El sargento de la Policía Bonaerense Diego Tolaba está imputado por homicidio simple. El juicio, seis años después del hecho, estuvo cerca de no realizarse por las flagrantes irregularidades en la instrucción judicial que buscaron consagrar la impunidad. El policía fue sobreseído en dos oportunidades, pero ambas decisiones fueron revocadas por la Cámara de Apelaciones de Morón. El 9 y 11 de diciembre se realizarán las audiencias del juicio en el Tribunal Oral Criminal 5 de Morón. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) será veedora.

ANDAR en Morón

(Agencia Andar) El 18 mayo de 2013, a la altura del peaje Vergara de Morón, el sargento de la policía bonaerense Diego Tolaba disparó contra Pablo Alcorta y un compañero que viajaban en moto. El disparo dio en la cabeza de Pablo que murió el 6 de diciembre, luego de siete meses de agonía.

Pablo estaba desarmado y no representaba ningún peligro. Tolaba, que se desempeñaba como custodio de la cabina de peaje, adujo que se defendió de una supuesta agresión armada. El compañero de Pablo declaró que ninguno de los dos estaba armado y que jamás resistieron el arresto.

“Para mí es importante la verdad. Que la vedad se conozca, que Tolaba asesinó y todo un sistema lo encubrió. Lo condenen o no, estos juicios sirven para ir quebrando la impunidad de este sistema”, dice Emilia Vasallo, mamá de Pablo y referente de la lucha contra la violencia estatal.

Seis años después del hecho, una instrucción judicial plagada de irregularidades y varios intentos por cerrar la causa con el sobreseimiento de Tolaba no le permiten a Emilia confiar mucho en la justicia. “A medida que va pasando el tiempo, una no deja de luchar pero se va dando cuenta cómo funciona la justicia. Pero, además, qué justicia podemos tener si todos los días matan un pibe y para las familias que pasamos por esto cada hecho es revivir el dolor de una”.

Desde el primer momento, y contradiciendo la resolución 1390, la investigación estuvo a cargo de la misma fuerza que integraba Tolaba. Los primeros en llegar al lugar fueron los compañeros de fuerza de la comisaría de Hurlingham; la familia de Pablo denuncia que ese momento se plantaron armas en la escena para hacer pasar el asesinato por un enfrentamiento. Todo ocurre mientras Pablo agonizaba en una cama del hospital: “La policía que llega a mi casa sólo dice que Pablo quiso robar el peaje y cuatro horas después me avisan que estaba internado”.

La titular de la Fiscalía 6 de Morón, Silvina Bonini, instruyó la causa desde el inicio bajo la carátula de “averiguación de ilícito” pero no tomó una sola medida para investigar el homicidio de Pablo y rechazó, una y otras vez, los pedidos de prueba y los testigos aportados por los abogados de Emilia. La fiscal nunca dudo de la declaración de Tolaba y avaló la versión policial de que el sargento de la Bonaerense actuó en legítima defensa.

La peor de todas las irregularidades -porque hubiese determinado la verdad de los hechos- fue la pérdida de una prueba fundamental: el registro de las cámaras de seguridad del peaje. “Hubiera sido muy sencillo establecer lo que ocurrió si echáramos mano a las filmaciones del peaje. Pero esas filmaciones jamás fueron requeridas por la Fiscalía y mucho tiempo después desaparecieron sin explicación alguna”, resumieron desde la gremial de abogados, que patrocina a la familia de Pablo.

Antes de pedir el sobreseimiento de Tolaba, Bonini pidió licencia y la causa cayó en manos del fiscal Di Leo que, finalmente, firmó la impunidad. El juez de Garantías 3 de Morón, Gustavo Robles, confirmó la decisión en primera instancia y sobreseyó justificándose en la falta de pruebas para juzgar al policía.

Esas fueron las primeras dos absoluciones, los abogados de Emilia lograron revertir esta decisión y la Cámara de Apelaciones requirió que el hecho siga investigándose. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó al particular damnificado y participó en la audiencia. “La Cámara nos dio la razón, dice que hubo medidas de prueba que no nos dieron y que no se nos garantizó el principio de igualdad para litigar”, recuerda Emilia.

A pesar de pedir la recusación de la UFI 6, la instrucción volvió a Bonini, que ya estaba de vuelta. Esta vez sería distinto: la familia de Pablo pidió la elevación a juicio con Tolaba imputado de homicidio simple y la fiscal accedió. Pero el Juzgado de Garantías 4 declaró otra vez la absolución del policía. La tercera.

Por segunda vez, Emilia va a la Cámara de Apelaciones. Y por segunda vez la Cámara le da la razón: faltan medidas de prueba en la investigación judicial. “Después de esta apelación, interviene el fiscal general de Morón y pide que la causa pase a la UFI 7: Rapazzo me dice en la cara que no va a acusar, que Tolaba actuó en legítima defensa”, cuenta. Sin embargo la presión de la familia y los precedentes de los fallos de la Cámara lograron que la causa sea nuevamente elevada a juicio.

Las audiencias en el Tribunal Oral Criminal 5 de Morón —integrado por Julia De La Llana, Marcos Lisa y Gabriel Sotelo— se realizarán el 9 y 11 de diciembre. Graciela Noemí Biazzoti será la fiscal de juicio. El sargento de la Bonaerense Diego Tolaba llega imputado por homicidio simple: durante estos seis años estuvo libre; incluso, poco tiempo después del asesinato de Pablo fue ascendido y luego trasladado a la Policía de la Ciudad.

Los abogados de Emilia Vasallo y Rubén Alcorta pidieron la postergación porque había medidas de prueba que no llegaron a realizarse y, en especial, porque problemas de salud de Emilia no le permiten llegar a esta instancia en buenas condiciones para atravesar las audiencias. Ninguna de los pedidos fueron escuchados y el Tribunal confirmó las fechas del juicio.

“Aun cuando consigamos condenar a Tolaba, aun sí logramos pedir el agravamiento de la pena durante el juicio, siento que no hay nada que me repare el alma y la vida. Fueron seis años de sufrimiento de mi familia, siete meses de agonía de Pablo. La justicia puede ser algo, pero nada repara todo ese sufrimiento”, reflexiona Emilia.