Mariano Javier Oteiza Hernández tiene 40 años, está alojado en la Unidad Penal 9 de La Plata del Servicio Penitenciario Bonaerense y desde 2021 tiene un diagnóstico de pseudoartrosis en la pierna izquierda y osteomielitis crónica, entre otras graves afecciones. En estos años no ha recibido atención médica adecuada ni la medicación prescrita por sus médicos o la asistencia física para desenvolverse en el contexto de encierro, lo que ha profundizado su padecimiento y el riesgo creciente de una amputación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección al tener por acreditada la gravedad, urgencia e irreparabilidad del caso que fuera presentado en mayo pasado por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por esta razón ordenó al Estado que se le proporcione con urgencia el tratamiento médico prescrito.

ANDAR en las cárceles

(Agencia/CPM) En su resolución 63/2025 del 11 de septiembre pasado, la CIDH confirmó que Oteiza Hernández se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable”.

En ese marco ordenó al país que se le proporcione el tratamiento médico prescrito de forma oportuna y adecuada, así como la gestión efectiva de los turnos médicos requeridos; que se acuerden las medidas a adoptarse con Oteiza Hernández y su representante; y se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

Para el cumplimiento de esta resolución, la CIDH dio al Estado 15 días consecutivos para que informe de manera fehaciente sobre la adopción de medidas cautelares requeridas y actualice esa información de forma periódica.

El caso fue presentado el 27 de mayo pasado por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) luego de años de intervención en el caso y múltiples presentaciones judiciales y administrativas que no tuvieron la respuesta que la gravedad del caso amerita. Mariano Javier Oteiza Hernández estuvo inicialmente alojado en la UP 46 de San Martín y en la actualidad en la UP 9 de La Plata. Desde 2021 Mariano tiene un diagnóstico de pseudoartrosis en el miembro inferior izquierdo y osteomielitis crónica, a causa de un accidente que le provocó fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. En enero de aquel año tuvo tres cirugías en el Hospital Sanguinetti de Pilar pero luego ya no fue trasladado para distintos turnos de tres cirugías adicionales que habían sido programados en el mismo hospital. Fue el inicio de un declive constante en su estado de salud y en la posibilidad cada vez más próxima de que tuvieran que amputarle la pierna afectada.

En efecto, durante los años posteriores, Salud Penitenciaria no le garantizó el tratamiento con antibióticos, analgésicos, protector gástrico ni insumos médicos. Tampoco contó con personal sanitario para realizar las curaciones, por lo que él mismo tuvo que hacerlo sin los elementos necesarios. Todo esto hizo que su cuadro clínico empeorara, presentando infecciones recurrentes, osteomielitis crónica y fístulas con tejido óseo visible por donde le empezó a salir gran cantidad de pus.

El 17 de enero de 2023, después de dos años de espera, fue internado en el Hospital Sanguinetti y sometido a nueve intervenciones quirúrgicas que mejoraron la salud de su pierna pero, por falta de medicación y asistencia médica en la UP 46 a la que había sido trasladado luego de las operaciones, volvió a deteriorarse su situación.

El 19 de julio del mismo año la CPM alertó que Mariano fue trasladado al Hospital Bocalandro, donde le advirtieron que la infección había comprometido el tejido óseo por lo que la pierna, una vez más, corría riesgo de amputación. Por eso, a finales de 2023 fue trasladado a la Unidad Penal 9 con el objeto de que pudiera recibir atención médica integral.

Pero la falta de asistencia médica y de provisión de medicamentos no se resolvió sino que incluso empeoró: allí no tiene una cama, sufrió robo de pertenencias y agresiones físicas y verbales por parte de otro detenido y del subjefe de la unidad penal.

El progresivo deterioro de su salud nunca se detuvo: en julio de 2025, fecha de la última vez que la CPM se entrevistó con él previo a la presentación ante la CIDH, se pudo constatar la persistencia de su afección principal en la pierna izquierda, sumado a otros problemas como la aparición de sangre en sus heces, hemorroides, “manchas blancas” en la visión y entumecimiento y calambres en ambas piernas. Mientras la CIDH trataba el caso, la CPM volvió a verlo en más de una oportunidad, la última fue el pasado 15 de septiembre y Mariano continuaba en la misma situación.

Con todos estos antecedentes y registros –que no pudieron ser contrastados y negados por el Estado bonaerense bajo cuya custodia se encuentra la persona aludida- para la CIDH ha quedado acreditada la gravedad, urgencia e irreparabilidad en torno al caso que ya lleva más de cuatro años de falta de atención médica oportuna, existiendo un riesgo cierto e inminente de que dicha situación evolucione hacia la amputación de la pierna afectada, configurando un daño irreparable a su salud e integridad personal.

Desde hace muchos años la CPM viene requiriendo el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la órbita del Ministerio de Salud provincial para integrarse en un pie de igualdad con la política sanitaria pública. Los déficits señalados reiteradamente que impactan en el aumento de la mortalidad de personas por cuestiones de salud no asistidas requieren de medidas urgentes y adecuadas. Conforme el último Informe Anual 2025 El Sistema de la Crueldad XIX presentado recientemente por este organismo, de las 286 personas fallecidas en cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y con monitoreo electrónico, 9 de cada 10 fueron por esta causa.