Este miércoles 24, poco antes de cumplirse un mes del brutal ataque policial a una familia qom de la localidad de Fontana, Chaco, la fiscalía otorgó el arresto domiciliario a los cuatro policías imputados por allanamiento ilegal y vejaciones. La decisión fue tomada como una medida de prevención ante el riesgo de contagio de Covid-19 luego que se conociera la expansión de casos positivos en comisarías y cárceles de la Provincia. Las querellas adelantaron que apelarán la medida.

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(Agencia) El domingo 31 de mayo, alrededor de las 4 de la madrugada, un grupo  de policías de civil tomó por asalto la casa de una familia qom de la localidad de Fontana, muy cerca de Resistencia. Sin orden previa de allanamiento ni identificación, derribaron la puerta, le pegaron un culetazo a una mujer que preguntaba por el operativo y secuestraron a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad. En la comisaría 3ª, los golpearon y torturaron durante toda la noche; a las dos chicas, además, las manosearon y abusaron.

El oficial subayudante Cristian Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera están imputados por vejaciones y allanamiento ilegal. Menos de un mes después del brutal ataque, los cuatro policías recibieron el arresto domiciliario.

El fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera y la fiscal subrogante de la fiscalía especial penal de Derechos Humanos de Chaco Lilian Irala tomaron la decisión por el riesgo de contagio ante el avance de casos de coronavirus en comisarías y unidades penitenciarias de la provincia. La medida había sido solicitada por el abogado defensor de los policías, Justo Mencia. En el pedido, Mencia sostenía que uno de los policías integra la población de riesgo y el resto se encontraban alojados en una unidad donde ya se habían presentado casos de Covid-19.

Sin embargo, luego de conocerse la medida, las querellas adelantaron que apelarán la decisión: “No existe ningún agravamiento de las condiciones de detención ni peligrosidad porque no son sujetos de riesgo. Y en todo caso que sean trasladados a unidades donde sean asistidos”, remarcó Silvio Del Balzo, presidente del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, organismo que se presentó como querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

Mientras tanto, con el avance de la investigación judicial, los policías imputados podrían afrontar una nueva acusación por la detención ilegal de la joven menor de edad. Según informaron a la fiscalía, el Juzgado de Menores que estaba de turno el día del ataque a la familia no autorizó el alojamiento de la chica en la dependencia policial.

El allanamiento ilegal, el secuestro, torturas y abuso contra los jóvenes de la familia qom es parte de una escalada de violencia policial contra la comunidad. Luego del hecho ocurrido el 31 de mayo pasado, referentes del barrio relataron que frecuentemente son víctimas de malos tratos por parte del personal de la comisaría 3ª de Fontana, motivado fundamentalmente por su pertenencia a la etnia indígena Qom, y que no es la primera vez que son agredidos por las fuerzas policiales. Una práctica reiterada que esta vez se hizo pública mediante la viralización del video que registró el momento en que los policías ingresaron a la vivienda de la familiara Fernández—Saravia.

Las víctimas recordaron que, cuando estuvieron detenidos en la dependencia policial, los rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlos fuego mientras les decían “indios infectados”.