Octavio Buccafusco fue interceptado por agentes de la patrulla municipal de Vicente López y de la Policía bonaerense que lo golpearon y lo terminaron matando. Un video lo registró cómo lo rodean cuando se desplazaba con su bicicleta y su perrito en brazos de manera pacífica, lo tiran al piso, lo golpean y se arrodillan sobre él asfixiándolo hasta asesinarlo, sin que él reaccione a esa violencia. Por el hecho ocurrido hace 10 meses, el fiscal Alejandro Guevara llamó a indagatoria a los funcionarios involucrados, pero increíblemente calificó el hecho como homicidio culposo, como si se tratara de una muerte accidental. La familia de Octavio y la Comisión Provincial por la Memoria, que interviene como particular damnificado institucional (PDI) en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, requirieron que los funcionarios responsables sean indagados por el delito de homicidio agravado, por haberse cometido por funcionarios públicos en abuso de su cargo o función, en concurso con vejaciones.

ANDAR en Vicente López

(Agencia) La madrugada del 3 de septiembre de 2025, en la localidad de Vicente López, Octavio Buccafusco convocó a un móvil municipal a su domicilio luego de que sintiera que alguien había querido ingresar a su casa. Como no logró que lo asistieran, decidió irse a la dependencia policial más cercana pero en el camino fue interceptado por el patrullero con los mismos agentes de la Patrulla Municipal y de la policía de la Provincia de Buenos Aires que habían desestimado su denuncia. Ese cruce derivó en su muerte. Lo golpearon y asfixiaron hasta asesinarlo.

El caso tomó trascendencia y alcanzó los titulares por unos días. Ahora las novedades sólo transcurren con los tiempos – muy lentos- del expediente judicial. Augusto, el hermano de Octavio, sigue de cerca la causa acompañado de un abogado querellante y de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participa de la causa en calidad de Particular Damnificado Institucional.

A 10 meses de los hechos, el fiscal a cargo de la instrucción, Alejandro Adrián Guevara, llamó a declaración indagatoria a los policías y agentes involucrados bajo una hipótesis de homicidio culposo.  Aquí es donde surge una profunda diferencia con la parte querellante. “El fiscal dice que es homicidio culposo, lo cual nosotros no creemos porque culposo es cuando una persona no sabe lo que está haciendo. Acá sabían que a una persona si la tenían boca abajo durante tanto tiempo aplastada entre cuatro corre peligro su vida, podían imaginarse y aún así decidieron hacerlo igual”, dice Augusto en diálogo con ANDAR.

Lo ocurrido esa noche quedó registrado en las cámaras de seguridad que muestran a los agentes golpeandolo y con sus rodillas sobre Octavio mientras él permanece inmóvil tirado en el piso, boca abajo. “Cuando ves una persona que está en una situación de salud mental, o en un estado de consumo, o que no tiene que ver con una persona que está en sus cabales, entonces lo tenés que tratar de otra forma, tenés que llamar a alguna ambulancia para que lo puedan medicar. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer antes de acudir a la violencia, pero ellos acudieron a la violencia y terminaron asesinándolo. Cuando ellos salen de arriba de Octavio él no se mueve más”, relata el hermano de la víctima.

El fiscal se basa en una primera autopsia que arrojó que la muerte de Octavio fue multicausal. “Desde la asesoría pericial establecieron una posición más genérica. El fiscal con ese informe de autopsia establece que no puede determinar causalmente que el mecanismo de la muerte esté determinado por el accionar de los agentes”, explican desde el equipo de abogados de la CPM. Desde el organismo plantean que ese primer peritaje no analiza las lesiones teniendo en cuenta el contexto donde la muerte se produce, por eso sumaron el análisis de un perito de parte, Marcelo Leonardo Nienkes, que determinó que la muerte de Octavio se trató de una asfixia por sofocación posicional, vinculada a la intervención irregular de los funcionarios.

“Lo estaban reteniendo sin ninguna razón porque él no estaba ni siendo agresivo ni estaba en un estado hostil, ni nada. Él les estaba hablando y cuando él se quería ir, le agarraban la bicicleta, se la sacaban. Él estaba pasando por un momento complicado de salud mental y bueno, no supieron ayudarlo. Se cruzó con las personas equivocadas. En vez de ayudarlo, lo confundieron con un ladrón. Lo trataron de la peor manera”, considera Augusto, su hermano.

“El fiscal de alguna manera justifica la intervención de la policía y de los agentes de seguridad municipales. Acá, los encargados de hacer cumplir al ley intervienen de una manera abusiva, porque no había ninguna justificación legal para hacerlo, y aun cuando existiera la forma en que lo hicieron fue absolutamente desproporcionada e irrazonable. Y es el mecanismo que genera las lesiones. Son esas lesiones lo que le permiten al perito de parte llegar a la conclusión de la asfixia”, agregan desde la CPM.

El organismo sostiene en un escrito presentado en la causa que se trata de un homicidio agravado por haberse cometido por funcionarios públicos en abuso de su cargo o función en concurso con vejaciones. En su presentación argumentan por qué puede probarse que el accionar de los cuatro efectivos desencadenó la muerte de la víctima y que su comportamiento resultó “injustificado y desmedido” frente a una persona que debían contener porque estaba exaltada pero sin representar peligro para sí ni para terceros.

“Es una persona, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya consumido o en el estado que esté. No importa. Lo tenés que tratar con una persona. Ni a un animal podes tratar así, y a mi hermano lo trataron como una basura directamente y lo terminaron matando”, cierra Augusto.