Néstor “Lito” Costilla murió el 7 de octubre del año pasado, según la versión policial, en un accidente cuando circulaba en su moto. Sin embargo, el registro de las cámaras de la zona muestra que en los momentos previos a su muerte, los efectivos de la Policía bonaerense Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez, a bordo de dos motocicletas, iban siguiendo el recorrido del joven. La familia siempre creyó que se trató de un crimen policial; a casi 11 meses, con la prueba recopilada en el expediente, la causa pasó a una fiscalía de delitos dolosos dejando de considerarse un accidente. La CPM se presentó como Particular Damnificado Institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en La Plata  

(Agencia Andar) “Es por lo que veníamos peleando, desde el primer momento sabíamos que no fue un accidente y queríamos el cambio de carátula. Sabemos que es muy difícil, que cuesta creer en la justicia, pero estamos yendo con la verdad y necesitamos saber qué le hicieron a Lito”, dice su hermana Daiana Rodríguez en diálogo con ANDAR.

La causa por la muerte del repartidor Néstor “Lito” Costilla, que tramitaba en la fiscalía N° 10 de delitos culposos de La Plata con la carátula de “averiguación de causales de muerte”, pasó esta semana a la UFIJ N° 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta. El cambio de fiscalía es un reconocimiento al reclamo de la familia y confirma que existen pruebas suficientes en el expediente judicial para que el hecho se investigue como un homicidio.

El 7 de octubre del 2020, cerca de la medianoche, Néstor “Lito” Costilla murió cuando volvía en moto a su casa luego de dejar a un amigo; su cuerpo quedó tendido sobre la vereda de 524, entre 120 y 121. La versión policial dijo, desde el primer momento, que se trató de un accidente, que el joven circulaba a alta velocidad, perdió el control del rodado tras agarrar un bache, salió impulsado de la moto y murió por las heridas ocasionadas al golpear con el suelo.

Hay dos pruebas fundamentales en la instrucción judicial que terminaron por derribar esta hipótesis: por un lado, la pericia que determinó que la moto de Lito circulaba a una velocidad no mayor a los 25 km/h; un siniestro a esa velocidad no explica las graves heridas que presentaba el joven y que derivaron en su muerte.

La otra prueba es la que centra la mirada de la investigación en la actuación policial. En el registro de las cámaras de seguridad de la zona, se observa que los agentes de la Policía Local de La Plata Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez, a bordo de dos motocicletas, siguieron el recorrido de Lito durante varias cuadras; en esa persecución, una de las motos policiales apagó su luz delantera y la otra se metió en contramano por la rotonda de la autopista.

Los tres policías excedieron significativamente la jurisdicción que estaba dispuesta para el patrullaje preventivo en esa jornada y, en ningún momento, avisaron por radio que estaban siguiendo a alguien.

Otras notorias irregularidades tampoco pudieron ser explicadas por los efectivos, sindicados como los posibles autores del homicidio. Antes de que los vecinos pudieran dar aviso al 911, Aquino, Rodríguez y Martínez llegaron al lugar. Según sus declaraciones, un transeúnte los había parado para decirles que había una persona sin vida en la calle. Sin embargo, no hay registro en las cámaras de la zona que demuestren que ese encuentro haya ocurrido y, por otra parte, tampoco hay registro de quién era el testigo porque los policías nunca tomaron sus datos personales.

Por otra parte, también se comprobaron irregularidades en el acta de las primeras diligencias investigativas: el acta de procedimiento inicial no se encuentra rubricada por el testigo de procedimiento, quien además señaló con posterioridad que lo relatado en ella no era coincidente con lo ocurrido.

A partir de estas y otras pruebas en el expediente, el titular de la UFIJ N° 10 Carlos Vercellone ya había reclamado que el expediente pase a una fiscalía de delitos dolosos; en ese momento, la decisión fue rechazada y le reenviaron el expediente. Ahora, a 11 meses del hecho, la justicia ordenó el traspaso de la causa.

“Sentimos que hubo un cambio en la investigación y en la respuesta de funcionarios judiciales cuando la familia comenzó a recibir el acompañamiento de organizaciones y organismos como la Comisión. Y que la Comisión se presentara en la causa significa para nosotros, como familia, un inmenso alivio y nos hace sentir que no estamos solo”, valora Daiana Rodríguez.

En paralelo a la causa penal, tramita también una investigación administrativa en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los tres policías debían presentarse a declarar en el marco de ese trámite pero no lo hicieron.