Terminó la etapa de producción de prueba en el juicio que se sigue a los responsables de una comunidad terapéutica ilegal, donde en febrero de 2022 murieron cuatro jóvenes encerrados durante un incendio. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, es parte querellante como particular damnificado institucional ante el Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro, que este miércoles escuchará a los últimos testigos de la defensa y los alegatos.

ANDAR en San Isidro

(Agencia Andar) Sin habilitación, sobrepoblada, con instalaciones precarias, con las personas sobremedicadas y encerradas, sin salidas de emergencia. Así estaban alojados Rodrigo Moreno, José Nahuel Castaño, Nicolás Claudio Ortiz y Nicolás Ezequiel Bisbal cuando se desató un incendio y murieron sin poder escapar del lugar; se sospecha que en algunos casos sin siquiera poder reaccionar por la cantidad de medicación que les habían administrado.

Así se va reconstruyendo la escena de esas muertes en el debate oral ante el Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro, integrado por los jueces María López Ramos, Pablo Rolón y Silvestre Díaz, contra el dueño y director del lugar Alan Emmanuel Cambra Sarife, la administradora Gisela Alejandra Machado, Alejandro Norberto Merenzon, director de admisión, Eliana Martín Wawrik, otra dueña, el psiquiatra Andrés Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra Flavia General como imputados por los delitos de asociación ilícita, homicidio, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas y tenencia de arma de uso civil.

Los testimonios de familiares y sobrevivientes coinciden en reconocer que ante la desesperación y la necesidad cayeron en una trampa. “Me estafaron, se burlaron de mí, todo lo que dijeron era mentira”, sintetizó ante el tribunal la hermana de una de las víctimas. “Nos trataban como si fuéramos un perro”, “era tan miserable todo que dormían en el piso en un lugar lleno de telarañas”, “lo mandaban a perseguir a los chicos que se escapaban, los inyectaban y dejaban en un estado casi de inconsciencia”, fueron algunas de las situaciones que se escucharon.

Con la prueba producida en juicio, la Comisión por la Memoria (CPM) que interviene como particular damnificado institucional, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, junto a los dos restantes particulares damnificados adelantaron que adhieren a la fiscalía en su acusación para que los imputados sean condenados por el delito de homicidio, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas y asociación ilícita.

Además la CPM también propondrá que subsidiariamente, en caso que el Tribunal no encuentre probada la acusación principal, los hechos sean calificados como incendio doloso seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada. En cada prueba se vuelve evidente que los responsables del lugar no podían desconocer el riesgo al que estaban poniendo a los allí alojados, por ejemplo, ante un siniestro como el incendio y por lo tanto sus muertes les son imputables.

“Estábamos escribiendo un taller y uno de los chicos dijo ‘fuego, fuego’. Algunos chicos empezaron a correr y yo estaba ahí y se prendió fuego un colchón en el pasillo que daba acceso a todas las piezas, y el machimbre había agarrado al toque. No se podía pasar, gritaban que querían salir, queríamos que nos abran la reja y no se podía (…) salimos nosotros, y ahí con cuatro muchachos más agarramos palos, hachas todo y empezamos a arrancar las ventanas para que salgan, quisimos sacar a los de la primera habitación y el fuego había tomado todo”, relató un sobreviviente.

Todos coinciden en que el régimen de vida en el lugar no sólo no abordaba sus padecimientos sino que era abusivo. Ellos mismos hacían las guardias nocturnas, se los medicaba a todos por igual como método de sedación y no como tratamiento, estaban constantemente vigilados y la internación había sido mayoritariamente violenta.

El hermano de otra de las cuatro víctimas detalló cómo fue el momento en que se lo llevaron de su casa y la preocupación que eso le generó: “fueron agresivos, en ningún momento intentaron a hablarle, mi hermano se bajó del auto y lo empiezan a correr, para frenarlo le pegan un palazo al costado de la sien y lo desmayan. Yo tuve la impresión que mi hermano estaba en riesgo, veo que Rolo saca del auto una jeringa y un hombre de anteojos lo inyecta en la cola. Nos dicen que nos tranquilicemos, que era un calmante, que él iba a estar bien. Nadie se entrevistó con nosotros con anterioridad, nadie custodiaba esta situación, ningún médico”.

Ante esta evidencia, desde la CPM observaron que quienes administraban el lugar operaban como una asociación ilícita captando personas vulnerables por sus adicciones y abriendo una oferta para sus familiares por la vacancia y ausencia de respuestas del Estado. Ofrecían atención a la salud y llevaban a los usuarios a la fuerza a un lugar donde tal tratamiento no existía pero además no cumplía con ninguna norma ni condición de seguridad e higiene y era, por lo tanto, muy riesgoso.

También interviene como particular damnificado la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) con un equipo de litigio integrado, entre otros profesionales, por el periodista Pablo Galfre que desde el primer momento de los hechos denunció, junto a la CPM, las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en la comunidad San Fernando y que esa noche desencadenaron la muerte de cuatro jóvenes.