ANDAR en Latinoamérica

Más de 50 organizaciones sociales y de  derechos humanos, entre las que se encuentran la Comisión por la Memoria y el CELS, instaron a los ministros de Seguridad de la  región a revisar la orientación de las  políticas de drogas que se implementan en el  continente. Lo hicieron en una carta dirigida a la 4° Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) que se realizará en Medellín el  próximo 21 y 22 de noviembre.

En el documento  se destaca la importancia de continuar los compromisos  asumidos por los Estados en la Declaración de Antigua de 2013, “Por una Política Integral Frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas”,  y la necesidad de que las políticas de drogas tengan  a la reducción de la violencia y a los derechos  humanos como elementos centrales.
Además, las organizaciones criticaron el actual escenario regional,  al que caracterizaron como “marcado por las políticas prohibicionistas y la guerra contra las  drogas” y resaltaron la necesidad de debatir cambios  en la respuesta estatal, separando claramente las cuestiones
que afectan a la seguridad de las políticas  sanitarias.
Entre otras medidas, en la carta se recomienda la implementación de políticas orientadas a mejorar las investigaciones  judiciales frente al crimen organizado y la  corrupción policial, la revisión de la  proporcionalidad en las penas por delitos vinculados con  drogas incorporando la perspectiva de género, la  descriminalización del consumo y el fortalecimiento  de los mecanismos de prevención y tratamiento para  las personas con consumos problemáticos.
También, se plantea el rechazo a la  utilización de las fuerzas armadas en operativos
antidrogas.