Continúa el cuarto tramo de la megacausa de lesa humanidad Saint Amant IV ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario. El juicio tiene 59 víctimas y 11 imputados, entre ellos cuatro ex agentes de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que tiene bajo su custodia y gestión el archivo de la DIPPBA, interviene como querellante en el juicio y aportó documentos de este archivo como prueba para el juzgamiento de los crímenes: “Con esos datos asentados en los archivos los grupos de tareas se juntaban y allanaban sus casas para secuestrarlos”, dice el abogado Gabriel Ganon.

ANDAR en la justicia

(Christian Madia para ANDAR) El primer tramo del juicio de lesa humanidad en la megacausa Saint Amant culminó en 2012 con la condena a Fernando Manuel Saint Amant, Antonio Bossie y Jorge Muñoz a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, entre otros. En ese momento, las causas fueron sobre la desaparición de personas de San Nicolás, aunque no fuesen nicoleños, por ese motivo el tribunal se mudó a esa localidad. En el segundo tramo Saint Amant II, en 2015, se amplió la investigación y fue un juicio que se podría considerar regional. Allí se logró que el tribunal itinere por las distintas ciudades: Pergamino, San Nicolás y San Pedro, lo que provocó que dichas localidades se transformaran en una caja de resonancia de los ocurrido. En 2020, debido a la pandemia por Covid-19, el tercer juicio, Saint Amant III, se llevó a cabo de manera virtual.

Desde el 25 de marzo de 2024 se realiza un nuevo tramo, Saint Amant IV, el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, a cargo de Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, argumentó “problemas técnicos” para trasladarse a San Nicolás; pero sí se ha logrado que los fiscales Adolfo Villatte y Juan Patricio Murray estuviesen in situ en las ciudades donde los testigos dan testimonio.

Anabel Longinotti es nicoleña. El 10 de agosto de 1976 fue secuestrada a los 15 años de edad, junto a su hermana de 19 y su padre, en su casa por miembros del Ejército. Tanto Anabel como su hermana militaban en la Federación Juvenil Comunista y su padre en el Partido Comunista Argentino. En primer lugar, los llevaron a un cuartel donde los interrogó el propio Saint Amant y su segundo, Antonio Bossie. Esa primera noche los trasladaron a la jefatura de la Policía Federal, donde no los pueden meter en ninguna celda, ya que todas estaban colmadas de presos políticos. Luego de una semana los liberaron bajo la figura de “libertad vigilada”.

En conversación con ANDAR, Anabel dice que “este juicio regional, donde hay víctimas de Baradero, San Pedro, San Nicolás, Pergamino y Ramallo, es importante porque quienes militamos en los años ’70 en el PC y en la Fede lo esperábamos desde hace tiempo, y ahora estamos comprendidos dentro de una causa llamada ‘Berg’”.

Los juicios de lesa humanidad son de suma importancia para cada testimoniante, porque hablan de sus propios cuerpos, pero también de otros, los de sus compañeros y compañeras que no pudieron salir de las mazmorras de los centros clandestinos de detención. “Los juicios son un espacio de acumulación de voluntad política. Son una trinchera de defensa contra el negacionismo, te permiten seguir hablando. Son un puente entre nosotros y las nuevas generaciones. Y, aunque finalicen, siguen hablando a través de los archivos de memoria”, sintetiza Anabel.

Los 11 imputados son Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás; el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada; los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA), Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en esta causa ya que los archivos del Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), los cuales están en custodia de la propia CPM, fueron fundamentales para el avance en este tramo del juicio. Estos archivos acreditan el modo en que los servicios de inteligencia de la policía bonaerense los utilizaban como insumo para secuestrar personas, pero también cómo los mismos agentes de inteligencia participaban de los operativos comandado por los grupos de tarea. Gabriel Ganon, es el abogado que representa a la CPM y menciona: “en San Nicolas hubo muchos procedimientos contra militantes del PC y de la FEDE que estaban mencionados en esos archivos”.

