Un conflicto laboral en el sector de la pesca pone en evidencia la precarización de los trabajadores del sector. Una empresa vaciada, trabajo en negro, un sindicato y el Estado ausentes ¿Qué piden las trabajadoras de Argen Pesca y por qué ocupan la delegación del Ministerio de Trabajo marplatense?

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) Las trabajadoras de Argen Pesca reclaman hace 40 días el pago de indemnizaciones legales ocupando la delegación marplatense del Ministerio de Trabajo. Decidieron quedarse en el lugar en “audiencia permanente” hasta que alguien les dé una respuesta sobre su situación. Nadie contestó su reclamo, aunque sí hay funcionarios que se ocuparon en tramitar el desalojo del edificio ubicado en Luro casi España.

Ahora se encuentran en una mediación penal a la que llegaron a partir de la presentación de un habeas corpus por el peligro del desalojo y el hostigamiento policial. Esa presentación la realizó Julio Hikkilo, el abogado que acompaña el reclamo desde la Casa del trabajador. “Si bien esto puede tener una connotación de carácter penal por la ocupación de la sede del Ministerio, tiene una causa que es netamente laboral; en consecuencia, si atendemos a esa causa en su ámbito natural, que es el Ministerio de Trabajo, la resolvés y hacés cesar el conflicto”, aclara Hikkilo.

[pullquote]este conflicto no es un hecho aislado sino que estalla en el marco de las pésimas condiciones laborales y la situación social de la actividad[/pullquote]

“Veníamos avisando, se va, se va a ir, hagan algo, y dejaron que se fuera y ahora nos ofrecen un juicio a la nada, de una fábrica que cerró que no hay nada”, lamenta María Isabel. Las trabajadoras saben que ir por ese camino es perseguir un fantasma. Los juicios demoran entre tres y cuatro años, para cuando llega la sentencia son incobrables para los trabajadores porque la cooperativa a la que reclaman ya no existe y sus empresarios se declaran insolventes.

Sucede que este conflicto no es un hecho aislado sino que estalla en el marco de las pésimas condiciones laborales y la situación social de la actividad de los fileteros, envasadores, peones y demás trabajadores de la pesca en la ciudad de Mar del Plata.

El conflicto

“En diciembre, terminando el descabezado de la zafra, el empresario Jorge Giovanelli puso un cartel de venta afuera de la empresa y eso nos inquietó. Fuimos a preguntarle si se iba, pero él dijo que no, que quería evitar inspecciones, pero sabemos que nadie inspeccionaba la empresa. Hace más de 10 años que trabajamos ahí, la empresa exporta mercadería y jamás tuvimos ninguna inspección de ningún tipo. Entonces nos dimos cuenta que le estaba pesando nuestra antigüedad”, cuenta María Isabel que es trabajadora en el polo industrial de Mar del Plata y hace 11 años que se desempeña en la empresa Argen Pesca S.A.

FOTO: Revista Puerto

Alrededor de 200 obreras trabajaban en esa empresa, muchas desde hace alrededor de 14 años. Por eso se acercaron al Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) e iniciaron un reclamo laboral solicitando a su empleador la registración de sus contratos y el pago de haberes adeudados. El empresario les negó esa registración y el sindicato les sugirió que la única medida posible era tomar la fábrica con la mercadería. Sin embargo, las obreras iniciaron el camino de instancias legales para acceder a su derecho laboral, aunque aun así entre el 9 y el 23 de diciembre pasaron de ser 200 trabajadoras a quedar 93.

La situación continuó empeorando: entre fiestas vaciaron la planta, los empresarios se fueron con toda la mercadería y las trabajadoras consiguieron que el Ministerio de Trabajo llame a una audiencia. En esa instancia sólo se presentó un representante de la municipalidad que ofreció bolsones de comida y planes sociales “pero no es ése el propósito. No queremos planes, aunque no tenemos nada contra eso. Lo que queremos es que nos devuelvan la dignidad que nos robaron”, explica María Isabel. Así fue que el conflicto se trasladó de la fábrica a la delegación del Ministerio de Trabajo. María Isabel y sus compañeras vieron como el sindicato desapareció, la responsable del Ministerio con la que habían iniciado las negociaciones también y un funcionario de derechos humanos apareció para ocuparse de desocupar los pasillos.

