La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido de la defensa de declarar la prescripción de los delitos que se juzgan, y determinó que la causa por las torturas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas a sus soldados durante la guerra de Malvinas debe continuar. Como querellante de la causa y acompañando al CECIM—La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había participado de la audiencia en la Cámara y había sostenido, en línea con esta resolución, que los recursos interpuestos por los militares eran improcedentes, ya que estos delitos eran crímenes de lesa humanidad y debían ser condenados. Ahora, es necesario avanzar en el llamado a indagatoria y pedido de detención de todos los imputados.

ANDAR en la justicia

(CPM) Por el voto de la mayoría, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó hoy que debe continuar la causa 1777/07, que investiga las torturas y malos tratos que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores durante la guerra de Malvinas. Esta resolución confirma la decisión del juez de primera instancia, Federico Calvete, que rechaza las pretensiones de la defensa de los militares Taranto y Ferrante.

En su apelación, los abogados de los imputados cuestionaron la legitimación procesal de las querellas y reclamaron la prescripción de los delitos que se juzgan. En su fallo, la Cámara de Apelaciones sostuvo, en base a la jurisprudencia, que debe mantenerse “la acción penal en aquellos casos en que se alega la comisión de crímenes contra la humanidad”. Durante la audiencia que se realizó en agosto pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM-La Plata), como querellantes de la causa, habían sostenido la imprescriptibilidad de estos delitos, lo que fue confirmado en esta resolución.

Por otra parte, los magistrados también señalaron la pertinencia de la participación de la CPM y el CECIM-La Plata como querellantes. Sobre este punto, la resolución sostiene que el interés de los organismos está fundado por tratarse de un proceso judicial donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos.

Resueltos estos recursos de apelación, es necesario ahora avanzar sin dilaciones ni demoras con el proceso judicial. En este sentido, la CPM sostiene la necesidad de dar curso a las solicitudes de detención y llamado a indagatoria de los 26 militares denunciados, presentadas en mayo pasado por el fiscal federal Marcelo Rapaport.

En estos 11 años se recibieron 120 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y al hambre, entre otras prácticas. Al menos 105 casos de los que se investigan son pasibles de ser considerados como crímenes de lesa humanidad y, en total, son 95 los militares de las Fuerzas Armadas señalados como responsables por estos delitos.