temor posterior.

“A partir del decreto 366 se vuelve a pensar al migrante como un sospechoso, aumenta la estigmatización y la criminalización, produce una baja en la regularización de sus documentos, por eso en el encuentro se planteó contactar a diferentes organizaciones estatales y no estatales para construir una estrategia en común para la defensa de las situaciones de abuso”, planteó Diego Bermeo, de la Coordinadora Migrante de la Facultad de Trabajo Social. “Los gobiernos cada vez que hay problemas económicos estigmatizan a los migrantes, es un fenómeno mundial pero en Argentina tiene una vieja tradición que comenzó con la Ley de Residencias, recién derogada en 1958, tanto en democracia como en dictadura hubo expulsiones, para Videla atentaban contra el Proceso de Reorganización Nacional y este nuevo decreto nos quiere llevar a la Argentina del siglo XIX, por eso alertamos que buscan generar miedo y trabajadores precarios indocumentados, y estigmatizar a los hermanos chilenos, uruguayos, brasileños, paraguayos, peruanos, bolivianos y de todo el continente como los enemigos”, precisó.

Para Inés Iglesias, integrante del Observatorio Social de la UNLP, el gobierno de Milei con sus operativos de control callejero aspira a parecerse al ICE (Immigration and Customs Enforcement) del presidente norteamericano Donald Trump. “Sin embargo, más allá de la imposición del miedo, no han llevado adelante ninguna política clara sobre estas comunidades que están la en situaciones de gran vulnerabilidad”, apuntó. El tema migrante ingresó al organismo que ella pertenece en 2017, a partir de la lucha contra el decreto 70 del gobierno de Mauricio Macri. “Ahora la preocupación por el decreto 366 la trajo la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), a partir de un operativo en la feria paraguaya, que buscan amedrentar a las comunidades migrantes para que no se sumen a las movilizaciones, y tengan miedo de ejercer sus derechos”, detalló. Para Iglesias lo importante es armar espacios de formación y difusión en los barrios, asunto que fue tratado en la reunión organizada por la CPM.

Según Del Arco, “el circuito de irregularidad ahora se acrecentó con los operativos que pretenden ser como el ICE, pero que obviamente son mucho más leves, obviamente despreciables y condenables, pero que no llegan al punto del ICE, que directamente son agentes de seguridad persiguiendo, deteniendo y llevando migrantes a centros de detención donde no se sabe qué pasa”. Si bien ese escenario no se llega a configurar en Argentina, se genera temor: “aparece el miedo, se acercan a la delegación y ahí se activa el protocolo de conminación a abandonar el territorio o de expulsión en algunos casos”, explicó el funcionario de la Defensoría del Pueblo.

En la mirada de Mazars, “ahora el control de permanencia se hace con una visión exclusivamente de la seguridad no desde el control y protección de los derechos de los migrantes, la implementación de esta parafernalia acompañada en muchos casos por la Policía Federal de los Controles de Permanencia emulando lo que es el ICE en Estados Unidos no hace otra cosa que precisamente copiar esa perversa forma de estigmatizar grupos minoritarios, como son los migrantes, es decir, como toda política exterior argentina es nefasta en estos momentos y puntualmente la política migratoria de la mano de la ex Ministra de Seguridad, donde tiene a las minorías y a las migraciones regionales como flanco a combatir”.