Durante la noche del 1° de noviembre Cristian Moyano fue sacado por cinco agentes penitenciarios de su celda en el pabellón E1 de la Unidad Penitenciaria 24 del Servicio Penitenciario Bonaerense ubicada en Florencio Varela. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal Christian Granados, fue arrastrado por los pasillos que conectan el pabellón con el sector de control y golpeado en distintas partes del cuerpo, muchas en zonas vitales, antes de ingresar al sector de sanidad. Con el informe de la autopsia, el testimonio de otras personas detenidas y funcionarios penitenciarios, el fiscal imputó a los agentes por homicidio agravado por haberse cometido con alevosía, ensañamiento y por ser los autores miembros de una fuerza de seguridad pública. El juez de Garantías Julián Busteros ordenó las detenciones. Moyano presentaba una fractura del 7° arco costal y 24 lesiones externas en todo el cuerpo: hematomas, excoriaciones, marcas compatibles con sujeción en las muñecas y marcas lineales en el cuello; según el informe previo de la autopsia realizada por los peritos del Ministerio Público Fiscal la muerte se produjo por “mecanismo violento”. En las últimas horas, el juez también aceptó a la Comisión Provincial por la Memoria como particular damnificado institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en las cárceles

(CPM) José Berón, Cristian Cantarelli, Jonathan Mereles, Juan Marcelo Tabes y Braian Tudo son los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que están imputados y detenidos desde este lunes por el brutal asesinato de Cristian Moyano, una persona que se encontraba detenida en la Unidad Penitenciaria 24 de Florencio Varela. El informe de autopsia, realizado por el médico perito Marcelo Dabbah de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, reveló que Castillo presentaba una fractura del 7° arco costal y 24 lesiones externas en todo el cuerpo: hematomas, excoriaciones, marcas compatibles con sujeción en las muñecas y marcas lineales en el cuello.

En el requerimiento de detención de los agentes penitenciarios involucrados, el titular de la UFI 9 de Florencio Varela, Christian Granados, consideró que los imputados actuaron con “la intención de causarle la muerte, actuando sobre seguro al dejar a la víctima en total estado de indefensión en razón de la superioridad numérica y la nocturnidad obrante en el lugar, causándole además un sufrimiento desmedido”.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho que hizo el fiscal, entre las 21 y 22 horas del pasado 1° de noviembre Castillo, que estaba alojado en la celda 13 del pabellón 1E de mediana seguridad, fue sacado por la fuerza por los agentes penitenciarios, arrastrado por los pasillos que conectan el pabellón con el sector de control y golpeado en distintas partes del cuerpo, muchas en zonas vitales, antes de ingresarlo al sector de sanidad.

Por la magnitud y la cantidad de lesiones, el fiscal Christian Granados imputó a los cinco penitenciarios por el delito de homicidio agravado por haberse cometido con alevosía, ensañamiento y por ser los autores miembros de una fuerza de seguridad pública. Este lunes, el Juzgado de Garantías N°5 de Florencio Varela, a cargo de Julián Busteros, ordenó las detenciones que habían sido solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El magistrado valoró especialmente los testimonios de las otras personas detenidas que coincidieron en que la víctima fue retirada caminando por sus medios de su celda y que no había tenido ningún problema con el resto de los detenidos. También las declaraciones de la enfermera del CAS 32 perteneciente a la Dirección de Salud Penitenciaria, quien observó los signos de violencia que presentaba Moyano y el nerviosismo de los agentes involucrados, y el del director de la Unidad, Pablo Guillermo Gómez, quien declaró que los penitenciarios no pudieron explicar de forma coherente ni certera lo que había pasado con la víctima.

En las últimas horas, el juez de Garantías Busteros también aceptó como particular damnificado institucional a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La resolución reconoce a la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, destacando su rol institucional en la promoción de acciones judiciales ante hechos de violencia institucional y muertes bajo custodia estatal.

Este hecho da cuento de la violencia estructural y la práctica sistemática de la tortura que la CPM viene denunciando en las cárceles provinciales desde hace dos décadas. El año pasado el jefe de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos, Rafael Herrera, y el sub jefe de Vigilancia y Tratamiento, Sergio Ceballos, fueron condenados por las torturas y asesinato del detenido Gastón Ayala Aquino.