En la mañana del lunes 22, una decena de policías junto a funcionarios del organismo de Niñez de la Provincia ingresaron al edificio del ex hogar materno Arullos donde 11 jóvenes en situación de calle habían pasado la noche. Acusados de robo sin demasiadas pruebas, diez niños y una niña fueron golpeados, esposados y trasladados a la comisaría 9ª. Tres de ellos, los únicos mayores de 18 años, continúan detenidos. Todavía no tuvieron asistencia legal de la defensoría pública y la fiscalía ordenó la detención sin tomarles declaración. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que no se garantizó el derecho a la defensa y que la detención irregular se hizo convalidando las actuaciones policiales.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Hace un año y dos meses, el hogar materno Arullos, el único dispositivo de Niñez de toda la provincia de Buenos Aires para madres adolescentes en situación de calle, cerró sus puertas por el grave estado edilicio; desde entonces, las obras de refacción que supuestamente se iban a hacer no se hicieron. Desde algunos meses, siete niños en situación de calle usaban esas instalaciones para dormir. Todos ellos, en algún momento, fueron intervenidos por el organismo de niñez, pero no lograron contenerlos.

A. se fue del hogar Márquez hace tres meses, L. hace un mes, E. también se fue; a D. lo echaron de ese mismo hogar hace tres meses. Hace tres meses también J. dejó el hogar convivencial para varones, C. se fue de ahí hace un año, pasó por el parador juvenil y desde hace dos semanas estaban en la calle, E. vive en la calle desde hace un año. Los funcionarios del organismo de Niñez los conocían.

Sólo uno de los siete niños y adolescentes es de La Plata, el resto vienen de localidades del conurbano. En su intervención, los dispositivos locales de niñez los remitieron a La Plata sin respetar ni trabajar el vínculo con su familia y el barrio. En ese contexto de extrema vulnerabilidad y abandono por parte del organismo de Niñez de la Provincia, se produjo el violento procedimiento policial del último lunes.

Como cada noche, los siete se juntaron en la Plaza España para entrar todos juntos sin generar alarma en el barrio; el domingo tres jóvenes que recién cumplieron 18 años y la novia de uno fueron a pasar las pascuas con ellos, uno de los tres es hermano de A. Esa misma noche, comenzaron a sentir que había policías merodeando la zona, incluso caminando por los techos del edificio.

A la mañana siguiente, unos diez policías de la comisaría 9ª junto a los funcionarios Pablo Zapata, director de Autonomía joven, y Gladys Pestillo, directora de programas del organismo provincial de Niñez, se presentaron en la puerta del ex hogar Arullos y reclamaron que salieran. Uno de los niños, cuando sale, es atrapado por los efectivos, golpeado, esposado y llevado al patrullero.

Los otros diez se esconden en el edificio. La policía ingresa y revisa el lugar hasta encontrarlos: estaban todos juntos en la misma habitación. Los arrastraron del cuello hasta dejarlos reducidos  en el suelo, y en todo momento fueron golpeados. Según la versión policial, estaban acusados por robo; en otro lugar de ese edificio se encontró material del Servicio de Atención Terapéutica Integral (SATI), una institución del organismo de Niñez que funciona en el mismo predio donde está emplazado el hogar Arrullos.

Los 11 niños y jóvenes fueron trasladados a la comisaría 9ª. Recién a media tarde, los siete niños y la adolescente fueron liberados y derivados a instituciones de distintos lugares de la provincia. Los tres adultos continúan detenidos por robo. Hoy la UFI 15 —a cargo de la doctora Cecilia Corfield—, antes incluso de tomarles la declaración 308, pidió al Juzgado de Garantías 5 la detención; la titular del juzgado, Marcela Garmendia, confirmó esas detenciones. Desde el momento de los hechos, los jóvenes no tuvieron asistencia legal.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presento en la comisaría y se entrevistó con los jóvenes. Además, envió una nota a la Defensoría 12, la de turno, solicitando que los jóvenes sean asistidos por la defensa pública. La CPM también realizó una presentación ante el Juzgado de Garantías que interviene denunciando que no se garantizó el derecho a la defensa y que las detenciones se hicieron convalidando las actuaciones policiales.

La CPM viene advirtiendo la extrema vulnerabilidad que padecen niños, niñas y adolescentes, y que se agrava aún más en un contexto de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema de protección y promoción de sus derechos y de recrudecimiento de las políticas punitivistas. Esta situación expresa de manera clara la crudeza de este sistema: niños abandonados por los dispositivos de niñez y perseguidos por las fuerzas de seguridad. Funcionarios públicos que, en lugar de ir con operadores de calle para conocer la situación de los jóvenes, acompañan y validan el procedimiento irregular y violento de la policía.