Siete víctimas de torturas, vejaciones, abuso sexual, entre otros delitos cometidos en la subcomisaría de Domselaar, esperaron durante 11 años algo de reparación por parte de la justicia. 11 años después un jurado popular declaró no culpable a los siete policías bonaerenses que llegaban imputados por al menos 8 hechos ocurridos entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Para la Comisión Provincial por la Memoria, que fue parte del bloque acusador en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el veredicto desconoce el testimonio de las víctimas y deja impune las graves vulneraciones de derechos perpetradas en esa dependencia en donde los funcionarios policiales se arrogaron el derecho de castigar a las personas que estaban bajo su custodia.

Durante la semana pasada las víctimas de este juicio se sentaron frente al jurado y dieron testimonio de todo lo que vivieron durante su detención en la subcomisaría de Domselaar. A pesar del paso del tiempo, estos testimonios fueron vívidos, coherentes y exhaustivos en detalles descriptivos de los hechos y de los imputados. “Después de salir de ahí, vivir ya no era vivir”, dijo una de las víctimas. “Nos decían frases amenazantes como que nos iban a meter un tiro en el culo. Fue una noche en la que ninguna pudo dormir”, recordó otra.

Este martes luego de una breve deliberación, el jurado popular comunicó en la sala de tribunales de La Plata el veredicto de no culpabilidad para los agentes policiales Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra. Los siete policías bonaerenses que estaban imputados por distintos delitos: sometimiento a torturas, severidades, vejaciones agravadas por violencia, amenazas, apremios ilegales agravados, abuso sexual agravado y hurto agravado.

La causa se había iniciado por una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria luego de una inspección realizada en marzo de 2016 en la subcomisaría de Domselaar, partido de San Vicente. Ese mismo día, en entrevistas ante el equipo de la CPM primero y luego ante de funcionarios judiciales, describieron el estado de sometimiento y castigo ilimitado que padecían en la dependencia.

Las cinco mujeres estaban alojadas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médicos ni recibían alimentos, y permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo.

En esas condiciones además fueron sometidas entre agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016 –día de la inspección realizada por la CPM– a diversas torturas, maltratos y vejámenes, sanciones degradantes como obligar a una mujer a limpiar el inodoro con una tapita, tocamientos y acoso sexual, además de robarles las pertenencias y coaccionarlas para que no denuncien estos hechos. Además se juzgaban las torturas a las que fueron sometidos dos varones alojados en la dependencia: uno de ellos sufrió lesiones por golpes, abuso sexual y agua hirviendo, el otro fue golpeado con el fin de obligarlo a dar una determinada información.

“Nos les importó mi vida”, declaró en el juicio otra de las víctimas, mientras recordaba los hechos de violencia que sufrió en la dependencia policial. Fue el común denominador de cada una de las víctimas que declaró con visible angustia durante el juicio. Las secuelas de estos hechos, con afectaciones que continúan hasta el presente, fueron constatadas en las pericias psiquiátricas realizadas por la Asesoría pericial de la Corte Bonaerense.

En los alegatos, la CPM había señalado que los policías imputados “se arrogaron una especie de derecho a castigar a personas a las que debían cuidar”. Ese castigo contra personas detenidas en una situación de extrema vulnerabilidad queda impune con el veredicto emitido hoy por un jurado de 12 ciudadanos.