La Comisión Provincial por la Memoria, en su condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, actuó como particular damnificado institucional en el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del juez Roberto Falcone, contra Jonathan Elías Cabrera, Sandra Vanesa Cano y Ariel Marcelo Estévez Pitrau, tres agentes de la bonaerense que en 2022 realizaron un simulacro de fusilamiento a dos jóvenes menores de edad luego de detenerlos ilegalmente, golpearlos y amenazarlos. El jurado dictó un veredicto condenatorio y se espera la fecha para la audiencia de cesura donde se conocerán las penas.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Los hechos sucedieron en septiembre del 2022. Los chicos en ese entonces tenían 14 y 16 años y salían de la casa de uno de ellos en el barrio Libertad de Mar del Plata. A unas cuadras, en ese mismo barrio, los cruzó un patrullero. Días antes uno de los jóvenes había discutido con uno de esos agentes, Jonathan Cabrera, durante un operativo; la segunda era Micaela Estigarribia. Mientras los palpaban contra el capot llegó un segundo móvil policial con Sandra Cano y Ariel Estévez. Ahí fue “donde arranca lo peor”, tal como declararon las víctimas en el juicio. Uno de los chicos recibió directamente una piña y le pusieron el arma en la cabeza.

Luego los esposaron y los subieron cada uno a un patrullero, pero desviaron el camino y en lugar de ir a la comisaría los llevaron a un descampado. Allí los hicieron bajar arrodillados, los golpearon, amenazaron y humillaron mientras se reían de ellos. “Vas a aprender a respetar a la policía”, les decían mientras les pegaban en la nuca; “pedí perdón”, exigían mientras les gatillaron el arma en varias oportunidades. Finalmente les ordenaron correr mientras les tiraban por la espalda con escopetas con postas de goma.

La Comisión por la Memoria definió estos hechos como torturas. Como particular damnificado institucional participó del debate oral en el que declararon los dos jóvenes y sus familiares, y durante el que pudieron contar los padecimientos y sus consecuencias. En este caso, además del fiscal Luis Ferreyra y la CPM, la querella estuvo integrada también por la defensora oficial María Fernanda Saumel, que se presentó como particular damnificado usando un mecanismo que habilita la ley en casos de violencia institucional y que no suele usarse, y por Romina Merino en representación de la subsecretaría de Derechos Humanos.

En el debate oral declararon peritos médicos y psicólogos, un vecino que salió de la calle justo cuando detenían a los adolescentes y que rápidamente se metió adentro luego de que los policías le gritaran “metete adentro que no hay nada para ver”. Uno de los testimonios más interesantes -además del de los jóvenes- fue el de la agente Micaela Estigarribia que desarrolló un relato coincidente al de las víctimas y adujo que en ese momento no pudo reaccionar frente a la violencia desplegada por sus compañeros de fuerza. Ella estuvo imputada en un primer momento y luego quedó sobreseída.

Sobre el momento de la detención, Estigarribia declaró que los jóvenes “no estaban haciendo nada” y que no se estaba cumpliendo un operativo de identificación. Que se los detuvo sólo porque Cabrera lo identificó y tuvo la intención de mortificarlo.

Sobre este punto, resultó de gran valor probatorio el análisis de las comunicaciones telefónicas; en los días previos los policías hablaron entre ellos sobre tomar represalias contra el joven que había discutido con Cabrera en un operativo policial anterior. Cano, por ejemplo, le había dicho a Cabrera que le avise cuando “quisiera hacer algo”, mientras que el propio Cabrera y Estévez se intercambiaron mensajes y fotos de la víctima, “ya lo voy a agarrar cagando sin papel”, se lee en uno de los mensajes a los teléfonos peritados.

En su declaración, Estigarriba añadió otra dimensión a lo sucedido que desde la CPM solicitaron se investigue. La agente contó lo siguiente: cuando los agentes quedaron aprehendidos luego de que avanzara la denuncia de la madre de una de las víctimas, los hacen bajar a la jefatura departamental antes de ir a declarar a la fiscalía. Allí estaban el titular de la dependencia, el jefe departamental y el superintendente, quien les dicen que era conveniente que tuvieran una defensa unificada, en un claro intento de encubrir el caso.

Ahora, para los tres imputados en este juicio el veredicto del jurado popular fue unánime en cuanto al delito de detención funcional ilegal y por mayoría de 11 votos en el caso de vejaciones.