La fiscal María Alejandra Bonini solicitó la elevación a juicio de la causa por la muerte de Juan Cruz Leal y el intento de homicidio de su amigo Daniel Khune. En marzo el agente de Policía de la Ciudad Lucas Gómez les disparó cuando circulaban en su moto a un partido de fútbol. Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada en Ituzaingó consideraron que lo ocurrido debe ser calificado como  homicidio agravado. La Comisión por la Memoria es parte del proceso como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo alertó en su Informe Anual 2026, recientemente presentado, que el año pasado creció la violencia letal policial en la provincia de Buenos Aires, pasando de 135 casos en 2024 a 141 en 2025, la cifra mas alta de los últimos 10 años.

ANDAR en Ituzaingó

(Agencia) El policía acusado, Lucas Adrián Gómez, ya se encuentra con prisión preventiva ya que por su accionar y por otros antecedentes de violencia la medida había quedado ratificada por la Cámara de Apelación y Garantías de Morón. Ahora desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada en Ituzaingó, María Alejandra Bonnini solicitó la elevación a juicio del caso calificando los delitos cometidos por Gómez como homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa.

En la elevación a juicio la fiscal describe que Gómez “con el claro designio de darles muerte y abusando de su función como miembro integrante de la fuerza policial, con pleno dominio y control de la fuerza, sin mediar palabra”, disparó con su arma de fuego reglamentaria contra Juan Cruz y su amigo. Ambos recibieron disparos, Juan Cruz no sobrevivió. El crimen ocurrió a principios de marzo una noche en que Juan Cruz Leal iba en moto con su amigo a jugar al fútbol cuando se cruzó con el Policía de la Ciudad que estaba de franco y de civil pero armado y les disparó porque imaginó que podían ser ladrones. Diez meses antes de la muerte de Juan Cruz, Gómez había disparado y matado a otro joven en el marco de un presunto intento de robo.

En el pedido de elevación y a partir del material probatorio la fiscal concluyó que en este caso Gómez “actuó de manera irreflexiva, atentando contra la vida humana cuando debió en su condición de policía anteponer la preservación de ese bien jurídico por sobre todo” y que “está claro que la situación que dio origen al accionar de Gómez no facultaba en modo alguno al imputado a esgrimir su arma de fuego y menos aún a disparar”.  En su declaración testimonial durante la instrucción el imputado dejó constancia de que, de llegar a juicio, iba a solicitar que fuera ante un jurado popular.

El policía ya había sido responsable de otro episodio de uso letal de la fuerza en mayo de 2025; de civil y fuera de servicio, Gómez asesinó a un joven que presuntamente intentó robarle la moto, le disparó al menos 5 veces por la espalda. Esa causa sin embargo no avanzó y el policía siguió en funciones; diez meses después, asesinó a Juan Cruz.

La Comisión Provincial por la Memoria interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y representa también a Daniel, el joven que sobrevivió al ataque.

Con relación a los casos de letalidad policial, el organismo relevó en su Informe Anual 2026 que crecieron las muertes en PBA: ascendieron a 141 personas (100 de ellas menores de 30 años), contra 135 del 2024. Del total, 90 fueron cometidas por miembros de la Policía Bonaerense, 25 de la Policía de la Ciudad, 19 de la Policía Federal, 4 de la Gendarmería Nacional y 3 de la Prefectura Nacional. La mayoría -87 casos- fueron cometidos por agentes en actividad pero fuera de servicio o de franco, defendiendo bienes propios, lo que visibiliza nuevamente la necesidad de derogar el estado policial.

El Informe hace un análisis en 60 de estas causas judiciales seleccionadas aleatoriamente, mostrando la desproporción en el uso de la fuerza letal. Los policías reconocen haber disparado al menos 195 veces, contra 12 disparos realizados por los atacantes, que en ningún caso impactaron en los agentes policiales. 195  contra 12. Y de los 195 disparos policiales, 116 impactaron en los supuestos atacantes ingresando por la espalda cuando la persona huía. Los otros 79 siguieron su trayectoria, poniendo en riesgo a terceras personas, como fue el caso del niño de 7 años Thiago Correa, en La Matanza, asesinado por una bala policial mientras esperaba un micro sobre los hombros de su padre.