Tras 12 años de impunidad, 17 agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) son juzgados por su responsabilidad en la Masacre de Magdalena, uno de los peores crímenes en la historia del sistema de encierro en la provincia. Durante la primera audiencia, la fiscalía sostuvo la acusación, y los sobrevivientes declararon que los agentes del SPB, cerraron con candado la reja que les hubiera permitido escapar de las llamas y no hicieron nada para socorrer a las 33 personas que quedaron encerradas en el pabellón 16 una vez que se desató el incendio y murieron. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participa como particular damnificado, en representación de la familia de los hermanos Granados Baldovino.

ANDAR en la Justicia

“El Estado nunca se acercó, nunca nos dio una respuesta y fue muy difícil llegar hasta acá. Lo hago por nuestro hijo que tenía 4 años, y casi no llegó a conocer a su padre”, dijo Carolina, mujer y cuñada de dos de las víctimas que murieron en la Masacre de Magdalena el 16 de octubre de 2005. Recién, 12 años después, comenzó el juicio contra 17 agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por la responsabilidad en el hecho. Mientras tanto, los responsables políticos de la Masacre siguen gozando de impunidad.

“El Estado nunca se acercó, nunca nos dio una respuesta y fue muy difícil llegar hasta acá”, dijo Carolina, mujer y cuñada de dos de las víctimas que murieron en la Masacre de Magdalena.

Al comenzar las audiencias la fiscalía de juicio, a cargo de la Dra. Florencia Budiño, sostuvo la acusación sobre los imputados por “abandono de personas seguido de muerte” y “homicidio culposo agravado”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a las familias de los hermanos Granados Baldovino, acompañó ese requerimiento. Los integrantes del organismo, Roberto Cipriano García y Ernesto Alonso, y la directora general Sandra Raggio, estuvieron presentes durante el desarrollo de la audiencia para sostener el reclamo de justicia que la CPM viene exigiendo desde el primer momento.

La jornada de ayer marcó el inicio de un juicio que se extenderá hasta noviembre. Los 17 funcionarios y agentes del SPB imputados, sobrevivientes del pabellón 16 y más de 400 testigos pasarán frente al Tribunal Oral en lo Criminal N 5 de La Plata —integrado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena—. Además, de la prueba testimonial, hay una gran cantidad de informes periciales que forman parte del expediente judicial.

En esta primera audiencia, tras la lectura de la elevación a juicio, comenzaron a declarar las personas que estaban alojadas en la Unidad Penal 28 de Magdalena el día de la masacre; entre ellos, detenidos que salieron  del pabellón 16 antes de que el SPB cierre la puerta, una vez que el incendió ya se había iniciado. Los primeros testigos confirmaron que, ante un conflicto menor, agentes penitenciarios ingresaron al pabellón disparando “muchos tiros” y lanzando perros contra los detenidos. Y que tras iniciarse el incendio, se replegaron y no hicieron nada para socorrer a las personas que quedaron encerradas.

Desde el primer momento, la CPM denunció que la tragedia ocurrida en el pabellón 16 de la UP 28 fue una masacre y que había responsabilidades individuales y políticas que hicieron posible que un hecho así ocurriera. La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad — no se activó ningún plan de emergencia, no había matafuegos ni agua en las mangueras de prevención de incendios— y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 y no los asistieron, integran el conjunto de acciones que causaron las muertes.

Como expuso la CPM en un informe especial realizado ese mismo año, las autoridades políticas conocían la grave situación en las cárceles bonaerenses: reclamos de organismos de derechos humanos, presentaciones judiciales e, incluso, un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención en el penal de Magdalena había sido presentado por la CPM —y aceptado por la Justicia—el 13 de octubre, tan sólo tres días antes de la masacre. Lo ocurrido en la unidad 28 fue una masacre anunciada, pero todos los mensajes de alertas fueron desoídas.

“Es importante que en este juicio también se ventilen esas responsabilidades políticas porque las condiciones estructurales que permitieron que la masacre ocurra no sólo no han cambiado sino que se han agravado”, sostuvo el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. Y agregó: “Todavía hoy, muchas cárceles no tienen colchones ignífugos ni sistemas de emergencia y, fundamentalmente, no hubo una transformación de las prácticas penitenciarias, continua la tortura sistemática y la violencia estructural. En ese marco, la masacre de Magdalena sigue siendo posible”.