(Agencia Andar) Una semana después de que se conocieron las imputaciones de la presidenta del Consejo Escolar de General Alvarado, Carolina Palacios, la vicepresidenta Adriana Parodi y el tesorero, Fernán Gorostiza, y también de Ezequiel Bravo, el prestador para la limpieza de tanques, desde el área educación del gobierno bonaerense oficializaron su intervención con la designación Emanuel Ocaranza, quien estaba actuando como avocador hasta el momento.

Los delitos de los que se acusa son defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en, al menos, tres establecimientos educativos de Mar del Sud, que comparten el mismo predio y pozo de agua: la Escuela de Educación Primaria N°2, la Escuela de Educación Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910. “A sabiendas del informe que mostraba la no potabilidad del agua por presencia de pseudomonas y escherichia coli, con el antecedente de la saturación de los pozos, la cercanía con el pozo de agua potable, los reclamos que realizaban los padres por enfermedades como gastroenteritis, vómitos, diarreas y sarpullidos, los funcionarios, con la intervención del contratista, habilitaron a que se distribuya agua no potable disimulando su carácter nocivo, aparentando que era potable y apta para consumo a la comunidad educativa integrada por niñas, niños y adultos docentes y no docentes”, acusó el fiscal federal Carlos Martínez, titular del área de Investigación y litigio de casos sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, al presentar la imputación tras de cinco meses de investigación.

“Desde educación están tomando conciencia realmente de lo que ha pasado por primera vez. Tuvimos una reunión, como tantas otras que hemos tenido, bastante áspera pero con un cambio de postura, ahora muestran este reflejo”, valora Norberto Lamelas. Él viajó hasta Mar del Plata con los certificados que les habían dado las autoridades y contradecían el estudio privado que pagaron desde la cooperadora, y comprobó las sospechas de que eran falsos.

“El último verano estaba el compromiso municipal de que iba a hacer un nuevo pozo ciego. Dijimos ‘seguro lo hacen en las vacaciones’ pero llegaba la fecha de las clases y nadie había hecho nada, por eso desde cooperadora pedimos el análisis del agua. Nos quisieron deslegitimar, decir que la cooperadora no tenía que hacer eso. Todo esto pasó a tres días de iniciadas las clases. El fin de semana siguiente estábamos los papás iniciando un nuevo pozo”, recuerda Lamelas. Como lugareños sabían que al no tener agua corriente ni cloacas en la zona los pozos ciegos suelen llenarse, “nada mide antes ni te avisa. Y cuando se llena viene el camión. Sabíamos que cuando pasaba eso en la escuela se rebalsaba hacia adentro, entonces toda esa agua terminaba incluso inundando la cocina”, explica el hombre.

Ellos comenzaron a presionar para que las autoridades fueran a la escuela a una asamblea con los padres y les garantizaran agua segura. Ahí apareció el estudio que mostraron como oficial con firma y referencia de la Universidad de Mar del Plata. Pero una de las mamás es bioquímica y rápidamente notó sus falencias. “Y estábamos nosotros explicando esto a las autoridades y hacían oídos sordos. La jefa distrital le dijo a una madre porque si nos negábamos a llevar al chico a la escuela la iba a citar y denunciar judicialmente. Ellos a nosotros. Era más fácil echarle la culpa a un grupo de padres locos que tomar real dimensión de lo que estaba pasando”, se indigna Lamelas.

Buscaron llegar a otras autoridades sin respuesta y, tras comprobar la falsificación, hicieron la denuncia ante la justicia. “Lo último que denuncié en fiscalía es que las familias van a la salita ante el último comunicado que admite que el agua no era apta para consumo, la consultan a la pediatra, les ordena hacer los estudios y desde la municipalidad les rechazan los estudios. Les dicen que solo los autorizan para quienes tengan en la actualidad diarrea”, agrega.

En la investigación surgió el uso de otros cinco documentos apócrifos elaborados para el polo educativo en cuestión, y el contratista está siendo investigado por su actuación en relación con otros 98 informes de distintos establecimientos educativos del partido que también podrían ser falsos, confeccionados entre los años 2021 y 2024. Esto no implica que todas las escuelas están contaminadas pero sí que no se han hecho los controles adecuados. O sea, no se sabe la calidad del agua que se está proveyendo en las escuelas de la zona.

“Como buena noticia lo que podemos contar es que ahora las autoridades escucharon lo que veníamos diciendo sobre que había que hacer las obras para cambiar las cañerías de la escuela, porque la limpieza de los tanques no basta. Incluso los papas ya dijimos que ponemos la mano de obra, ellos se van a hacer cargo de los materiales”, señala Lamelas.

“Me han hipotecado la tranquilidad sobre la salud de mi hijo. Porque no sabemos cómo pueden impactar estas bacterias en sus organismos. Será la justicia la que determine las responsabilidad, fueron quienes nos escucharon y más, nos contuvieron, el trabajo de la fiscalía es impecable”, concluye.