Un grupo de diputados y diputadas nacionales se presentó como amicus curiae en la causa penal que investiga la represión ordenada por el Gobierno nacional contra quienes se manifestaban el 6 de agosto pasado, en contra del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aportando importantes argumentos legales para dichas actuaciones. La instrucción, que tramita en la justicia federal, se inició a partir de una denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura estuvo esa jornada monitoreando el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Al menos 1.500 personas resultaron heridas o afectadas por los gases químicos durante la represión.

ANDAR en la protesta

(Agencia) Ante el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini, los diputados y las diputadas de diversos bloques partidarios Paula Penacca, Horacio Pietragalla Corti, María Teresa García, Hugo Yasky, Santiago Luis Roberto, Marianela Marclay, Matías Molle, Mónica Frade, Marcelo Mango, Esteban Paulón, Javier Andrade, Sergio Palazzo, Romina Del Plá y Myriam Bregman plantearon su interés en aportar a la investigación fundamentos de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos de relevancia. El amicus curiae realiza consideraciones respecto del operativo represivo que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificó como “brutal y planificado” a partir de una “decisión política” del gobierno nacional de Javier Milei y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Jorge Macri. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Horacio Pietragalla, había convocado el 13 de agosto a una audiencia pública donde diferentes organizaciones describieron las graves violaciones de derechos humanos relevadas y la sistematicidad de la represión a la protesta social que despliega el gobierno nacional desde la puesta en marcha del protocolo antipiquetes. En ese encuentro, y luego de analizar los informes presentados, los legisladores acordaron la presentación judicial.

La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea la violencia estatal sobre la protesta social, y en la denuncia penal pidió que se investigue por los delitos de estrago, torturas, apremios ilegales el accionar de los efectivos policiales, así como el posible incumplimiento funcional de los deberes y abuso de autoridad de los funcionarios responsables del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación. También fue denunciado el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, quien sin uniforme ni identificación oficial apuntó y disparó una escopeta no identificada sobre los manifestantes.

Al menos 1.500 personas resultaron heridas o afectadas por los gases, y 28 fueron detenidas arbitrariamente. Una foto-reportera sufrió traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizada. Al menos 36 trabajadores de prensa, 8 integrantes de los equipos de monitoreo de la CPM y 18 socorristas de CEPA también fueron afectados por la represión desplegada por la Policía Federal, la Prefectura Nacional, la Gendarmería Nacional y la Policía de CABA, con un despliegue de al menos 55o efectivos que actuaron durante más de cinco horas mucho más allá de la zona del Congreso.

Patrocinado por los abogados Mariano Przybylski, Mario Ganora y Matías Aufieri, el grupo de diputados y diputadas planteó su legitimación para ser aceptados como “amigos del tribunal” y así tener un seguimiento de la causa porque “si el resguardo del Congreso de la Nación fue el fundamento invocado por el Ministerio de Seguridad para desplegar el Comando Unificado que reprimió la manifestación, corresponde que sean quienes legislan dentro de ese recinto quienes se pronuncien ante la justicia federal sobre si tal resguardo exigía –razonable y proporcionalmente– el nivel de violencia estatal empleado contra quienes vinieron a manifestarse pacíficamente frente a sus representantes”.

“No podemos permitir que se invoque la ‘protección del Congreso’ como excusa para reprimir a la ciudadanía que se dirige a él, y quienes integramos este cuerpo tenemos el deber institucional de expresarlo con toda claridad”, concluye el grupo parlamentario en la presentación ante el juzgado de Ercolini.

Al citar el marco constitucional y convencional, los diputados y diputadas manifestaron que “el derecho a la protesta social no es una concesión graciosa del Estado, sino el ejercicio conjunto e interdependiente de derechos expresamente reconocidos por la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales de derechos humanos que, desde la reforma de 1994, gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN)”. Y agregaron que “en el plano interno, la protesta se funda en el derecho de peticionar a las autoridades, en el derecho de reunión y en la libertad de expresión, cuyo ejercicio colectivo en el espacio público constituye, según ha señalado nuestra Corte Suprema, uno de los pilares de la vida democrática”.

Además destacaron que, en el caso, la manifestación tenía por objeto la participación en un debate legislativo en curso, lo que la vincula además con el derecho a la participación política y con el rol de la protesta como “herramienta fundamental de la participación política” en el fortalecimiento de la vida democrática, según lo reconoce expresamente el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto, ponderaron que la represión a la protesta social en Argentina responde a “un patrón sistemático y reiterado, que reviste especial gravedad y exige del Poder Judicial una investigación que no se limite a la conducta individual de los efectivos actuantes, sino que alcance a las decisiones de política de seguridad que explican la reiteración de estos episodios”. Este patrón fue advertido por la Relatora Especial de las Naciones Unidas y consiste en el uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales y de detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas, así como disparos horizontales y a corta distancia sobre cabeza, rostro y cuello.

En conclusión, expusieron que “el Estado argentino tiene la obligación internacional de respetar, proteger, facilitar y garantizar ese derecho, así como de investigar con seriedad toda situación en la que agentes estatales hayan hecho uso desproporcionado de la fuerza, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad internacional agravada por reiteración de conductas ya señaladas por los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas”. Y destacaron que, “en ejercicio de la representación popular y en cumplimiento del deber de control republicano sobre el uso de la fuerza pública que la Constitución Nacional nos encomienda”, formulan la presentación “con el único objeto de poner a disposición del tribunal los estándares constitucionales, convencionales e internacionales expuestos, confiando en que serán tenidos en cuenta al momento de investigar lo ocurrido y resolver en consecuencia”.

En esta causa interviene el fiscal federal Franco Picardi, y acumuló sendas denuncias por los mismos hechos presentadas por la diputada Marcela Pagano y otras  personas, contra la cadena de mandos y las autoridades de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.