Con la participación de referentes de Colombia, Paraguay, México y España, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó la tercera charla del ciclo “Pandemia mundial: ¿Qué hacer con las cárceles?”. En el marco de esta jornada, los y las analistas coincidieron en señalar que la crisis sanitaria por el coronavirus se inscribió en una situación carcelaria que ya era grave. El punitivismo, las reformas cada vez más regresivas del código penal y la reacción desmedida de sectores de la sociedad ante la discusión de medidas de morigeración de la prisión estuvieron entre los temas de la mesa.

ANDAR en cárceles

(Agencia/CPM) “El mundo de las cárceles transita, a menudo, en una suspensión de los derechos y en este cataclismo se refuerzan nuestras convicciones para garantizar la protección y promoción de derechos”, expresó la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Dora Barranco, al comienzo de la tercera charla del ciclo Pandemia mundial: ¿Qué hacer con las cárceles?.

Frente a la emergencia sanitaria por la expansión del Covid 19, ya a mediados de marzo, organismos internacionales recomendaron medidas para prevenir y disminuir el riesgo de contagio en los lugares de encierro. Estas disposiciones señalaban, fundamentalmente, la necesidad de reducir los índices de sobrepoblación y hacinamiento. En el sistema penal argentino, la provincia de Buenos Aires expresa la situación más acuciante: en las cárceles la sobrepoblación es del 150% y en las comisarías está por encima del 230%.

En ese marco, la CPM decidió impulsar este ciclo de charlas con referentes internacionales para abrir el debate público, hacer un balance de las medidas institucionales adoptadas por los distintos países y generar un espacio de discusión sobre sistema penal y políticas de encierro. “La desmedida reacción que hubo en nuestro país nos puso frente a un desafío inmediato que es lograr un sentido de humanidad en nuestra sociedad. Y tenemos que partir, lamentablemente de una cuestión básica: la privación de la libertad es la pena pero los derechos siguen vigente”, agregó la integrante de la CPM y coordinadora de la charla Yamila Zavala Rodríguez.

Esta tercer charla del ciclo contó con la participación de la integrante de la Comisión mexicana de defensa y promoción de derechos humanos Nancy López Pérez, la investigadora colombiana Olga González, el profesor en derecho penal de la Universidad de Sevilla Salvador Cutino Raya y el integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay Dante Leguizamón.

“En México, a fines de 2019 había 200 mil personas privadas de libertad, en 372 centros penitenciarios, estatales y locales. Desde hace cuatro años hay una tendencia creciente de la población encarcelada, consecuencia de la transformación de una Procuraduría General de la República que decidió ampliar el catálogo de delitos para que las personas estuvieran privadas de libertad. Acentuando una estrategia ultrapunitiva que ha venido desde hace varios años”, dijo Nancy López Pérez para describir el contexto general en el que se inscribió la emergencia sanitaria por la pandemia.

“Tratos crueles, mucho retraso en atención de salud física y psicológica y condiciones de detención inhumanas”, enumera la funcionario mexicana sobre la consecuencia directa de esa política punitiva en el encierro. A su vez, en el marco de la pandemia y ante la imposibilidad de tener contacto con las familias, las personas detenidas comenzaron a tener problemas de alimentación e higiene porque las cárceles poco lo proveen.

Sobre las medidas que se tomaron frente a la pandamia, López Pérez señala la importante medida del Estado nacional que anunció 1800 liberaciones mediante la libertad condicional. “Sin embargo, en el caso de cárceles locales, sólo dos de los 32 Estados tomaron medidas. Es decir, la inmensa mayoría no ha avanzado en materia de liberación de personas de cárceles sobrepobladas y complejas. Y en donde se avanzó estas medidas no han sido populares, han sido cuestionadas y es el reflejo de una visión mexicana muy punitivas”.

El sistema carcelario de Colombia atraviesa también una crisis de enorme magnitud: “Hay 120 mil detenidos en 132 en 132 prisiones. El hacinamiento es un problema general. Se calcula que es superior al 50 por ciento, pero en algunas cárceles llega al 150 por ciento de sobrepoblación e, incluso, hay patios con 700 por ciento de hacinamiento” reflejó la investigadora colombiana, Olga González.

El 14 de abril, el gobierno nacional de Colombia publicó el decreto 546 que preveía unas 4 mil excarcelaciones, sin embargo hasta hoy sólo se efectivizaron cerca de 600 libertades. “De 5 mil solicitudes, menos del 10 por ciento fue aceptado. Es muy restrictivo el decreto, porque por ejemplo excluye a personas detenidas por hurto, o tenencia de estupefacientes, delitos comunes de la mayoría de las personas encarceladas”, explicó González.

