El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a 17 acusados por los delitos  de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 como represalia de la pueblada conocida como el Villazo, que sucedió en 1974 en Villa Constitución. Se estableció el día 6 de febrero de 2026 a las 20 horas para la lectura de los fundamentos.

ANDAR en Rosario

(Agencia Andar) El Tribunal, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a los 17 acusados: el ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y un ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo; los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio y los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el ex oficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evalúa Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares.

“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, amplía la abogada.

La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, agrega.

Los hechos ventilados durante el debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar. Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de esa fábrica.