Durante las jornada del juicio quedó suficientemente comprobado, a partir de los testimonios de las víctimas, el accionar coordinado de las distintas fuerzas de seguridad que utilizaban como principal insumo los servicios de inteligencia de las diferentes localidades de la región, como Arrecifes, Baradero, San Pedro y San Nicolás. Ganon remarca: “la DIPPBA fichaba y perseguía a distintos grupos de personas que eran considerados “peligrosos” por la propia inteligencia, establecían cuáles eran sus domicilios y con esos datos se llevaban adelante los allanamientos ilegales. Así, los servicios de inteligencia detectaban militantes del Partido Comunista, dirigentes sindicales y peronistas, se les abría una ficha, se anotaban en esos legajos qué tipo de actividades desplegaban, a dónde iban, con quiénes se reunían, etc., con esos datos los Grupos de Tareas se juntaban y allanaban sus casas para secuestrarlos”. Estos archivos de la DIPPBA hoy son prueba fundamental en este cuarto tramo de la causa judicial.

En particular Ganon remarca los procedimientos desplegados contra el personal y el gremio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): “eso ocurrió en casi todas las localidades donde había personal del INTA que además pertenecía al gremio. Hubo una articulación de un despliegue para detener a estas personas y torturarlas. Hay testimonios que señalan sobre la destrucción de todo el conocimiento que se estaba generando en el INTA. Hubieron dos proyectos importantes: la generación de semillas argentinas modificadas, un proyecto que estaba desplegando el INTA y que fue desarticulado y destruido todos sus

archivos; y otro proyecto, también atacado y pulverizado, referido a aves de corral que se alimentaban con la materia prima del mismo lugar donde estas aves crecían”.

Respecto a lo que significan estas causas de lesa humanidad en el contexto actual negacionista / reivindicador del terrorismo de Estado por parte del gobierno de Javier Milei, Ganon reflexiona: “hay un intento de borrar lo ocurrido durante la dictadura de la memoria colectiva. Advierto que no hay una buena predisposición por parte del aparato judicial actual de proseguir con estos juicios, tratan de aletargarlos lo máximo posible. En esta causa, ‘Saint Amant IV’, las audiencias se desarrollan cada 15 días, en las que declara uno o dos testigos, esto lo hace muy engorroso. Solamente permanecen en la agenda pública por la voluntad y la militancia de los organismos y organizaciones de derechos humanos”.

Este aletargamiento del juicio se hace evidente y crecen las expectativas porque aun no se sabe cuándo será la fecha fijada para la sentencia y la ansiedad también crece entre las víctimas y familiares. “Nosotros entendemos que hay pruebas suficientes para condenar a los imputados. Los hechos han sido lo suficientemente probados y los testimonios contundentes, por eso esperamos que se haga justicia y los responsables sean condenados a la pena correspondiente. La sentencia probablemente sea el próximo año”, concluye el doctor Ganon.

El genocida Manuel Fernando Saint Amant fue teniente coronel y jefe del área militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Desde el primer tramo del juicio fue condenado a prisión perpetua. Murió el 12 de marzo de 2016 a los 86 años de edad, estando en prisión. El terror que imprimía Saint Amant en sus víctimas era feroz, se consideraba el jefe de la muerte y la vida de San Nicolás, además de esta localidad, su zona de represión abarcó los partidos de Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón y Pergamino, dependiente de la sub zona 13 del Primer Cuerpo del Ejército.

Antonio Federico Bossie, fue jefe de Inteligencia en 1975. En marzo de ese año fuerzas paramilitares y policiales cercaron la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y salieron a la cacería de obreros metalúrgicos que estaban en huelga desde 1974 a partir de la toma de distintas fábricas, por ejemplo la siderúrgica Acindar. Los trabajadores lograron por entonces una victoria contra la burocracia sindical de la UOM. Bossie comandó ese operativo represivo denominado “Serpiente roja del Paraná”, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a los trabajadores. Aquel hecho se lo conoció como “Villazo”. Bossie, quien estaba siendo juzgado, una vez más, en este nuevo tramo de la megacausa Saint Amant, murió el 5 de julio de 2024.

Anabel recuerda los días en que estuvo secuestrada junto a su familia y enfatiza: “fueron años anímicamente pesados. Ni a mi padre, ni a mi hermana, ni a mí nos torturaron con picana eléctrica y tampoco nos encapucharon; pero sobre el cuerpo sentíamos profundamente el miedo de no saber qué nos iba a pasar al minuto siguiente”.