Tal como había señalado la funcionaria mexicana, Olga González también coincidió que en los últimos años hubo en el país reformas del Código Penal que explican el hacinamiento actual de las cárceles. Y como ejemplo cita que las detenciones preventivas alcanzaban, antes de las reformas, al 22% de los delitos, ahora al 60.

“Con similares problemáticas carcelarias con respecto a los de países de la región. Paraguay tiene un índice de prisión preventiva muy alta: en hombres del 73 por ciento y mujeres 68 por ciento”, contó el integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Dante Leguizamón. Y agregó: “La mayoría de las cárceles tienen sobrepoblación crítica, con hasta el 600 por ciento de hacinamiento. Esto implica además falta de derechos a la salud, educación, higiene, alimentación, etcétera”.

Actualmente, en las cárceles paraguayas no hay casos de coronavirus, en parte según reconocer Leguizamón se explica porque el país decretó muy tempranamente la cuarentena y las medidas sanitarias han sido efectivas. “Con respecto a las cárceles en particular, desde el inicio de la cuarentena se cerraron las prisiones para nuevas detenciones y casi 1.000 personas fueron liberadas, esta una reducción se redujo del 6 por ciento de la población detenida. Es difícil afirmar que esta baja se deba a políticas activas del estado. Ocurre que ha disminuido porque el esfuerzo lo han realizado los defensores, además de un instructivo de la Corte de atención de los grupos de riesgo”.

El punitivismo como respuesta a la demanda social de seguridad no es potestad únicamente de los países latinoamericanos. “El código penal de España es de 1995 y es, en teoría, progresista. Desde entonces, hubo más de 30 reformas, una por año, casi todas para endurecer las penas, incluyendo nuevos delitos y la ampliación del ámbito de ejecución con prisión de esas penas”, sostuvo el profesor de derecho de la Universidad de Sevilla Salvador Cutino Raya.

“Actualmente tenemos 57 mil personas detenidas en el país y es una de las tasas más altas en Europa. El problema, además, es que las estancias en las cárceles suelen ser en promedio más largas que en la región. Por ejemplo, sólo 15 por ciento de las personas salen con libertad condicional, el resto completa sus penas en el encierro”, agregó.

España tiene un sistema de encierro progresivo que se divide, de acuerdo a las condiciones de la prisión en tres grados: régimen cerrado, ordinario y abierto de semilibertad. Uno de los problemas, según explicó Cutino Raya, es que la mayoría de las personas detenidas están en régimen de centro cerrado, sin salidas y con aislamiento absoluto, con sólo dos horas de patio.

“Con la pandemia, hubo recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a adoptar medidas de excarcelación o libertades anticipadas para grupos vulnerables o detenidos con preventivas. Pero la principal respuesta fue el aislamiento dentro los penales. Las excarcelaciones sólo ocurrieron en el régimen abierto, personas que salían todos los días a trabajar y se les permitió durante todo este tiempo el cumplimiento de su pena desde su domicilio. O sea, se vaciaron las instituciones de régimen abierto, pero no el resto, que contiene a la mayoría de la población encarcelada en España”, agregó el profesor universitario.

A pesar de esta situación, y tal como ocurrió en los países latinoamericanos, también hubo una reacción social desmedida ante estas medidas morigeratorias de la prisión. “La visión punitivista encierra un desconocimiento del sistema penal y de cómo funciona la prisión. En líneas generales, hay un discurso social que las cárceles se tratan de hoteles y que las personas detenidas tienen más beneficios que el resto de la sociedad”, contó con pesimismo.

En esa misma línea, durante las palabras de cierre, la investigadora colombiana Olga González afirmó: “En Colombia ya la Corte ha advertido muchas veces en los últimos años sobre la urgencia de resolver el problema de la sobrepoblación. Hay muchos mecanismos para lidiar con estos problemas, pero hay que considerar que no es un problema del código penal, sino de voluntad política”.

“La pandemia desnuda la inmensa estatura de la desigualdad de nuestras sociedades. Las cárceles son la muestra cabal de estas desigualdades. Sólo con mayor igualdad y distribución de los recursos, con más justicia social y de género, podremos evitar las cárceles y la sobrepunición, que en general tiene una larga instalación en las sociedades latinoamericanas, profundamente no igualitarias”, la presidenta de la CPM Dora Barrancos.