El lunes 4 de junio se realizarán las últimas declaraciones testimoniales para pasar a un cuarto intermedio hasta los alegatos y veredicto. En diálogo con ANDAR, el abogado Sebastián Pacilio, integrante de la Dirección Legal de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y representante de la querella en el juicio por torturas en la cárcel de Ezeiza, afirmó que “más allá de algunas maniobras dilatorias por parte de las defensas, la prueba producida hasta el momento es contundente. La teoría de los defensores (sostienen que las lesiones verificadas en Claudio Núñez y Lucas Mendoza fueron producto de una pelea con otros detenidos) de ninguna manera puede responder a la materialidad del hecho ventilado durante el debate”.

ANDAR en La Plata

(Agencia) Desde junio se llevarán a cabo las instancias finales del debate oral y público que tiene como imputados a 5 penitenciarios de la Unidad Penal Federal 2 de Ezeiza -Rubén Oscar Constantin, Jorge Enrique Puppo, Víctor Darío Salto, Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara- por las torturas provocadas durante la noche del 9 de diciembre de 2007 sobre Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, alojados en aquél momento en el pabellón B de la cárcel federal.

El juicio comenzó casi 11 años después de los hechos. La causa penal había sido archivada por la justicia argentina hasta que en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la reapertura de la investigación a fin de “determinar las eventuales responsabilidades penales” de los autores así como la de los funcionarios judiciales que habían iniciado la instrucción.

De allí que en 2015 los fiscales Sergio Mola, por entonces subrogante de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, y Claudio Pandolfi, de la Fiscalía ad-hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), solicitaron la elevación a juicio y, finalmente, en marzo de 2018 se inició el debate oral. Los fiscales de juicio son Horacio Galdós y Carlos Dulau Dumm y el Tribunal Oral Federal 1 está integrado por el presidente Alejandro Smoris y los vocales Pablo Vega y Germán Castelli.

“Esta es una causa muy importante por lo paradigmática. De las querellas por torturas que desde la PPN representamos, esta es una de las primeras que llega a juicio. Son causas que, por la participación de agentes del estado en contextos de encierro, tienen dificultades probatorias porque siempre hay pocos testigos presenciales -en general, la tortura se realiza en la intimidad que organiza el agresor y la víctima- y porque el que tortura procura no ser reconocido físicamente por la víctima. Es importante que los jueces tengan una amplitud valorativa y consideren el contexto de estos delitos graves”, afirmó a ANDAR Sebastián Pacilio.

Para el abogado de la querella, en el presente juicio “hay material probatorio de sobra que derrumba la teoría de la defensa”, acerca de una presunta pelea entre detenidos como causa de las lesiones verificadas en los cuerpos de las víctimas.

La versión de los imputados, de hecho, señala que Núñez y Mendoza se habrían peleado con dos “orientales” –detenidos de nacionalidad china- en el pasillo del pabellón, causando las lesiones que hoy se ventilan en el juicio. Fueron los mismos agentes penitenciarios los que se terminaron ubicando en el escenario de los hechos, ya que en sus declaraciones indagatorias afirmaron haber sido quienes detuvieron la pelea. Sin embargo, uno de los “orientales” declaró al inicio de la causa que la pelea jamás podría haber durado tanto ni ocasionado las heridas  que finalmente se constataron.

A partir de allí, en las primeras semanas del juicio se realizó, a pedido de los defensores, un careo entre uno de los detenidos de nacionalidad china y Lucas Mendoza. En ningún momento se contradijeron entre sí, ni generaron nuevos interrogantes.

Según el abogado Pacilio, una de las maniobras dilatorias en el desarrollo del debate oral ocurrió mientras declaraba, en una audiencia de mediados de mayo, el penitenciario que en el momento de los hechos era celador del pabellón B. Los defensores le quisieron preguntar al testigo cómo había visto a Núñez y Mendoza respecto a la condición física. Allí, sin dejar contestar la pregunta, intervino el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Alejandro Smoris, señalando que la respuesta podría ser autoincriminatoria.

Los defensores exigieron que se permitiera la respuesta y, al no prosperar su pedido, resolvió el tribunal por mayoría (con votos de Smoris y el vocal Pablo Vega) confirmando la negativa a escuchar la respuesta. Fue esta decisión la que derivó en un pedido de recusación por falta de imparcialidad contra ambos magistrados, lo que finalmente no prosperó.

Por otra parte, respecto a las declaraciones de los médicos que en 2007 examinaron a las víctimas de tortura, Pacilio consideró que “los que trabajan en la unidad penal de Ezeiza volvieron a señalar nunca vieron los traumatismos de las lesiones. Describieron las dificultades de su trabajo producto de las necesidades de seguridad en una cárcel, que implican la presencia de penitenciarios mientras los médicos realizan los chequeos. Es importante destacar que, si la causa se hubiera iniciado por torturas, en vez de apremios como se instruyó hasta llegar a la CIDH, tal vez habrían sido imputados”.

Distintos fueron los exámenes realizados por el médico de la PPN que revisó a Núñez y Mendoza días después de los hechos, así como los de los médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de la Nación. Ambos estudios coinciden en la gravedad de las heridas, especialmente las halladas en los pies de las víctimas que sufrieron el ‘pata-pata’, una práctica sistemática de tortura en cárceles.

“Para esta querella son muy valiosos los exámenes realizados por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema porque, más allá de registrar lo mismo que el médico de la PPN, nosotros somos querellantes y de allí que podríamos ser cuestionados por las defensas”, explicó Pacilio.

La próxima audiencia será el lunes 4 de junio. Serán las últimas 4 testimoniales (3 exdetenidos del pabellón B y un médico más que fue citado por fiscalía). Luego habrá un cuarto intermedio y recién la siguiente semana comenzarían los alegatos.