“Nosotras no nos vamos a ir tan fácil, ni les vamos a romper todo como nos incitan a que hagamos porque no somos delincuentes, somos obreros que trabajamos 11 y 14 años en negro y necesitamos que vengan y alguien se haga cargo de esto”, dice María Isabel. Desde el análisis de Hikkilo la cuestión tiene tres ejes: “uno es el penal, que es lo que está desvirtuando un reclamo que es el origen del conflicto, por otro el reclamo de cobro de haberes e indemnizaciones y finalmente la salida laboral el día después del conflicto porque si no se transforman en nuevas desocupadas”. En ese sentido se está avanzando con la Secretaría de Empleo marplatense en diferentes alternativas para reinsertar a las trabajadoras en el mercado laboral.

“Pero oficialmente desde el Ministerio no hemos obtenido respuestas. Sólo nos hicieron saber que por decisión de la vice-ministro de Trabajo no se iba a convocar ni cooperar a los efectos de citar a los empresarios que era lo que pedíamos. Con esto bloquean la posibilidad de encontrar un ámbito adecuado para discutir las indemnizaciones y avanzar en ese sentido. Es una locura que tengamos que recurrir a la justicia para que obligue a los funcionarios del Ministerio de trabajo a hacer lo que por ley están obligados a hacer. Así el que está impidiendo el avance de la conversación es el estado”, denuncia Hikkilo.

En contexto

Lo que hacen las trabajadoras como María Isabel en su cotidiano es descabezar anchoítas que luego se exportan en barriles de 340 kilos. Para eso se tira a la mesa el cajón de anchoas, se les pone sal gruesa y el empleado con la mano les arranca la cabeza. Eso se tira en forma de flor con sal dentro de un barril que al completar los 340 kilos se le apoyan piedras de 25 kilos más que aplastan la anchoa con la sal y la cocinan. “De ahí se hace el famoso filet de anchoa”, explica Isabel, “el que comemos todos en la pizza”. La temporada de trabajo dura entre 7 y 9 meses al año, en diciembre termina ese proceso, en febrero se retoma con el filet cocinado y durante el invierno se realiza el envasado.

[pullquote]lo que hacen los empresarios del sector de la pesca es tercerizar la contratación de los empleados a través de cooperativas[/pullquote]

El problema es que para llevar adelante esta producción lo que hacen los empresarios del sector de la pesca es tercerizar la contratación de los empleados a través de cooperativas. La misma subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo reconocen 9.200 trabajadores afectados por esta situación en la industria pesquera, aunque desde los sindicatos se calcula un número mayor. Así es que los Tribunales de Trabajo del Departamento Judicial están inundados de reclamos laborales y sentencias contra estas cooperativas y las empresas por la reiteración de conflictos similares al de Argen Pesca.

“A estas cooperativas las crean a los fines de evadir sus obligaciones legales, como consecuencia del fraude que han implementado hacia los trabajadores del pescado” indica Hikkilo e Isabel lo describe “hay contratistas que hasta les hacen pagar los guantes a los empleados, porque estas ni son cooperativas sino contratistas que se esconden atrás de eso. Imaginate que en 11 años que trabajé yo cambió 3 veces el nombre la cooperativa: se llamó Redes del Plata, Pez Marcow y ahora se llama Ceferino Namuncurá”.

“Esta figura se crea nada más que a los efectos de evadir y abaratar costos laborales. Y, como en el caso de Argen Pesca, el Ministerio de Trabajo no hace lo que debe hacer y abona a un marco de impunidad y protección al empresariado de la pesca”, concluye Hikkilo que se reunió con la fiscalía general para radicar una denuncia en función de que se investigue a través de la evasión tributaria y fiscal la posibilidad del delito.

En un documento firmado por varios organismos, la Casa del Trabajador de Mar del Plata denuncia también a organismos como el INAES – IPAC, los entes encargados de controlar el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, porque no controlan eficazmente el buen funcionamiento de estas sociedades. A esto añaden que desde el estado sistemáticamente se asiste a los empresarios del sector con subsidios económicos, gasoil subsidiado, reducción en retenciones o condonaciones de deudas, y solicitan revisar la legislación local que promueve la radicación de empresas en el parque industrial General Savio de Batán para ajustar el respeto y cumplimiento de la normativa previsional y laboral vigente. “Protegen a los empresarios, no tenemos nada contra los empresarios, ojalá que crezcan mucho para que nos den trabajo, pero un trabajo digno, como tiene que ser”, concluye María Isabel.