La titular del Juzgado Federal n°2 de San Martín, Alicia Vence, dictaminó que los fusilamientos ocurridos el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez deben ser considerados crímenes de lesa humanidad. A 70 años del hecho denunciado por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en el marco de un juicio por la verdad, la sentencia responsabilizó al Estado por la planificación, ejecución y encubrimiento de estos fusilamientos, y ordenó una serie de medidas reparatorias. “Esta sentencia sirve para que los familiares y la comunidad puedan tener un espacio para recordarlos, para que empiece a estar en las escuelas y sean parte de la historia”, dice la militante de derechos humanos Laura Lagar.

ANDAR en San Martín

(Christian Madia para Agencia Andar) Luego de tres audiencias de debate, en el auditorio “Hugo del Carril” de la Municipalidad de San Martín, la jueza federal Alicia Vence leyó hoy el veredicto en el juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez. Entre las medidas reparatorias, la sentencia exhorta al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Educación de la Nación a incluir dentro de los diseños curriculares el estudio de los hechos ocurridos hace 70 años.

Si bien el fallo no tiene efectos punitivos, la justicia federal consideró este hecho como crimen de lesa humanidad, no un simple hecho policial, sino un crimen perpetrado en el marco de una clara persecución política e ideológica sobre las víctimas. “Existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento”, remarca el veredicto leído hoy por la jueza Vence.

La sentencia calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por alevosía en cinco oportunidades y en grado de tentativa en otros siete casos. Aunque todos los responsables de los fusilamientos fallecieron, la jueza Vence señaló que, de estar con vida, todos deberían haber recibido la pena de prisión perpetua.

Para la justicia federal quedó probada la responsabilidad del general Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas, como autoridades máximas que ordenaron el hecho, y el coronel Desiderio Fernández Suárez, el inspector de policía Rodolfo Rodríguez Moreno y el subjefe Cuello como responsables operativos de los fusilamientos.

Lo que ocurrió la noche del 9 de junio de 1956 está narrado por Rodolfo Walsh en su libro “Operación masacre”. El levantamiento del General Juan José Valle contra la dictadura imperante en ese entonces incluía un llamamiento a elecciones inmediatas, libertad a los presos políticos y garantía para la libertad de prensa. La casa donde se planificaba el levantamiento fue allanada por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires Desiderio Fernández Suárez, por el jefe de la unidad regional de San Martín Rodolfo Rodríguez Moreno y el subjefe inspector Cuello. Se llevaron detenidos a diez de los doce militantes que allí se encontraban, ya que Juan Torres logró escapar. También secuestraron a Miguel Ángel Giunta, que era vecino de la casa pero no tenía ninguna conexión con la resistencia peronista. Los trasladaron a la fuerza a la sede de la Unidad Regional San Martín y, cuando Fernández Suárez regresó a La Plata, llegaron dos detenidos más a la comisaría: Julio Troxler y Reinaldo Benavidez.

A los minutos, Rodríguez Moreno recibió una orden telefónica de Fernández Suárez de fusilar a los detenidos. Debido a que el Liceo Militar de San Martín negó su “colaboración” para que los fusilen allí, Fernández Suárez dio la directiva que se lleve a cabo la matanza inmediatamente en “cualquier lugar”.

Así fue como en el basural fueron fusilados Nicolás Carranza, Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Francisco Garibotti. Horacio Di Chiano, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Julio Troxler y Norberto Gavino sobrevivieron a los disparos. Hoy en día, el único sobreviviente vivo es Livraga, que prestó testimonio a través de un escrito desde Estados Unidos.

La lucha por la verdad y la justicia

En el año 2022, en otro juicio por la verdad, la justicia reconoció la muerte de 500 indígenas Qom y Moqoit en 1924, a manos de la policía norteña de la provincia del Chaco, lo que se conoció como la masacre de Napalpí. En ese antecedente fue un punto de inflexión en la voluntad por juzgar también los fusilamientos ocurridos en 1956, así lo recuerda en diálogo con ANDAR Laura Lagar,  ex integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de General San Martín y actual integrante del Movimiento de Derechos Humanos de esa localidad.

“Con ese antecedente desde la Comisión por la Memoria de San Martín nos preguntamos por qué no hacer un juicio similar y nos reunimos con los familiares de Carranza, Garibotti y Rodríguez, que vinieron en representación del resto. Las familias aceptaron ir a juicio por la verdad con el acompañamiento de la Comisión”, señala Lagar. El proceso se fue diluyendo con el correr de los meses y recién en junio de 2025, tras un nuevo homenaje a las víctimas, la causa tuvo un nuevo impulso.

“En 2023, cuando fueron los primeros testimonios para armar el juicio, los familiares quedaron muy mal, porque era recuperar, recordar y trasmitir aquellos hechos, volver a vivenciar ese dolor. A diferencia de los familiares de los ’70 que se unieron, como Madres, Abuelas y otros organismos de derechos humanos, en este caso las familias estaban solas y no había una comunidad de organismos detrás que pudiera acompañar ese reclamo”, remarca la militante de derechos humanos de San Martín.

Al ser un juicio por la verdad no tiene efectos punitivos, lo que busca es la verdad de los hechos a través de un resarcimiento histórico. Lagar celebra que este juicio saque del olvido los hechos ocurridos hace 70 años y hace una mención especial sobre la historia y sus ciclos: “en febrero de este año, el presidente Milei designó al nieto de Desiderio Fernández Suárez, Leandro Fernández Suárez, como embajador en argentino en México”.

Además de exhortar a las autoridades para que los fusilamientos de José León Suárez sean incluidos en las currículas escolares de Provincia y Nación, entre las medidas reparatorias, la jueza Vence insta también a la creación de un espacio de memoria en el predio donde estaban los basurales de José León Suárez.

Con el reconocimiento de este crimen como un delito de lesa humanidad, el veredicto permite ubicar los hechos ocurridos el 9 de junio de 1956 como parte de un proceso de violencia estatal y radicalización política que acabaría en 1976 con la instauración de la más atroz dictadura militar que vivió el país. “Recuperar la memoria es el punto más importante. Traerlo al hoy y que la gente sepa lo que pasó y haya una identidad con lo sucedido. Significa que los familiares y la comunidad puedan tener un espacio para recordarlos. Que empiece a estar en las escuelas significa que sean parte de la historia. Que dejen de estar negados. Si bien no es justicia, ya que pasaron 70 años, pero sí ayuda a cerrar parte de esa herida. Ahora la historia está corroborada por la justicia”, concluye la militante Laura Lagar.